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Economía

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Inicia fiscalización de quienes no pagaron impuesto a la riqueza

Luego de que esta semana venciera el plazo para pagar el aporte solidario, la AFIP comenzó a fiscalizar a los contribuyentes con patrimonios declarados superiores a los 200 millones de pesos (2.5 millones de dólares) que no abonaron el aporte solidario a las grandes fortunas.

Luego de que esta semana venciera el plazo para pagar el aporte solidario, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) comenzó a fiscalizar a los contribuyentes con patrimonios declarados superiores a los 200 millones de pesos (2.5 millones de dólares) que no abonaron el aporte solidario a las grandes fortunas.

El Gobierno esperaba recaudar 300,000 millones de pesos (3,209 millones de dólares)  por el pago de los 13,000 contribuyentes con patrimonios superiores al estipulado. Sin embargo, una gran cantidad de empresarios se opusieron a pagar el impuesto y demandaron a la AFIP. Se estima que hay aproximadamente 200 litigios que reclaman ante la Justicia porque la medida es 'inconstitucional y tiene carácter confiscatorio'.

"Hay muchos contribuyentes que presentaron medidas cautelares porque estaban decididos a pagar pero por las nuevas medidas y el cierre progresivo de la economía que restringen la capacidad productiva no van a hacerlo porque no tienen flujos de fondos. Aceptando las consecuencias del litigio", explicó Iván Sasovsky, tributarista y CEO de Sasovsky & Asociados.

Para pagar el aporte se puede ingresar en un plan de pago de 6 cuotas mensuales y las siguientes son las escalas de pago: Las personas con patrimonios de 200 millones de pesos deberán tributar un 2 por ciento. Esa tasa sube a 2.25% para fortunas entre 300 y 400 millones de pesos (3.2 y 4.2 millones de dólares).

Según confirmó la AFIP a El Cronista, el organismo empezó a través de la Dirección General de Ingresos (DGI) un proceso de fiscalización entre los 50 más adinerados de los que no completaron las declaraciones juradas y no pagaron el aporte en tiempo y forma.

Estás personas presuntas evasoras, además de las fiscalizaciones, podrán tener inspecciones, sanciones o multas.

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