ASF detecta probable daño al erario por 64.8 millones de pesos en construcción de ramal del Tren Suburbano al AIFA

En la primera revisión de los trabajos de ampliación de la Línea 1 del Tren Suburbano, ramal Lechería-Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) concluyó que hay un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 64 millones 826,595 pesos por el pago en exceso de materiales para el nuevo patio de operaciones ferroviarias de carga y que no tener la totalidad de derecho de vía requerido antes de iniciar los trabajos ha ocasionado retrasos y evidenciado una inadecuada planeación.

La construcción del nuevo patio de carga, a cargo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), está incluido en el ramal de 23 km que deberá estar terminado en el segundo semestre del próximo año. A la fecha la dependencia reporta un avance físico total del 21 por ciento.

Además, la ASF encontró que una empresa elegida para participar en la obra consideró a un especialista en topografía que ya se encontraba comprometido en otro contrato del mismo proyecto. Ambas licitaciones estuvieron a cargo de la dependencia.

Pagos por aclarar

Acerca de los 64 millones 826,595 pesos que deben justificar, corresponden al contrato firmado entre la SICT y Construcciones y Maquinaria el pasado seis de diciembre por un monto de 233 millones 892,400 pesos para la construcción del nuevo patio de operaciones ferroviarias de carga con conexión a las vías de ferrocarril de las Líneas H y TS, el cual debe estar terminado ante del próximo siete de noviembre.

Entre los pagos “en exceso” con recursos del presupuesto del 2021 reportados están: 45.4 millones de pesos por el suministro de durmientes de concreto, 5.1 millones de pesos por suministro de fijaciones para durmiente, 670,000 pesos por el suministro de placas de asiento doble hombro y 216,400 pesos por suministro de clavos de vía.

Sobre el hallazgo en el ramal del Tren Suburbano al AIFA, la SICT respondió a la Auditoría el pasado 17 de mayo que no se realizaron pagos en exceso, debido a que la suficiencia presupuestaria del proyecto tuvo una ampliación en monto, por lo que se solicitó a la contratista efectuar los ajustes correspondientes al programa de ejecución de los trabajos, considerando en dicho programa adelantos en los suministros de los materiales de vía.

Además, “la entidad fiscalizada indicó que tomó la decisión de adelantar los suministros de los materiales, debido a que, con base a los índices emitidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se realizó una proyección de importes por ajuste de costos de los suministros de los materiales de vía, lo que dio como resultado que la SICT dejaría de pagar poco más de cinco millones de pesos”.

Sin embargo, el argumento no fue convincente porque la dependencia no presentó la documentación que acredite el incremento en la suficiencia presupuestal del proyecto ni la comparativa con los pagos que se realizaron de los materiales que generaría beneficio al erario.

Retrasos de inicio

Sobre la propiedad del derecho de vía para construir el patio de operaciones, la ASF consideró que la SICT no tramitó ni obtuvo previamente al inicio de los trabajos la liberación total de los derechos de vía, toda vez que en la nueva infraestructura hay una superficie pendiente de liberar de 52,329.07 m2.

Dicha situación ha generado retrasos en la ejecución de los trabajos por tres meses y evidencia una inadecuada planeación de la obra.

En su respuesta, la secretaría dijo que ya se trabaja en el proceso de expropiación de inmuebles que corresponden a un 40.0% de la superficie total, que es la que falta para la obra, toda vez que los poseedores de los terrenos no acreditaron ser propietarios.

Sin embargo, al no entregar evidencia de ello, la ASF emitió una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que se realicen las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, no tramitaron ni obtuvieron previamente al inicio de los trabajos la liberación total de los derechos de vía”.