Plantean obligación de cobertura social a Red Compartida y licitantes en 2.5 GHz

La inclusión digital se mantiene como la asignatura pendiente para empresas y gobierno, en el objetivo de conectar a más mexicanos a las nuevas tecnologías que puedan mejorar y facilitar sus actividades diarias, más allá de sólo llevarles solamente un servicio de telefonía.

El derecho a la conectividad aún no ha sido cumplido para un importante segmento de los mexicanos y recientes acontecimientos como los terremotos en movieron la tierra en varios estados del país han evidenciado la falta de infraestructura y de cobertura de servicios de telecomunicaciones, dijo la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi).

Los pendientes se enmarcan además en que a un año de que concluya el sexenio de Enrique Peña Nieto, la Estrategia Digital Nacional promovida por Los Pinos no ha dado aún resultados como para ser reconocidos en beneficio de los usuarios.

Asimismo, aún con toda una serie de medidas regulatorias encaminadas a brindar más oportunidades de competencia para los operadores, con base en la reforma constitucional del 2013, la penetración de telefonía móvil sólo ha avanzado 3% en 4 años, al pasar de 87% en abril de 2013 a 90% en el mismo mes de 2017 y ésta es una de las tres más bajas de América Latina, sólo por arriba de Cuba, Haití y Ecuador, aclaró el organismo.

Todo ello es consecuencia de la ausencia de políticas públicas que fomenten el acceso universal a las tecnologías y servicios de telecomunicaciones con mejor calidad y velocidad, a pesar de ser un mandato constitucional contemplado en el artículo sexto y décimo cuarto de la reforma constitucional del 2013.

“Ni la Estrategia Digital Nacional de la Presidencia de la República, ni la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ni el Instituto Federal de Telecomunicaciones y tampoco los operadores móviles han hecho los esfuerzos suficientes para conectar a todos los mexicanos, pues se han enfocado en generar competencia sin cobertura”, según la Amedi.

Las redes de telecomunicaciones son la infraestructura estratégica del siglo XXI y la conectividad y las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones son las herramientas para ejercer derechos fundamentales como acceso a la información, salud, educación y cultura, generar desarrollo y crecimiento económico, añadió la organización.

A fin de que el Estado mexicano aumente su preocupación por revertir los frenos al desarrollo humano y económico de los mexicanos con base en la explotación de las nuevas tecnologías, la Amedi planteó obligaciones de la llamada cobertura social para los operadores de la Red Compartida y los futuros dueños del espectro de los 2.5 GHz, ahora en proceso de licitación.

Que en la licitación de la banda de 2.5 GHz -idónea para dotar de capacidad y velocidad de transmisión de datos a las ciudades densamente pobladas- el IFT imponga obligaciones de cobertura, despliegue y calidad de redes a todos los operadores que ya posean u obtengan bloques en esa frecuencia.

En América Latina donde se ha licitado la banda de 2.5 GHz, este proceso ha estado acompañado de obligaciones de cobertura y velocidades de subida y bajada de información. “Si el IFT no las impone sólo estaría favoreciendo el negocio de los operadores por encima de la inclusión digital. Incluso, es deseable que las mencionadas obligaciones se impongan a los diversos operadores, según su tamaño, en distintas licitaciones, para que México esté a la vanguardia internacional en ese sentido”.

La Amedi también propuso la conformación de un Fondo de Servicio Universal que ayude a que la inclusión digital sea mejor y más efectiva.

Por su parte, para Altán Redes, el consorcio ganador que desplegará la Red Compartida, que debe cumplir con su objetivo social de conectar a los desconectados y reducir la brecha digital para 92.2% de los mexicanos hacia 2022, el hecho de que inicie su despliegue de la red en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, donde ya hay un mercado consolidado, significa no cumplir con el objetivo de cobertura social en regiones que carecen de servicios, lo cual debe ser vigilado por el Organismo Promotor de Inversión en Telecomunicaciones (Promtel).

De acuerdo con las bases de la licitación, hacia el 31 de marzo de 2018 la Red Compartida deberá cubrir 30% de la población agregada a nivel nacional -incluidos 25% del total de los Pueblos Mágicos-, con base en la distribución de la población en todas las localidades.

“Altán Redes disfruta de beneficios que ningún otro operador posee como un gran bloque de espectro de 90 MHz en la banda de 70 MHz sin haber pagado una contraprestación. Asimismo, 30% de su financiamiento proviene de la banca de desarrollo -Banobras, Nafin y Bancomex-, es decir, el gobierno le está prestando al consorcio 13,000 millones de pesos -690 millones de dólares- para instalar la red, cuando el único recurso que ofrecería el Estado sería el espectro radioeléctrico y un par de hilos de fibra óptica”.

Aunque el programa México Conectado no alcanzará la meta de conectar 250,000 sitios públicos al término del sexenio, de los 101,000 sitios públicos actuales, este programa debiera preservar el presupuesto necesario para garantizar la conectividad e incluso incrementar su calidad.

También durante la emergencia tras el sismo del 19 de septiembre, 3,700 sitios del programa en la Ciudad de México ofrecieron conectividad gratuita a la población, lo cual evidencia la importancia de contar con espacios de acceso gratuito a Internet ante la brecha digital que afecta al país. El 29% de los hogares no tienen ningún tipo de servicio de telecomunicaciones fijas.

“La cobertura y la inclusión digital plenas serán asignaturas pendientes del sexenio del presidente Peña Nieto y habrá fallado en garantizar que las telecomunicaciones sean un servicio público de interés general que se preste, precisamente, en condiciones de cobertura universal, tal y como reza el artículo sexto de la Carta Magna”, dijo la Amedi.

erp