PRI intenta anular ley del IDE

El grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, a través de Sofía Castro Ríos, promueve abrogar la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE).

De acuerdo con la iniciativa correspondiente turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su análisis y dictaminación, la referida ley es lesiva a los derechos del contribuyente porque su finalidad no es aportar recursos al gasto público, dado que tiene fines extrafiscales y de control.

Los priístas consideran que, además, el Impuesto violenta la garantía de audiencia porque en el momento en que se realiza la retención se deja al contribuyente en un estado de indefensión puesto que quien la realiza no es propiamente una autoridad, y opinan que se violan también el derecho a la privacidad y el secreto bancario.

Es necesario que se establezca otro tipo de mecanismo para detectar e incorporar a la economía informal en el padrón de contribuyentes, exigiendo al sujeto pasivo una aportación apegada a su capacidad contributiva, la cual no puede ser evaluada tan sólo por una cantidad depositada mensualmente en una institución bancaria, ya que lo que se ha generado es una baja en la captación de ahorradores, dañando con ello la salud del sistema financiero del país ', precisa el documento.

Y refiere que el citado impuesto no ha funcionado puesto que, según datos de la propia Secretaría de Hacienda, el año pasado recaudó 8,246 millones de pesos, que representan 62% de lo programado, monto inferior en 50.9% al registrado en el 2009 y 58.1% menor a lo recaudado de julio a diciembre del 2008, cuando entró en vigor.

Este impuesto no está pensado para obligar a que las grandes empresas o corporativos paguen más impuestos, sino en los pequeños comerciantes, y tampoco afecta a quienes realizan actividades ilícitas ya que éstos depositan grandes cantidades de dinero en instituciones extranjeras o utilizan empresas sin rendimientos para lavar dinero, pero está claro que quienes reciben dinero en pequeñas cantidades mensuales o personas de clase media son las que más resienten esta disposición' .

Castro Ríos explicó a El Economista que si bien la contribución se estableció pensando en obligar así a los comerciantes informales a declarar sus ganancias, la realidad es que la ley ha provocado en la informalidad un aumento desmedido en los precios de los productos y servicios, así como la creación de nuevas formas para evadir su cumplimiento. Dijo que el número de comerciantes informales no sólo sigue igual, sino que va en aumento y la mayoría no utiliza los servicios bancarios porque sus adquisiciones de productos y ventas los llevan a cabo con quien sí es causante. Y quienes manejan grandes cantidades de dinero en efectivo buscan la manera de transformarlo o utilizarlo para préstamos (agiotistas) para generar una utilidad extra, eludir el depósito .