La deuda pública de España equivale al 117.7% del PIB en el primer trimestre de 2022

La deuda pública de España retrocedió ligeramente en el primer trimestre de 2022 hasta situarse en el 117.7% de Producto Interior Bruto (PIB), pese al deterioro de las cuentas de la Seguridad Social, anunció el martes el Banco de España en un comunicado.

La deuda del conjunto de administraciones públicas españolas, medida según los criterios de Maastricht, alcanzó un total de 1,454 billones de euros (1,522 billones de dólares) a final de marzo, según el banco central.

En valores absolutos, esta cifra es superior a la del último trimestre de 2021 (1,428 billones de euros), aunque en relación con al PIB es ahora 0.7 puntos inferior (del 118.4% al 117.7%).

Esta dinámica se explica por la mejora de las cuentas de varias agencias y fondos públicos, como la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), creada en 2012 para recuperar y revender los activos inmobiliarios "tóxicos" de los bancos.

La deuda acumulada de las diferentes agencias retrocedió un 16.4% en un año, según el Banco de España.

La deuda del Estado, de su lado, progresó un 5.3%, mientras que la de la Seguridad Social avanzó un 16.2% debido a las medidas implementadas para luchar contra las consecuencias de la pandemia de covid-19 y después de la guerra en Ucrania.

La deuda pública española, una de las más elevadas de Europa, se disparó casi un 10% en 2020 por la crisis sanitaria, que generó una explosión de los gastos públicos.

Desde entonces ha retrocedido de forma clara, empujada en gran parte por el alza de los ingresos fiscales estimulados por la inflación, que permitieron compensar un crecimiento menos potente de lo anticipado el año pasado (5% frente al 7% previsto por el gobierno).

De acuerdo al Pacto de Estabilidad, la deuda pública de los Estados miembro debe permanecer en teoría inferior o igual al 60% del PIB, pese a que se pueden hacer ajustes puntuales. El déficit público, por su parte, no debe sobrepasar el 3% de PIB.

España milita desde hace meses junto a Francia e Italia para que se revisen estas reglas, con el objetivo de que el marco presupuestario europeo tome mejor en cuenta las dificultades específicas de cada país.