Altán puede rentar espectro a Telcel y AT&T, si AMLO y el IFT le modifican su contrato APP: Fernando Borjón

Fernando Borjón Figueroa, ingeniero con especialidad en temas de espectro radioeléctrico, fue durante dos años comisionado en el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en la primera generación de esa autoridad reguladora. En ese periodo, Borjón participó en las regulación de complicados asuntos como la portabilidad numérica, la transición de la televisión analógica a la digital; la construcción de la primera licitación de cadenas de televisión que se dio en el país y la denominación a Televisa como agente con poder sustancial.

Su conocimiento fue aprovechado después por el gobierno de Enrique Peña Nieto en el Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (Promtel), allí como director general de esa entidad a la que se le entregó la concesión de los 90 Megahertz de frecuencias que componen la banda de los 700 MHz y que hoy utiliza Altán Redes para comercializar sus servicios mayoristas de telefonía e Internet en la llamada Red Compartida; por ello es que Fernando Borjón conoce, como muy pocos exfuncionarios en México, a la Red Compartida desde que se pensó como posibilidad un día del año 2007 y cómo es que ahora dicho proyecto no halla la viabilidad financiera.

Borjón Figueroa, adusto de rostro, pero animado en sus respuestas —su cuenta de Twitter lo desvela—, es recordado en el IFT y Promtel por ser un personaje dispuesto siempre a la conciliación y al convencimiento con argumentos; y lo habrán visto varias veces con papel y lapicero en mano para escribir ideas; estudiarlas y para proponer después. Por eso este ingeniero que estudió en la Universidad de Brunel del Reino Unido y Universidad Iberoamericana propone en esta entrevista una alternativa para que Altán Redes y la Red Compartida generen ingresos sin faltar a los preceptos de la Constitución y la reforma sectorial de telecomunicaciones del año 2013-2014.

—El ingreso del Estado como accionista en Altán Redes es visto como una vulneración de la neutralidad competitiva, pero también como certidumbre y menor riesgo para los acreedores… ¿Hay un punto medio para usted?

—La entrada del Estado en Altán es muy lógica. No es que ahorita el gobierno quiera estar. La banca de desarrollo financiaba aproximadamente una tercera parte del proyecto desde su inicio, pero entraba en términos de capital puro. Es decir, con un financiamiento sin injerencia ni control de la empresa. Desde ese punto de vista, Altán era absolutamente una empresa privada.

La banca de desarrollo no dio dinero a fondo perdido. No es un proyecto en que la Secretaría de Hacienda llegó y dio dinero a fondo perdido. La banca de desarrollo tiene la misión de recuperar esos préstamos.

La Red Compartida nunca estuvo bajo el control del Estado, más que lo que tocaba a la banca de desarrollo con lo prestado. El que la banca de desarrollo haya entrado ahora con una medida de inyección de capital, es también para intentar recuperar en el tiempo una inversión que fue del Estado y que me parece una acción lógica en cuanto la parte financiera.

—La Red Compartida siempre se calificó como un proyecto riesgoso y hubo, incluso, quien lo calificó como el “Fobaproa de las telecomunicaciones”… ¿Cree que se pueda hacer algo todavía?

Cuando en 2019 se hicieron algunas nuevas proyecciones, éstas eran muy bajas. Eso nos estaba hablando ya desde entonces que la Red Compartida no estaba teniendo el impacto financiero, ni consiguiendo el beneficio para encontrar su punto de equilibrio. Este siempre fue un proyecto de riesgo como otros que pudieran tener su propia novedad, donde además lo que se esperaba era que el mercado fuera resolviendo las cosas y pues como vemos, no fue así. El mercado mismo habló: los dos mayores operadores, Telcel y AT&T, tampoco entraron a comprar capacidad a la Red Compartida de Altán.

Ante ese escenario y ante la falta de financiamiento de los propios inversionistas y la falta de financiamiento recurrente por los ingresos que no se estaban teniendo, se estaba buscando una nueva manera de poder sacar adelante el proyecto, hasta que los alcanzó el concurso mercantil. Pero todo ello no quiere decir que la Red Compartida no puede tener una segunda oportunidad, aunque signifique también cambios o impactos a la operación.

—Como otra oportunidad, el nuevo director general de Altán Redes ha advertido que es posible el ingreso de ese operador mayorista al mercado minorista celular, al menos allí donde ningún operador ha llegado con cobertura…

—El servicio concesionado que tiene autorizado Altán Redes es claramente mayorista, entonces no hay mucha discusión. Si no lo permite la ley y no lo permite la Constitución, no puede. Si el Estado quiere ir a más zonas rurales, tiene otras posiciones con otras empresas.

—Tras fracasar con su iniciativa de reforma al sector eléctrico, difícilmente el Ejecutivo federal irá otra vez al Congreso para buscar una mini-reforma para la Red Compartida de Altán, ¿no lo cree?

—Si Altán quiere dar el servicio al usuario final, sí necesita pasar por una reforma constitucional. Pero, ¿el Estado buscaría una reforma para eso? Entendemos que el nuevo director quiera encontrar la manera de generar los ingresos a la mayor velocidad para la Red Compartida y varios lo acompañamos en eso.

La pregunta es si el Estado se lanzaría al intento de una reforma constitucional en esta materia y para esto. A como está conformado el Congreso y para quitar o cambiar exclusivamente eso, ¿cuánto capital político está dispuesto a invertir el Estado? El Estado perdió en el Congreso con la reforma eléctrica; seria mucho desgaste hacer ahora eso. El Estado ya tiene otras formas de poder dar el servicio al menudeo… CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos… Telecomunicaciones de México… Y hasta un WISP podría comprar capacidad a Altán y ofrecer el servicio en las zonas rurales.

Es una falacia decir que ir al mercado minorista le va generar ingresos a Altán Redes. Eso les generaría más perdidas por los despliegues de red.

¿Para qué le cambian a Altán la concesión? El cambio que quiere Altán no es para ir a zonas rurales, es para competir con Telcel y AT&T. Es la única manera en la que podría entrar a un mercado y competir directamente, y eso cambia lo que es la Red Compartida. La pregunta hoy es si tiene el gobierno la capacidad para hacer ese cambio.

—En prensa se ha planteado la creación una empresa alterna de Altán que venda al menudeo, de ahí las planas sobre los efectos adversos a la neutralidad competitiva…

—Que otra entidad de Altán o relacionada con esa compañía llegue a participar en el mercado también sería muy cuestionable. Si Altán ahora se crea un operador móvil virtual, es como chuparse el dedo. Es el mismo agente económico y caería en una incongruencia respecto al artículo decimosexto de la Constitución. Si se quisiera hacer eso tendríamos que hacer otra vez una reforma de telecomunicaciones. No quiere decir que no se deba hacer o que la Red Compartida está así y así debe quedar por los siglos de los siglos, todo escrito en piedra.

Si Altán crea su operador virtual y el regulador lo aprueba, AT&T y Telcel en medio segundo se amparan y ganan una suspensión y el acto reclamado es que el Instituto Federal de Telecomunicaciones ha violado la Constitución. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación también tira la decisión en tres segundos, antes de que Altán salga a comercializar ya los servicios al menudeo. Honestamente, no creo que el IFT siquiera valoraría una cuestión de esta naturaleza, porque conoce perfectamente los riesgos; porque ha seguido el proyecto como su regulador y sabe lo que significa pasar a Altán de mayorista minorista.

—El resto de los operadores celulares tienen firme la posición de que Altán comparta su espectro de los 700 MHz con ellos, ¿qué tan factible es esto de fraccionar el espectro de Altán?

—¿Qué es lo que sí podría hacer y que está a nivel de regulación? Hay algo que se puede hacer y que está a nivel de título de concesión, aunque también le pagaría muy fuertemente al negocio. A nivel de título de concesión se podría modificar el tema del subarrendamiento del espectro. Eso sí puede ser modificable.

Esto pasa sin reforma constitucional. La Constitución dice que se entrega la banda de 700 MHz para una red que es mayorista. Hay que tener claro que la red es la que es mayorista, no el espectro. En términos regulatorios esto podría ser una posibilidad.

Si el gobierno, como accionista principal de Altán Redes, está en un tema de buscar la manera de generar ingresos, un mecanismo es ese: pedir el cambio a la concesión y entrar en un esquema de subarrendamiento de espectro.

¿Qué se modifica? Los títulos de concesión y en el IFT y el gobierno federal lo hacen. Y en una de esas, sólo el contrato de Asociación Público-Privada (APP) con el visto bueno del regulador. Es un tema legal válido, y AT&T y Telcel no tendrían cómo impedirlo. Lo que hay que hacer es ver esa restricción regulatoria o de concesión para subarrendar el espectro y así encontrar ingresos.

—Ese esquema sería una nueva cartera de ingresos para Altán y volvería a la empresa más atractiva para los del menudeo a como ha sido en lo mayorista. ¿Pero dónde habría algún efecto negativo?

—Cuando lo hagan, entrarán en otra lógica de operación y de restringir una capacidad de operación. Estarían en una lógica de generación de otros ingresos, pero limitando su capacidad en ciertos tramos de las bandas. Es una decisión que le funciona en alguna parte a la operación, pero que también le pegará en otro lado. Incluso que un operador móvil virtual diga: “yo te contraté porque me prometiste todo esto y ahora no lo tienes”, y que entonces entable una demanda, porque estaría en todo su derecho.

Pasa que si entras como operador a rentar espectro te vuelves más atractivo que el mayorista y allí entonces habría quien cuestionará la misión de la Red Compartida, pero empresas como AT&T y Telcel estarían dispuestas a rentar ese espectro y Altán estaría allegándose de oxígeno.

Una posibilidad de rentar los bloques podría ser a nivel nacional. Una porción, la que ellos en Altán analicen. La ventaja de la red de Altán es que está orientada y diseñada a proveer servicios 5G, pero todo eso es muy configurable.

—El que Telcel y AT&T tengan espectro en los 700 MHz, ¿no afectaría a la subasta de 5G del 2023, al menos a la banda de los 600 MHz? ¿Y cómo renta Altán el espectro? ¿A precio como lo paga o como lo pagan los otros operadores?

—Si Altán entra a subarrendar el espectro a los otros dos operadores, entonces ya no es tan mayorista como empresa. La red es la mayorista, pero el espectro no. Si Altán va con el arrendamiento del espectro, entonces es razonable que se revisen los precios de ese espectro. Pero si le cambias el precio del espectro a Altán, se lo cambias a todos y está en la Ley Federal de Derechos.

Sería un dilema para el gobierno. Es muy fácil: le subes el nivel de precio a Altán al mismo precio que pagan los operadores, que ya es muy alto, o se lo bajas a todos. Sería una buena oportunidad, que subarrendando espectro, se busque generar competencia y acceso universal desde la Ley Federal de Derechos; o que en Hacienda lo dejen como está y justifiquen porqué mantuvieron ese precio.

—¿Coincide en que parece muy fácil que le modifiquen los títulos de concesión a Altán para subarrendar espectro, pero no en recuperar los usuarios si esa empresa se va a la quiebra?

El cambio al contrato APP o los títulos de concesión podrían ser muy rápidos, tanto como este mismo año; un mes. Pero no hay que optar por algún escenario a la ligera. Lo innegable es que este proyecto de la red no ha generado el nivel de ingresos que se esperaba.

Si mañana Altán quiebra, los 6 millones de clientes que esa empresa tiene hoy van a tener tocando su puerta a otro operador deseando ser su nuevo proveedor, pero quién sabe si con el objetivo de hacer un servicio asequible y tampoco sabemos si se mantendría el servicio de 4G donde antes no había más que 2G, y si tendría el interés de ampliar la cobertura, que era la misión principal de Altán.

kg