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“No es un tema de seguridad nacional”, Minerva Hernández
Si bien es indispensable el combate a las empresas fantasma y las facturas apócrifas, no debe considerarse un tema de seguridad nacional, pues ello sólo implicaría un daño mayor a la economía mexicana, consideró Minerva Hernández.
Si bien es indispensable el combate a las empresas fantasma y las facturas apócrifas, no debe considerarse un tema de seguridad nacional, pues ello sólo implicaría un daño mayor a la economía mexicana, consideró Minerva Hernández, secretaria de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República.
“En lo personal me queda claro que no se trata de un problema de seguridad nacional y que al querer darle la connotación de delincuencia organizada sólo traerá innumerables repercusiones a nuestra economía y al Estado de Derecho”, expuso la senadora a El Economista.
Consideró que tal como se presentó la iniciativa, en la que se contempla que la defraudación fiscal y la defraudación fiscal equiparada sean consideradas como crimen organizado afectará a contribuyentes que pueden ser cumplidos; además podría inhibir la posibilidad de que nuevas empresas quieran operar o instalarse en el país con estas medidas.
“A cualquiera que cometa un error en su declaración, se le podría considerar como presunto relacionado al crimen organizado; (con esta iniciativa) se contraponen las leyes, se contraponen estas nuevas disposiciones al Sistema de Justicia Penal Acusatorio y se violenta disposiciones constitucionales, entre otras cosas”.
Para la senadora panista, “la batalla no ha terminado”, pues aseguró que el próximo mes de septiembre hará un llamado para que se revise el proyecto de dictamen que fue aprobado en Comisiones Unidas del Senado.
Sostuvo que si bien, los comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes es un problema complejo para las finanzas públicas, en las medidas para su combate no se debe de olvidar que están involucrados los derechos fundamentales de los contribuyentes, tales como el principio de presunción de inocencia o la necesidad de impulsar el desarrollo económico, ante un escenario de desaceleración global de la actividad económica.
“Resulta toral y oportuno cuestionar si la defraudación fiscal debe considerarse como amenaza a la seguridad nacional, delincuencia organizada, un delito que amerita prisión preventiva oficiosa y ante el cual se limitan los beneficios alternos en el procedimiento penal y la aplicación de un criterio de oportunidad”.
A su parecer, se deben considerar y analizar otras medidas alternativas para enfrentar con mayor eficiencia y eficacia estas conductas y “que resulten menos lesivas para los derechos fundamentales de los contribuyentes”.
En su momento, expertos consultados por El Economista comentaron que si bien están de acuerdo que se considere delincuencia organizada a quienes realizan actividades de compra-venta de comprobantes fiscales que amparan operaciones simuladas, no aprueba que también se incluyan las defraudaciones que se dictan en el artículo 108 y 109 del Código Fiscal de la Federación (CFF).
“Quedaríamos muchos contribuyentes en un riesgo muy delicado. Por ejemplo, la defraudación fiscal puede darse porque hay un error al momento de registrar ingresos, y si el SAT detecta ese error, lo podría catalogar como delincuencia organizada y ese error me puede llevar a que sea prisión preventiva oficiosa”, expuso Juvenal Lobato, profesor de Derecho Fiscal de la UNAM.
