Gasto en programas sociales prioritarios se disparó 131%en el sexenio

En medio de una narrativa oficial de “primero los pobres”, el gasto en programas sociales habrá aumentado, al cierre de este año, más del doble respecto a lo que se ejerció en el 2019, el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con la información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Juan Pablo de Botton, subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda, informó durante la conferencia mañanera del presidente López Obrador que el aumento será de 131% en el sexenio, en donde los mayores incrementos se observan en Fertilizantes y la Pensión para Adultos Mayores.

Lo expuesto por Hacienda es que, en el 2019, cuando empezó el sexenio, se gastaron 320,569 millones de pesos (cifras al 2024) en 12 programas sociales considerados como prioritarios para el gobierno.

Este monto, de acuerdo con lo aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2024, ascenderá a 741,195 millones de pesos, lo que representa el crecimiento de 131 por ciento.

“En el caso de la pensión, el apoyo ahora es de 6,000 pesos bimestrales, lo cual representa un monto de alrededor de 100 pesos que para una pareja de adultos mayores representa 200 pesos lo cual permite que se cubra, al menos, lo básico”, expresó el funcionario hacendario.

Los cálculos presentados por el subsecretario de Hacienda señalaron que, en el gobierno de López Obrador, los programas sociales han acumulado un gasto público de 2.9 billones de pesos.

“En la presente administración se ha reconfigurado el gasto en favor de la población más vulnerable, asegurando el derecho humano a la educación, salud, seguridad y el bienestar social, con el principio de que: por el bien de todos, primero los pobres; y hemos focalizado la inversión de manera regional hacia regiones menos favorecidas del país”, expresó de Botton.

A proyectos de infraestructura 5 bdp

En el caso de los proyectos prioritarios en infraestructura, como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la Refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, entre otros, de Botton señaló que el gasto total en el sexenio es de 5 billones de pesos.

“En temas de inversión pública, se priorizó la inversión estratégica con enfoque de desarrollo regional, fortaleciendo la infraestructura del país y aumentando la actividad económica, especialmente en aquellas regiones con rezago de infraestructura pública”, dijo.

En la presentación de Hacienda, se observa - sin dar mayor detalle sobre el monto de cada obra - que 649,000 millones de pesos se ejercieron en el rubro de Transporte y Comunicación, donde se encuentra el AIFA, Tren Maya, Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, Tren México-Toluca, Tren Lechería-AIFA, la inversión en el AICM, así como el Trolebús elevado de la Zona Oriente del Valle de México.

En tanto, 398,000 millones de pesos fueron a parar al rubro de Soberanía Energética, donde se encuentra Dos Bocas y el Sistema Nacional de Refinerías, mientras que 308,000 millones se fueron para Carreteras y Caminos.

Respecto a Proyectos Hídricos, Hacienda mostró un gasto de 199,000 millones de pesos en el actual sexenio, mientras que lo restante se destinó a otros proyectos de inversión pública.

Medidas

Tanto el monto gastado en programas sociales, como en los proyectos prioritarios, se ha logrado ante la política de austeridad en el gasto, así como el combate contra la corrupción y la eliminación de gastos innecesarios, apuntó el subsecretario de Egresos.

“Se aplicaron las medidas de austeridad con la reducción del gasto de operación del gobierno federal, así como los gastos en viáticos, comunicación social y publicidad, arrendamientos y otros. Lo anterior representó una reducción de 26% en términos reales, al pasar de un gasto de 80,000 millones de pesos en el 2018 en cuanto a gasto de operación a sólo 59,000 millones de pesos en el 2024, y seguimos disminuyendo. Esperamos que el ejercicio sea todavía menor”.

También destacó la reducción de los sueldos y salarios de los altos funcionarios, además de la duplicidad de funciones para ajustar la estructura del gobierno “a la mínima indispensable para su funcionamiento”, así como eliminar seguros privados y otras prestaciones onerosas.

“También se han recuperado recursos de los fideicomisos sin estructura, que permitieron canalizar más recursos para proyectos de inversión prioritarios, programas sociales, así como para la adquisición de vacunas para hacer frente a la pandemia del COVID. Seguimos el principio de no tener un gobierno rico con pueblo pobre y eso nos permite tener, al mismo tiempo, finanzas públicas sanas”, aseveró. 

ana.martinez@eleconomista.mx