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Economía

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Jornaleros digitales: 55% de los repartidores no podrían costear la vida si solo vivieran del dinero de las apps

La precariedad, vulnerabilidad y desigualdad han crecido a la par del sector del "delivery". Garantizar los derechos laborales de los y las repartidoras en México y el mundo es fundamental para el desarrollo justo de la "gig economy".

Ilustración EE: Nayelly Tenorio

Ilustración EE: Nayelly Tenorio

“Yo creo que si uno está trabajando aquí es porque lo necesita, ¿no? Porque si es de hobby, puedes ir a buscar otro trabajo donde no te chingues tanto, ¿no?”

Así se expresa Carmen, de 43 años, citada en el informe Este futuro no Applica de Oxfam en conjunto con el Indesig, sobre las personas repartidoras en México.

Una pandemia sin los y las repartidoras es imposible de imaginar. La llegada de la Covid-19 aceleró el crecimiento del consumo a través de aplicaciones de "delivery" y pedir comida a domicilio, medicamentos, el supermercado y hasta dinero en efectivo se volvió cotidiano. En algunas aplicaciones, los trabajadores estas apps pueden ir de compras a las tiendas de ropa por ti.

Y aunque el negocio de entregas a domicilio produce millones de dólares, quienes se emplean en estas actividades enfrentan condiciones de altísima vulnerabilidad y precariedad laboral.

En México, el 55% de quienes trabajan como repartidores tendría problemas para cubrir sus necesidades básicas y las de sus dependientes si sólo viviera con el ingreso generado a través de las aplicaciones.

Este dato, entonces, se alinea con el que muestra que el desempleo y la necesidad económica son las principales motivaciones de los trabajadores para trabajar como repartidores. El 37% señaló como su razón el no tener otro trabajo y el 26% dijo que es para complementar sus ingresos.

Aunque para las mujeres que se ocupan en estas actividades la principal motivación es la "flexibilidad de horario", lo que tiene sentido cuando se observa que las mujeres cargan desproporcionadamente con cerca del 70% del total del trabajo del hogar y cuidados a terceros. 

Los y las repartidoras en México, no sólo enfrentan condiciones de precariedad económica, también se encuentran trabajando en total desprotección laboral, sin seguridad social, sin contratos, sin prestaciones de ley, sin un ingreso seguro en caso de incapacidad.

Trabajan también sin acceso a instituciones de salud, desarrollando una actividad que es particularmente riesgosa en términos de accidentes y enfermedades: 7 de cada 10 personas repartidoras no tiene ningún tipo de seguro médico, ni privado, ni público.

Y aún más alarmante, tienen que gastar lo poco que generan en la salud; el 46% reportó haber tenido que realizar un gasto catastrófico en este rubro y en promedio de estos casos se tuvo que destinar el 70% de las utilidades generadas como repartidores. 

Hace tres años, antes de la llegada de la pandemia Covid-19 al mundo y antes del boom sin precedentes del "delivery", ya la OIT (Organización Internacional del Trabajo) alertaba sobre la precariedad laboral en las apps y la nueva generación de "jornaleros", ahora en el plano digital. Hoy, en México, se observa con mayor claridad: mientras que UberEats, Rappi o DiDi Food son de las gigantes tecnológicas mejor valuadas en el mundo, gran parte de sus trabajadores no puede pagar la cesta básica.

La desigualdad impositiva 

El informe de Oxfam, además, resalta el impacto de la distribución profundamente desigual en este sector de la economía y sobretodo, las consecuencias positivas que tendría recortar estas brechas. 

Mientras las plataformas de "delivery" se encuentran entre las tecnológicas mejor valuadas en el mundo, la pieza fundamental de sus operaciones, los repartidores, no pueden trabajar en condiones dignas. 

Si, por ejemplo, se impusiera un impuesto a la riqueza de 7.5% a los creadores de Uber, el ingreso obtenido sería suficiente para pagar la seguridad social de los y las repartidoras en México durante cinco años, destacó el estudio. 

La acción desde la política pública y los esfuerzos privados es urgente para garantizar los derechos laborales de todas las personas empleadas en este sector, que además, no para de crecer.

Economista por la Universidad Nacional Autónoma de México. Periodista especializada en género, derechos humanos, justicia social y desarrollo económico.

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