Argentina contará con tarifas desde dos dólares para telefonía móvil

El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación en Argentina, Santiago Cafiero, anunció la entrada en vigencia desde el 1 de enero de 2021 de la PBU (Prestación Básica Universal Obligatoria) para los servicios de comunicaciones móviles, telefonía fija, conexión fija a internet y TV por suscripción, con el objetivo de favorecer la universalización del acceso por parte de los sectores con menores ingresos y la población vulnerable, estimada en más de 10 millones de argentinos. Además, el gobierno autorizó un aumento máximo de 5% para estos servicios en 2021.

“La creación y la reglamentación de la PBU reflejan el carácter inclusivo de la norma y son una inequívoca señal de política pública dirigida a sostener la asequibilidad a servicios esenciales para millones de argentinas y argentinos beneficiarios de planes sociales”, se informó a través de una gacetilla.

Empresas critican medida

Las empresas ya reaccionaron al anuncio que hizo el Gobierno. Movistar reaccionó a través de un comunicado: "la actualización de precios autorizada por Enacom, que impone un tope máximo del 5% para los servicios de telefonía móvil y fija, Internet y TV paga a partir de enero 2021, resulta insuficiente para cubrir los costos operativos de la industria.

Dicho porcentaje está muy por debajo de la inflación relevada por el Indec durante los últimos 12 meses; por lo tanto, está desactualizado y atenta de manera directa contra el desarrollo y la sustentabilidad del sector", aseguró la empresa.

Por su parte, la Cámara Argentina de Internet (Cabase) alertó que "más de 1,200 pymes y cooperativas estarán en riesgo de subsistencia. Un control de precios por parte del Estado que no contempla la situación y estructura de costos de los diferentes tipos de operadores pone en riesgo la subsistencia de muchas pymes y cooperativas que prestan servicios de conectividad a Internet en la mayoría de las localidades del interior del país", explicó la cámara.

"El mega mayorista, principal insumo de los proveedores de Internet, además de cotizar en dólares, tiene un precio en el AMBA y los principales centros urbanos, y uno sensiblemente mayor si el proveedor está en el interior del país. Y si ese ISP está en el interior del interior, la brecha es aún mayor", explicó.

"Una regulación asimétrica es un buen primer paso para tener una regulación inteligente con un esquema específico para prestadores medianos, pymes y cooperativas, diferenciado del de los grandes operadores, pero la decisión de hoy de fijar un aumento del 8% tomada de manera inconsulta y a espaldas de las pymes y cooperativas, pone a estos actores del ecosistema en riesgo".

Un control de precios por parte del Estado, que no contempla la situación y estructura de costos de los diferentes tipos de operadores, pone en riesgo la subsistencia de muchas pymes”.