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Administración Biden-Harris respalda preocupaciones por reforma eléctrica de AMLO
Funcionarias de la administración del presidente Joe Biden aseguraron que la representación comercial de Estados Unidos continúa revisando cuidadosamente la reforma eléctrica propuesta en México y sus implicaciones no sólo para el comercio bilateral, sino hacia la relación comercial regional, que incluye a Canadá.
La administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, refrendó su apoyo a congresistas que se han manifestado contra la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, asegurando que las agendas de comercio bilateral fincadas en los tratados entre ambas naciones mantienen su compromiso de garantizar un trato justo para los exportadores e inversionistas estadounidenses.
“Entendemos y compartimos sus preocupaciones con respecto a la reforma constitucional propuesta por México, así como ante acciones recientes que afectan a empresas e inversores estadounidenses en el sector energético”, respondieron la titular de comercio, Gina M. Raimondo; la representante de Comercio, Katherine Tai, y Jennifer Granholm, titular de Energía, en el marco de su visita a México para exponer al presidente Andrés Manuel López Obrador y a su homóloga en México, Rocío Nahle, sus preocupaciones del gobierno estadounidense ante la iniciativa para reformar la Constitución mexicana.
Mediante una misiva pública con la cual respondieron al republicano miembro de la Cámara de Representantes, Earl L. Buddy Carter, a su llamado público a la acción de noviembre pasado, las funcionarias impuestas por la administración Biden-Harris aseguraron que la representación comercial de su país continúa revisando cuidadosamente estas medidas y sus implicaciones no sólo para el comercio bilateral, sino hacia la relación comercial regional, que incluye a Canadá.
Por tanto, reiteraron que el viaje a México de la secretaria Granholm tuvo como objetivo reunirse con funcionarios mexicanos para plantear directamente las preocupaciones de Estados Unidos sobre las reformas constitucionales propuestas.
En sus distintas reuniones, la secretaria Granholm externó abiertamente las preocupaciones de su gobierno acerca de la reforma constitucional que se discute en el Congreso para devolver el monopolio de toda la cadena de valor de la energía a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), dándole un mínimo legal de 54% de la generación eléctrica del país, cancelando contratos del régimen anterior al 2013 y quitando autonomía a los reguladores del sector, ya que ésta dañaría a empresas estadounidenses que han invertido en el país.
“La reforma propuesta también podría obstaculizar los esfuerzos conjuntos de Estados Unidos y México en materia de energía limpia y clima. Debemos mantener y mejorar los mercados energéticos abiertos y competitivos que beneficien a América del Norte”, expuso.
Cabe recordar el año pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de diputados una iniciativa de reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, mismos que requieren de la aprobación de la dos tercios más uno de los presentes que voten tanto de los diputados como de los senadores.
Según la exposición de motivos de la iniciativa de reforma constitucional a la Cámara de diputados, la pérdida económica por la energía no despachada de la CFE –que no es priorizada por resultar más cara que la renovable de privados a la que no se le cobra la transmisión y se le dan incentivos como los certificados de energía limpia– asciende a 45% de la capacidad de la CFE, o sea a 119,000 gigawatts.
En términos económicos, significan 215,400 millones de pesos anuales desde el 2017, además de 222,900 millones por lo que le tiene que comprar a privados dada su obligación del suministro básico del país.
El segundo transitorio de la Ley de la Industria Eléctrica permite sociedades de autoabasto como contratos legados del régimen anterior, con lo que se han acomodado en este régimen, sin pagar despacho, 77,767 grandes consumidores, creando monopolios privados a los cuales no tiene acceso la CFE.
Así, se ha llegado a un despacho de sólo 38% de la capacidad instalada de la CFE, cuando tiene una capacidad de despachar 54 por ciento.
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