7 años de reforma: el lado B de las telecomunicaciones

La reforma sectorial de telecomunicaciones y radiodifusión, en su versión reglamentaria, cumplió siete años desde el 15 de julio de 2014 cuando la promulgó el presidente Enrique Peña Nieto. La reforma constitucional como tal se aprobó en junio de 2013; el paquete de leyes que regulan y dictan cómo hacer funcionar la reforma se aprobó un año después.

La propaganda del gobierno dice que la reforma atrajo 7,000 millones de dólares en inversión extranjera hasta el año 2018 y aumentó en 60% la inversión nacional entre 2013 y 2020, aproximadamente 4,900 millones de dólares hasta diciembre de 2020. También presume una baja del 47% en los precios de servicios móviles y crecimiento a doble dígito de las redes fijas de fibra óptica, así como 101.3 millones de líneas móviles de internet en activo a marzo de 2021. 98 de cada 100 mexicanos cuentan con una línea celular de voz y 83% de esas líneas operan sobre redes 4G-LTE, creciendo hacia regiones menos conectadas a través de marcas móviles virtuales. 

La reforma apuró la transición de la televisión analógica a la digital y ésta repercutió en la liberación de dos bandas radioeléctricas, de 600 MHz y de 700 MHz, para su uso en servicios móviles que permitan crecer la conectividad y las soluciones de la llamada Industria 4.0, basada en las tecnologías de la información. 

La reforma hizo posible la construcción de una nueva cadena nacional de televisión y la aparición de un centenar de canales locales y/o regionales de TV, así como el multiplexeo de frecuencias que permitió a los canales públicos incrementar su cobertura sobre las redes de concesionarios comerciales. En televisión algunos actores nacieron o se expandieron hacia otros mercados con apoyo de la reforma y en radio, al menos en la CDMX, arribaron tres nuevos grupos y otros dos crecieron en tenencia espectral.

Todo esto forman los logros de la reforma de telecomunicaciones, pero la reforma tiene pendientes que no ha conseguido alcanzar. Es su lado oscuro, su lado B.

1.  Altán y la posibilidad de quiebra

La Red Compartida, un prestador de servicios mayoristas que usa espectro de los 700 MHz y fibra óptica propia y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), vive el riesgo de naufragar, debido a una falta de liquidez y solicitó la protección del concurso mercantil. En las versiones de la industria, la danza de los millones indican que su concesionario Altán Redes se está ahogando por una deuda de 850 millones de dólares con bancos y fabricantes. El modo taciturno que ha tomado Altán para tocar abiertamente el tema tampoco abona a su favor: un comunicado colgado en su web en una tarde-noche es lo que presenta como información oficial. 

La compañía lleva tres meses diciendo que ha firmado 65 contratos con 100 compañías para que éstas revendan telefonía e internet fijo y móvil, así como otras soluciones de internet de las cosas (IoT). A la fecha, 3 millones 101,000 mexicanos consumen algún tipo de servicio que viaja sobre la red de telecomunicaciones de Altán Redes, una cifra insuficiente para que Altán consiga flujo de efectivo que le permita abonar a sus acreedores y cumplir con el hito de cubrir al 70% de la población con su cobertura propia para enero del 2022. Si hoy se cuentan los acuerdos de roaming que firmó meses atrás con Telcel, la cifra se incrementa a 90%, similar entonces al alcance que tienen esa otra compañía y Movistar y AT&T.

La Red Compartida fue un proyecto fuertemente impulsado por el priista de Peña Nieto y abiertamente respaldado por su sucesor, Andrés Manuel López Obrador, a pesar de haber sido emblema sectorial de la administración que terminó el 30 de noviembre de 2018. Para López Obrador es posible que a través de la Red Compartida se pueda llegar a las 122,000 localidades más desconectadas del país y dispersar con ella sus programas sociales; Altán tiene cubiertas ahora a cerca 87,000 de esas plazas. 

López Obrador es reacio a ir en rescate de empresas privadas. Negó ya su apoyo a Aeroméxico y a Interjet, con peores situaciones que Altán en sus propias industrias. El concesionario de la Red Compartida, empresa público-privada, dice que ve positivas las negociaciones con los acreedores y que cuenta con el respaldo del gobierno, que verá la manera de adecuar su discurso para no dejar caer a Altán Redes. Si la Red Compartida quiebra, la reforma mexicana de telecomunicaciones y radiodifusión habrá perdido prácticamente todo su brillo por estas siguientes otras razones.

2. Telmex, el mayor inversionista 

Teléfonos de México es el agente económico preponderante de las telecomunicaciones fijas. La reforma desapareció los cobros por larga distancia y le quitó el ingreso por interconexión, como manera para mejorar precios y equilibrar la competencia. Para Telmex, los ingresos perdidos sumaron 14,500 millones de pesos entre 2014 y 2018. No hay dato más actualizado. Una intención de la reforma que quiso meter en cintura a Telmex también terminó por complicar las operaciones y estados financieros de Axtel y Maxcom, hoy, marcas que van de salida en la mente de los consumidores. 

A Telmex se le ordenó abrir primero su red a terceras empresas, incluso para que la explotaran como insumo para vender paquetes de video a los que esa empresa está negada, y después se le ordenó la partición de su brazo mayorista con la separación funcional. Si Telmex cumplía con esa última resolución que derivó de la reforma y se le comprobaba que sí permitía el acceso a terceros a su red, entonces podría, luego de 31 años, tener su concesión de televisión. La empresa ha venido diciendo trimestralmente desde el 2020 que ha cumplido.  

Telmex es el primer inversionista en las telecomunicaciones mexicanas, al menos en las redes fijas. Por citar un ejemplo, la empresa invirtió 205 millones de dólares entre abril y junio de 2020, cuando el pico de la pandemia de coronavirus; en pesos, la cifra son 1,000 millones más que en el mismo trimestre de 2019. En el combinado anual de 2020, Telmex lideró las inversiones del sector con 16,942 millones de pesos para construcción y mantenimiento de redes. El siguiente inversionista, Megacable, desplegó 8,080 millones de pesos. 

Pese a todo, Telmex es la compañía, de entre los gigantes del sector, que más pierde dinero, con tres años consecutivos de pérdidas. Sólo entre enero y marzo del 2021 tuvo una pérdida neta de 1,536 millones de pesos. 

3. Movistar maniobra para sobrevivir 

La reforma de telecomunicaciones prometió ampliar el mercado móvil, pero Telefónica es prueba de que esta iniciativa no ha sido del todo bondadosa. Primero, porque la compañía dejó de beneficiarse con las tarifas de interconexión que obligaban a Telcel a interconectar a los usuarios de terceras empresas a un costo de cero pesos, la llamada “tarifa cero” que América Móvil tumbó en la Suprema Corte y que también afectó el negocio de AT&T.

Telefónica, después de mostrar una sangría de clientes y complicaciones financieras a escala latinoamericana, intenta recuperar mercado con una nueva política de planes flexibles bautizada como “Movistar Libre”, que pudiera ser el último esfuerzo de relevancia para no perder más clientes y ganar otros a los operadores tradicionales y los operadores móviles virtuales, por estos días, junto con Telcel, los principales captadores de usuarios.

La compañía ha devuelto distintas bandas radioeléctricas por su oneroso costo en pagos anuales de derechos y ha contratado red en el último tramo a AT&T. Confirmó que su interés primero es crecer en 4G-LTE, por lo que descartó, por ahora, comprar más frecuencias para 5G, cuya licitación está prevista para el 2022 en México. Si todo sale bien para esta empresa en su acuerdo con AT&T, entonces para el próximo año tendrá un ahorro de 5,000 millones de pesos, suficiente para pensar de otra manera sobre México. En la industria flota la idea de que Movistar y AT&T están maniobrando para fusionarse en algún momento. 

4. AT&T, sin nuevas inversiones 

AT&T, la marca estrella en los primeros tres años de la reforma, sufre hoy por alcanzar la rentabilidad financiera. La operadora en 2021 no es la misma que en 2018, cuando alcanzó su cobertura 4G para 100 millones de mexicanos. Pero la desaparición de la tarifa cero, las bandas radioeléctricas caras y un Telcel que añade 850 usuarios netos cada día han complicado que esa compañía pueda alcanzar su meta de llegar a 20 millones de consumidores mexicanos. De las tres grandes del sector, AT&T es la operadora que más pierde clientes: ha contratado menos de 1 millón de usuarios netos por año durante los últimos tres; incluso la red de Altán ha sumado más clientes. 

Hace tres años que AT&T no anuncia una megainversión como aquella de 2015 de 3,000 millones de dólares hasta 2018. La empresa tiene invertidos 91 millones de dólares en espectro de capacidad en el último año, más lo que haya dirigido al mantenimiento propio de su red. Cerró marzo de 2021 con 19 millones de usuarios. No está claro que AT&T vaya a concursar por alguna de las frecuencias de la IFT-10 ahora en concurso. 

Encima de todo tenemos los precios. En telefonía e Internet móvil las tarifas han bajado a doble dígito y por eso la penetración ha aumentado, pero en televisión de paga es donde más sufren los usuarios, por incrementos que van del 14 al 22% y de ello, los operadores de redes fijas y satelitales argumentan que obedecen a encarecimientos de los insumos esenciales, como los contenidos que se comercializan en dólares. Para ellos, la causa hay que encontrarla en la paridad peso-dólar.

El marco regulatorio de la reforma de telecomunicaciones cumple 7 años. Mientras que hay beneficios concretos en algunos segmentos, sobre todo para los consumidores finales, los claroscuros —el lado B de la reforma— tienden a concentrarse en los tropiezos de los actores corporativos. Donde, efectivamente, son más evidentes.