¿Pueden los bancos dejar de invertir en combustibles fósiles?

En 2021, las instituciones financieras más poderosas del mundo acordaron transformar el sector bancario para convertirlo en un motor clave para la acción climática. La creación de la Alianza Financiera de Glasgow para el Cero Neto (GFANZ, por sus siglas en inglés) llevó a más de 550 bancos, que comprenden alrededor del 40 % de los activos bancarios mundiales, a comprometerse en una carrera hacia cero emisiones netas para 2050.

Esta carrera implicaría una rápida reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, así como una planificación a más largo plazo para luchar contra el cambio climático a lo largo de este siglo. Desde entonces, más del 90 % de los bancos miembros de la GFANZ han establecido objetivos de reducción de emisiones para industrias con altas emisiones, como el sector de petróleo y gas.

Sin embargo, la credibilidad de estas medidas ha sido cuestionada. La ambigüedad entre declaraciones y acciones se resume bien al observar las inversiones en combustibles fósiles desde el Acuerdo de París.

Inversiones millonarias en combustibles fósiles

Entre 2016 y 2022, los 60 bancos con mayores inversiones en combustibles fósiles han destinado cerca de 5 470 millones de dólares (unos 5 010 millones de euros) a esta industria, financiando actividades como exploración de petróleo y gas, arenas bituminosas, fracturamiento hidráulico, minería de carbón o centrales eléctricas de carbón.

Dos tercios de los 25 principales bancos europeos aún no han puesto límites a las empresas que invierten en la extracción de carbón o la generación de energía a partir del carbón.

Mientras tanto, el carbón es responsable de 40 % de todas las emisiones de combustibles fósiles en todo el mundo.

Las tendencias recientes sugieren que la industria bancaria está reduciendo su apoyo a los combustibles fósiles: las inversiones de los mismos 60 bancos disminuyeron desde la creación de la GFANZ. En 2022, alcanzaron su punto más bajo, 22 puntos porcentuales por debajo de las inversiones en combustibles fósiles de 2019, antes de la pandemia. Esta reducción podría verse como un paso muy alentador en una progresiva desinversión.

En este contexto, un cambio gradual, no disruptivo, es la estrategia apoyada por la Alianza Bancaria de Cero Emisiones Netas, que afirma que la transición debe implementarse de manera ordenada.

Debe haber un balance entre la sostenibilidad, la asequibilidad y la seguridad energética que requiere una desinversión progresiva. Las políticas de desinversión más estrictas podrían provocar disrupciones en los mercados que perjudiquen a las comunidades más vulnerables, lo que podría impedir una transición justa.

Además, es necesario que los bancos respalden a las empresas con altas emisiones para que las reduzcan. Tales inversiones también podrían permitir aumentos de eficiencia y, por lo tanto, una extracción o uso más limpios de los combustibles fósiles.

¿Excepción o tendencia?

No obstante, es posible que el nivel reducido de inversión de 2022 fuera una excepción más que una tendencia, ya que el mercado bancario disminuyó en 2022 y la guerra en Ucrania ha afectado fuertemente al sector energético. Además, la inversión pública en la transición verde después de la covid-19 podría haber desplazado otras formas de inversión privada en el sector energético.

Lo anterior es preocupante ya que garantizar la sostenibilidad, la asequibilidad y la seguridad energética puede requerir más inversión en energías renovables y menos en combustibles fósiles.

Por ejemplo, el conflicto actual en Ucrania sugiere que el cambio a la energía renovable puede reducir la vulnerabilidad a los precios volátiles de los combustibles fósiles al mismo tiempo que mejora la seguridad energética de los países no productores.

Además, algunos investigadores han detectado que tenemos demasiada infraestructura de combustibles fósiles, más allá de lo que es necesario para lograr el objetivo de 2 °C del Acuerdo de París. Dado que el mundo requiere una reducción drástica en el uso de combustibles fósiles, parte de esta infraestructura debería retirarse antes de tiempo en lugar de mantenerse con inversiones adicionales.

En ese sentido, la Alianza de Propietarios de Activos Cero Neto reconoció recientemente la necesidad de detener nuevas inversiones en infraestructura de petróleo y gas upstream y reenfocar los esfuerzos de asignación de capital en las empresas más “preparadas para la transición”.

Planes de transición

Así, los bancos y otros actores financieros se enfrentan al mismo reto que las industrias contaminantes: el de una profunda transformación para la transición energética.

Hasta ahora, muy a menudo, los rendimientos más bajos de la inversión en proyectos verdes han limitado la expansión de la financiación sostenible. La mejora de la rentabilidad a nivel de proyecto es un desafío clave para que los bancos puedan cambiar sus modelos comerciales y aumentar la inversión en la transición a una economía de bajas emisiones de carbono.

Los planes de transición climática pueden permitir una transición más rápida en el sector bancario. Los reguladores y los emisores de estándares han reconocido la importancia de alinear planes de acción a corto y largo plazo para una transición exitosa.

El grupo de expertos de alto nivel de la ONU sobre los compromisos de cero emisiones netas de entidades no estatales destaca que los planes de transición pueden permitir a las empresas especificar objetivos que se alineen con la meta general de alcanzar cero emisiones netas y limitar el calentamiento global a 1,5 °C.

Con ese propósito, los planes de transición establecerían indicadores clave de implementación, apoyados por una verificación de terceros para evaluar el progreso. Esto tendría un impacto en toda la empresa, ya que los planes de inversiones tendrían que alinearse con los de transición climática y seguir una estrategia para identificar y eliminar progresivamente activos no compatibles en una economía de bajo carbono.

Las políticas de eliminación gradual de activos inutilizables permitirían a las empresas evitar el riesgo de invertir en infraestructura de bajo rendimiento que deberá ser clausurada antes porque amenaza la estabilidad climática.

Para respaldar el desarrollo de dichos planes de transición, se están desarrollando marcos estandarizados para la planificación de la transición (por ejemplo, Transition Plan Taskforce y GFANZ). Evaluar y establecer objetivos para las emisiones financiadas –asociadas a la inversión y los préstamos– es un desafío que debe tener en cuenta muchos factores, como las diferencias sectoriales y regionales, o los estándares cambiantes de cada industria.

Como primer paso, las emisiones financiadas deben medirse adecuadamente. La Alianza para la Contabilidad del Carbono en la Industria Financiera (PCAF, por sus siglas en inglés) es el principal grupo de estándares de contabilidad de gases de efecto invernadero en la industria financiera. Proporciona pautas para seis clases de activos, incluyendo acciones, bonos y el sector inmobiliario.

Por ahora, los signatarios de la PCAF todavía encuentran dificultades para cumplir con el estándar sobre obligaciones de divulgación de emisiones financiadas, lo que pone de manifiesto los retos que tienen los bancos para tener acceso a datos de buena calidad para avanzar con sus políticas de transparencia y afinar las estrategias para dejar de invertir gradualmente en combustibles fósiles.

François Cohen, Associate professor of environmental economics, Universitat de Barcelona; Gireesh Shrimali, Head of Transition Finance Research, University of Oxford, and José Luis Reséndiz, Doctoral Researcher, University of Oxford

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.