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¿Por qué es importante el desarrollo sostenible en México?
El proyecto impulsado por Naciones Unidas busca que los países sigan modelos que combatan las desigualdades de todo tipo, impulsen la protección ambiental y promuevan las oportunidades económicas.
El Desarrollo Sostenible como parte de un proyecto de acción mundial impulsado por la ONU, tiene como principales focos el progreso económico, sociedades equitativas, educadas y sanas y aprovechamiento adecuado de los recursos naturales.
Se define como un “desarrollo que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”, de acuerdo con ONU México. Implica seguir un modelo que pueda mantenerse constante en el tiempo, que combata las desigualdades de todo tipo, impulse la protección ambiental y promueva las oportunidades económicas.
Las necesidades en materia económica, ecológica y social en México son los grandes retos y para avanzar en materia de sostenibilidad es importante conocer el estado en el que nos encontramos. ¿Con qué indicadores contamos para saber el grado de sostenibilidad en México?
Crecimiento económico
En materia económica, el PIB (Producto Interno Bruto) es el más importante. México crece a un ritmo constante que no supera el 3% desde hace cuatro años, pero crece a mayor ritmo que otras economías similares de América Latina. En el 2017 el PIB de México creció 2.03%, más que Colombia (1.77%) y Chile (1.49%) pero menos que Perú (2.52%) y Costa Rica (3.19%), de acuerdo con datos del Banco Mundial.
El crecimiento de la economía mexicana es significativo pero modesto. Aumentar el crecimiento del PIB es uno de los focos para el desarrollo sostenible, aunque el reto es mayor. En la redistribución de los ingresos se concentra la tarea más difícil.
Sociedades igualitarias y sin pobreza
El eje social del desarrollo sostenible implica fundamentalmente igualdad de oportunidades y respeto a los derechos humanos de todas las personas. De aquí se derivan metas como el fin de la pobreza, alimentación, educación, salud, trabajo y protección legal para todos y la inexistencia de discriminación.
La pobreza persiste y frena el crecimiento económico. Hasta el 2016 poco más de 60 millones de mexicanos se encontraban en situación de pobreza y 21 millones en pobreza extrema, esto representa a poco más de 60% de la población total, de acuerdo con cifras del Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social).
La situación de pobreza en México es significativamente mayor que en otras economías de América Latina. En Colombia, la pobreza afectó a 18% de la población en 2016, de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia. En comparación con Chile la diferencia es mucho más pronunciada, sólo 10% de los habitantes son pobres, de acuerdo con datos del Ministerio de Desarrollo Social de Chile.
La educación y la salud son otro de los problemas que hay que atender para lograr un México con desarrollo sostenible. En México el 17% de los habitantes presentan rezago educativo, el 20% no tiene ingresos suficientes para la alimentación y el 16% no tiene acceso a servicios para la salud (Coneval, 2016). El reto no es sólo garantizar servicios de salud y educación a toda la población, sino que éstos sean de calidad, dicta el plan de Desarrollo Sostenible de la ONU.
La discriminación y desigualdad social también caracterizan a la población mexicana. En el país 2 de cada 10 mujeres recibe menor paga por igual trabajo que su equivalente hombre, 5 de cada 10 indígenas en el país cree que sus derechos no se respetan y 7 de cada 10 personas dijo que los integrantes de la comunidad LGTTTBI no le importan a la sociedad (Enadis, 2017).
El crecimiento económico no basta para lograr un desarrollo que pueda sostenerse en el largo plazo. Es necesario igualar las oportunidades educativas, laborales y sociales del país y combatir la pobreza, discriminación y cualquier expresión de desigualdad.
El medio ambiente
En materia ecológica hay aún más por hacer, en México el gasto público realizado para la protección ambiental no representa ni el 1% del PIB total. En el 2003, que se comenzó a generar estadísticas en materia ambiental el gasto realizado en protección ambiental representó 0.5% del PIB y para 2016 sólo aumentó a 0.7%, de acuerdo con datos del Sistema de Cuentas Económicas y Ecológicas del Inegi.
El 35.2% de lo que se gasta en protección ambiental está destinado al cuidado del aire, 15.9% al cuidado de las aguas residuales, 8.6% a la conservación de la biodiversidad, 8.5% a la gestión de residuos, 7.6% a la educación ambiental y 7.1% a la investigación y desarrollo. El resto se identifica como otros gastos.
Mientras que los costos económicos por degradación ambiental representan 4.0% del PIB del 2016 y 0.6% por agotamiento ambiental, en conjunto ascienden a 921,814 millones de pesos corrientes. La utilización de hidrocarburos es lo que más contribuye al agotamiento ambiental, las emisiones de contaminantes del aire y las fuentes móviles son las principales causas de la degradación ambiental.
La sostenibilidad en materia ecológica es el área de oportunidad más grande. Empezando por extender las necesidades estadísticas en materia ecológica y siguiendo con un plan desde la perspectiva pública que destine recursos y de seguimiento al comportamiento de la utilización de los recursos ecológicos.
Acciones desde la política pública
Las preocupaciones acerca de los altos costos sociales y ambientales de las operaciones económicas en el país son recientes. Los esfuerzos se concentran en la creación o reformación de instituciones de orden público cuyo fin es trabajar temas particulares de la ecología.
En el 1992 se presentaron los primeros esfuerzos, con la aparición de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio). La Semarnat antes Semarnap (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales) fue creada en 1994. La creación de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) en el 2000 y la Comisión Nacional Forestal (Conafor) son otros de los avances.
El paso más grande y reciente se dio en el 2013 con la aparición del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), que tiene como principal objetivo la investigación técnica y científica en materia ambiental que funcione como guía para la toma de decisiones económicas.
Los grandes pasos en materia social los observamos con la transformación y aparición de la Sedesol (Secretaría de Desarrollo Social) en 1992. Específicamente destinadas a combatir y solucionar los problemas de desigualdad fueron creados el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) en 2001, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) en 2003 y la Comisión Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis) en 2005.
El camino hacia un país con desarrollo sostenible requiere de esfuerzos realizados desde la perspectiva pública y del seguimiento acerca de los avances que puedan generar. De acuerdo con la ONU, los países que actúen conforme a las 17 metas del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 lograrán garantizar condiciones óptimas para la vida (económicas, sociales y ambientales) de las generaciones futuras.