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Aprobación de reforma judicial traerá retos al próximo gobierno: CEESP
La administración de Claudia Sheinbaum deberá mantener un ambiente de negocios idóneo en medio de incertidumbre, dicen.
La Reforma Judicial, que ya fue aprobada en todas las instancias, será promulgada este 15 de septiembre por el jefe del Ejecutivo. Foto: Reuters
Luego de la aprobación de la reforma judicial, el próximo gobierno a cargo de Claudia Sheinbaum enfrentará retos importantes para mantener el ambiente de negocios idóneo, mientras que uno de los riesgos más preocupantes es la sostenibilidad de las finanzas públicas, consideró el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
A través del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), el sector privado alertó que la ausencia de un sistema judicial independiente, transparente y que podría llegar a adolecer de la preparación necesaria para lograr un ambiente con certeza jurídica adecuada, podría dañar la confianza de los inversionistas.
Los empresarios demandan “contar con un Estado de Derecho sólido que dé seguridad de que las reglas permanecen y se respetan, que los conflictos se resuelven de manera justa y eficiente, que la regulación es la necesaria para el buen desarrollo”, pugnó el organismo privado.
Para el CCE, el próximo gobierno enfrentará retos importantes, sobre todo ahora que se aprobó la Reforma Judicial y que muy probablemente, en el futuro próximo, también se aprobará la reforma para desaparecer a los organismos autónomos como el INAI, CRE, CONEVAL, entre otros.
Explicó que esto implica trabajar sin todos aquellos órganos independientes, los cuales no solo representaban contrapesos, sino que son los encargados de establecer las mejores políticas económicas para mantener el ambiente de negocios idóneo.
La sostenibilidad de las finanzas públicas es primordial, debido al entorno de fuentes de ingresos débiles y crecientes gastos.
Para el inicio del sexenio el Gobierno plantea una significativa disminución del déficit público, casi tres puntos del PIB, lo que en principio implica una intensa reducción del gasto público. El problema es que el margen de maniobra es muy limitado. Los gastos obligatorios representan más del 60% del gasto total, refirieron los analistas del sector privado.
“El dinamismo de la inversión, principal motor de la economía se deteriora significativa y rápidamente, debido al constante aumento de la incertidumbre como consecuencia, principalmente, del entorno político. La cautela, por esta razón, aumenta considerablemente reflejándose en la debilidad de la inversión, además de fortalecer la posibilidad de perder la oportunidad que ofrece el nearshoring”, sostuvo.
El nuevo gobierno tendrá que trabajar seriamente en construir un ambiente que estimule en general la actividad económica, aunque esto se antoja seriamente complicado tras la aprobación de la Reforma Judicial, que la mayoría de los especialistas nacionales, internacionales y gobiernos de otros países, en especial de aquéllos que tienen una relación comercial cercana con nuestro país, la consideran un posible obstáculo para la actividad económica de los próximos años.
