Garantizan sostenibilidad de las finanzas públicas

La sostenibilidad de las finanzas públicas se encuentra plenamente garantizada, según se establece en el VI Informe de Gobierno como parte de la estrategia de la política fiscal que ha emprendido la actual administración.

Al destacar la política hacendaria para la competitividad, se pone de relieve que tiene como objetivo contar con una hacienda pública, responsable, eficiente, equitativa y transparente que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.

Por lo anterior, la conducción responsable de las finanzas públicas durante los primeros años de la actual administración ha permitido emprender medidas de política contracíclicas con el fin de responder a la aguda reducción de la actividad económica global causada por la crisis financiera internacional.

En el contexto de la estrategia multianual de finanzas públicas diseñada en respuesta a la crisis financiera global, el programa económico aprobado para el 2012 estableció mantener el impulso contracíclico a través de un moderado déficit público equivalente a 0.4% del Producto Interno Bruto (PIB) sin considerar la inversión de Pemex.

FUNCIÓN DEL DÉFICIT

También se explica que, a través del déficit, se continúa otorgando un impulso a la actividad económica mientras recupera su nivel potencial.

A la vez, se prosigue con el retiro gradual del estímulo contracíclico, planteado en el plan de mediano plazo de las finanzas públicas, con el fin de garantizar una evolución ordenada de la deuda pública y la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Así, la desviación del déficit público programado para el 2012 respecto del equilibrio presupuestario contemplado en la estrategia de mediano plazo de las finanzas públicas para ese año se explica por una expansión económica menor que la anticipada, derivada de un deterioro en la evolución de la economía mundial con relación a la previsión original.

Se hace referencia a que se ha preservado la tendencia descendente del déficit público estimado para el 2012, el cual es inferior a los aprobados en el 2010 y en el 2011 de 0.7 y 0.5% del PIB en cada caso.

Nueva contabilidad

El presidente Felipe Calderón propuso en su último informe al Congreso una iniciativa para reformar la Ley General de Contabilidad Gubernamental, a través de la cual se busca transparentar y armonizar la información financiera relacionada con el uso de recursos públicos en los tres niveles de gobierno.

De ser aprobada esta propuesta por el Legislativo, los gobiernos estatales y municipales estarán obligados a informar de dónde obtienen dinero, en qué y cómo lo gastan.

Los gobiernos estatales y municipales estarán obligados a hacer pública toda esta información vía Internet de manera homogénea, no como ocurre actualmente. De igual forma, deberán pagar a sus proveedores y contratistas vía electrónica.

El Ejecutivo propone que reporten si sus ingresos provienen del presupuesto federal (participaciones y/o aportaciones) o bien de su recaudación.

En pocas palabras, los gobiernos estatales y municipales deberán reportar todas las operaciones que impliquen una obligación de pago y cuál es el destino de este dinero.

Otro punto a destacar es que la reforma obligaría a estados y municipios a declarar cuánto gastan en el pago de su personal y en comunicación social.

Se tendrán que abrir cuentas específicas por cada fondo, subsidio o convenio relacionados con recursos federales.

SE FORTALECIÓ LA DEFENSA DE ASUNTOS FISCALES

Juicios de amparo

En cuanto a la procuración e impartición de justicia fiscal y administrativa, el informe detalla que la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) ha fortalecido la asesoría y defensa de los asuntos de interés fiscal a través de la atención de juicios y demás actuaciones jurídicas requeridas por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en materia hacendaria.

La PFF dio seguimiento a los 71,349 juicios activos registrados al inicio del 2012 ante el Poder Judicial y demás instancias competentes. Entre enero y junio, recibió un total de 9,658 asuntos derivados de juicios de amparo y nulidad, así como demandas en materia laboral, civil y mercantil, los que aumentaron en 3% respecto del número que ingresaron en igual periodo del año anterior.

Se presentaron 88 querellas por los delitos de defraudación fiscal y sus equiparables, y 13 requisitos de procedibilidad por el delito de contrabando y sus equiparables. Se presentaron 39 peticiones por delitos determinados en las leyes del sistema financiero y cinco denuncias por delitos diversos. Todo, por un monto histórico estimado de 1.1 millones de pesos, lo que es superior en 158.6% sobre el mismo periodo de tiempo del 2011.

leonor.flores@eleconomista.com.mx