Allanamiento y robo, con orden de juez y apoyo de granaderos

En un entorno de creciente inseguridad en la Ciudad de México, el día de ayer elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México ingresaron de manera arbitraria a una oficina ubicada en el quinto piso de un edificio en la calle de Liverpool, en la colonia Juárez, delegación Cuauhtémoc, en cumplimiento de un supuesto acto jurídico ordenado por un juez.

El allanamiento fue ordenado por el Juzgado Décimo Primero de Cuantía Menor de la CDMX, bajo el expediente 419/2016. La orden de embargo girada por el juez Joel Martínez González fue emitida a pesar de que previamente ya existía una suspensión del acto. Es decir, se condujo muy lejos de los cánones que marca el Estado de Derecho.

De tal manera, una persona, que se negó a identificarse, y que contaba con el apoyo de un grupo de cargadores, se presentó al domicilio referido, adonde ingresó junto con las personas que le acompañaban y sustrajeron diferentes objetos y documentos, de manera ilegal.

La irrupción del contingente al edificio ubicado en la colonia Juárez fue tan desordenada que los bienes que se llevaron correspondían a una empresa diferente a la que se pretendía embargar. De hecho, la empresa sujeta del embargo no se encuentra en el lugar donde se realizó la diligencia y sustracción de bienes muebles y equipo. Los elementos del Cuerpo de Granaderos de la Secretaría de la Seguridad Publica, en contra de lo que marca la ley y el sentido común, ingresaron hasta el quinto piso del edificio, ocupado por trabajadores indefensos y sirvieron como protección a quienes perpetraron la sustracción de bienes materiales de las instalaciones.

Los trabajadores de las oficinas allanadas mostraron a El Economista fotografías y videos de los hechos. En éstos se puede ver que un individuo, sin identificarse, daba instrucciones a los cargadores para que actuaran con rapidez. Éstos ejecutaron la encomienda y sustrajeron lo que encontraron en el interior de las oficinas, entre ellos cámaras de vigilancia y el equipo de grabación donde se almacenan las imágenes de video de seguridad, entre otros bienes, pertenecientes a una empresa diferente a la que supuestamente buscaban.

El personal allí presente, mediante sus celulares, grabó la actuación ilegal del sujeto desconocido . En todo momento se puede apreciar el acompañamiento de los granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública. La actuación arbitraria de la autoridad al Estado de Derecho abona al incremento de la indefensión de la ciudadanía y la creciente inseguridad que se vive en la Ciudad de México.

Las empresas afectadas, Inova Empresarial S de RL, y Mente y Tecnología SA de CV, ya interpusieron demandas ante el Ministerio Público, bajo los cargos de allanamiento y robo. Posteriormente, en entrevista con El Economista, pidieron también que se revise la actuación del juez Joel Martínez González, porque en el origen de las arbitrariedades se encuentra la orden emitida por él.