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La 4T aprieta y privados pierden cuota en combustibles

En coincidencia con el endurecimiento de las reglas para importar carburantes, los particulares bajaron su participación de mercado; en el caso de la gasolina, su cuota pasó de 27% en agosto a 21% en noviembre

Durante la segunda mitad del 2021 los combustibles automotores que importan los privados en México han perdido terreno en el mercado, de forma coincidente con diversos obstáculos administrativos surgidos desde el gobierno federal.

En el caso del diésel, el producto importado por privados en noviembre ascendió a 77,000 barriles diarios, equivalentes a 27.7% de la oferta nacional de dicho combustible; una disminución de 6.5 puntos de participación desde el pico de abril, cuando la importación fue de 112,000 barriles diarios y la cuota de mercado fue de 34.3%, de acuerdo con cálculos a partir de cifras del Sistema de Información Energética de la Secretaría de Energía (Sener).

La porción de mercado del diésel importado por privados acumuló en noviembre seis meses ininterrumpidos de caídas. En cuanto a la gasolina importada por particulares, esta ascendió a 143,000 barriles diarios, lo que equivale a 21% de la oferta nacional, con lo que en noviembre quedó más de seis puntos abajo respecto del registro de agosto –su último pico–, cuando el producto importado llegó a 190,000 barriles diarios y consiguió una participación de 27.1 por ciento.

En este caso, la gasolina traída del exterior por particulares hiló tres meses de caídas en la cuota de mercado.

En ambos casos (diésel y gasolina), la oferta nacional de producto se calculó como la suma de la elaboración nacional de combustible (realizada por Pemex) y la importación (de los privados y de Pemex), menos la exportación (si bien es marginal en los dos renglones). Entre enero y noviembre del 2021, la oferta nacional de diésel fue 312,000 barriles diarios, de la cual 37% provino de la producción de Pemex, 31% de la importación de dicha empresa y 31% de la importación de particulares. El total se encuentra 20.4% por debajo del nivel prepandemia.

En el mismo período, la oferta nacional de gasolina fue de 712,000 barriles diarios, compuestos en un 32% por producción de Pemex, 43% por importación de la empresa estatal y 23% por importación de privados. El total está 8% por debajo del nivel del 2019.

SAT eleva la vara

En junio del año pasado el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó cambios en las reglas de comercio exterior para prohibir que los permisionarios privados pudieran importar producto en lugares distintos a las aduanas (terrestres, aéreas o marítimas), dejándole este privilegio únicamente a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Posteriormente, en noviembre, el SAT permitió nuevamente la importación desde lugares distintos a los autorizados (como terminales marítimas privadas), pero estableció requisitos más estrictos para conceder los permisos.

El órgano recaudador ordenó que las empresas pueden solicitar una prórroga para continuar con el acceso de mercancías al país, pero antes, deberán acreditar que sus clientes cuentan con permiso o autorización de las autoridades competentes para realizar la distribución, comercialización, transporte, expendio al público y cualquier otra actividad regulada vinculada a la importación o exportación de las mercancías; además de contar con controles e instrumentos de medición que faciliten identificar el peso, volumen, cantidad y calidad de las mercancías que se importarán o exportarán.

En el caso de hidrocarburos, productos petrolíferos, incluso mezclados con otros componentes que no provengan del petróleo o gas natural, alcohol etílico y combustibles, no se podrá efectuar el trasvase directo a pipas o autotanques, únicamente por medio de ductos o almacenamiento. 

A su vez, el SAT resolverá la autorización de la prórroga en un plazo máximo de 12 días hábiles, además de que tendrá un máximo de 20 días hábiles para solicitar información adicional que los interesados deberán aportar en máximo 10 días hábiles más. Sin embargo, la autoridad no está obligada a informar si rechaza la autorización, al agregar una cláusula de negativa ficta a estas reglas. 

Ante ello, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) denunció que esta medida tendría una afectación potencial a mediano plazo de entre 25% y 48% de las importaciones de petrolíferos, lo que a su vez pondría en riesgo la seguridad energética y el abasto de combustibles.

(Con información de Karol García)

octavio.amador@eleconomista.mx

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