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México reprueba en participación ciudadana para la toma de decisiones presupuestarias
Si bien México se coloca dentro del top cinco, entre 120 países, en cuanto a transparencia presupuestaria, en el caso de la participación pública se ubicó en la posición 25 al obtener un puntaje de 22 de 100, de acuerdo con la Encuesta de Presupuesto Abierto, con datos al año pasado.
Foto EE: Archivo / Fernando Villa del Ángel
México sacó estrella en transparencia presupuestaria, de acuerdo con la Encuesta de Presupuesto Abierto, realizada por el International Budget Partnership (IBP), la cual arrojó un puntaje de 82 sobre 100 puntos, con lo cual se ubicó en el quinto lugar del listado.
Esto lo ubicó por arriba del promedio global, de 45, y de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de 67 puntos.
México sólo fue superado por Georgia, que se ubicó en el primer lugar con un puntaje de 87, seguido de Sudáfrica, con 86, mientras que Nueva Zelanda y Suecia obtuvieron 85 puntos.
No obstante, la encuesta, que se centra en los puntos de transparencia, participación ciudadana y vigilancia del presupuesto, precisa que, en el primer tema, México debe prestar atención a ciertos aspectos como ampliar en su proyecto de presupuesto del Ejecutivo la información sobre el riesgo fiscal, los activos financieros y no financieros, así como las fuentes de las que proviene la asistencia de los donantes.
Reprueba en participación ciudadana
No obstante, México quedó reprobado en cuanto al tema de la participación ciudadana para la toma de decisiones respecto al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).
La encuesta mostró que el punto más débil para el país fue el de la participación ciudadana, al obtener un puntaje de 22 sobre 100, con lo cual se colocó en la posición 25 de 120 países que fueron analizados, con datos al 2021.
“Dadas las limitaciones de los sistemas de control presupuestario en todo el mundo, la participación activa de coaliciones más fuertes y amplias de actores cívicos en los procesos presupuestarios es una condición esencial para una verdadera responsabilidad”, destacó el documento.
En este sentido, la organización Fundar –quien apoyó en la realización de la encuesta– señaló que la calificación quiere decir que la ciudadanía tiene poca oportunidad para participar, de manera significativa, en las diferentes etapas del ciclo presupuestario, principalmente los grupos que históricamente han sido discriminados.
En este sentido, el IBP recomendó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) poner en práctica mecanismos piloto que involucren al público en la formulación del presupuesto, además de involucrar a las comunidades vulnerables y que están insuficientemente representadas en el presupuesto. Esto, agregó el IBP, puede realizarse a través de organizaciones de la sociedad civil que las representen.
Asimismo, la encuesta reconoció los ejercicios de participación ciudadana que ha hecho en el Congreso de la Unión –como los Parlamentos Abiertos que se han realizado durante la discusión del Paquete Económico– pero también hizo recomendaciones a los legisladores, como permitir que cualquier miembro del público u organización de la sociedad civil intervenga en las audiencias sobre el proyecto de presupuesto antes de su aprobación, así como sobre el informe de la auditoría.
De panzazo en vigilancia
En cuanto a la vigilancia del presupuesto, la encuesta arrojó una calificación de 63 de 100 puntos para México, con lo cual se ubicó en la posición 30 del listado de países que fueron analizados.
“La legislatura y la entidad fiscalizadora superior en México, en conjunto, proporcionan una vigilancia adecuada durante el proceso presupuestario y tienen una puntuación compuesta de 63 (sobre 100)”, señaló el informe del IBP.
De manera individual, se observó que la vigilancia por la parte legislativa fue limitada en el 2021, con un puntaje de 56 puntos, mientras que la vigilancia realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tuvo una calificación de 78, considerada como adecuada.
La encuesta revela que el Legislativo debe fortalecer sus mecanismos de fiscalización.
