CCE rechaza decreto para blindar proyectos prioritarios del Gobierno por violentar al Estado de Derecho

Preocupación y desacuerdo provocó al Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador que blinda sus obras de infraestructura como el Tren Maya o la refinería de Dos Bocas, puesto que es “violatorio” a diversas leyes, “transgrede facultades de otros poderes”, y sobre todo, “incentivará la corrupción”.

El presidente del CCE, Carlos Salazar, afirmó que el acuerdo presidencial de proyectos y obras vulnera el Estado de Derecho, por lo que externó su rechazo, al no estar debidamente fundamentado ni motivado, pues “excede la ley en la definición de seguridad nacional, es violatorio de diversas leyes e invade las facultades del Poder Legislativo. Asimismo, puede usarse para evitar obligaciones de transparencia y rendición de cuentas e incentivar la corrupción”.

El concepto de “seguridad nacional” encendió los focos rojos entre la industria nacional, a lo que su presidente José Abugaber advirtió de opacidad, corrupción, dedazos e intereses personales en las obras y compras gubernamentales, que limitarán la participación del sector productivo. El dirigente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) sentenció: “¡no nos gusta!” el decreto que justifica adjudicar proyectos, bajo el argumento de simplificar trámites.

“Nos causó mucho ruido, intranquilidad y es un tema mayúsculo. Los empresarios no entendemos, sienta un mal mensaje a la industria nacional, lo que pasa en infraestructura (la crisis y caídas en su actividad) y con esto, sentimos que vamos a tener un grave problema”, respondió el líder de los industriales del país a El Economista.

José Abugaber reconoció que el proceso de las licitaciones es complejo, pero se debe trabajar para acelerar y generar transparencia en el sistema, pero eliminar este esquema y proceder a las asignaciones de obras por “dedazo” pone inquietos a los industriales mexicanos.

“Nosotros prendemos el foco rojo para decir:  aquí estamos los industriales y queremos trato justo y en beneficio de México, pero esto nos puso muy inquietos a todos”, acotó.

A través de un comunicado, el CCE expresó que el equiparar los proyectos federales a este régimen, evade diversas normas constitucionales y legales que tienen por función proteger los derechos humanos, el medio ambiente, la transparencia y acceso a la información pública, la libre concurrencia, los procedimientos y licitaciones para garantizar las mejores condiciones de contratación con recursos públicos, la división de poderes y la lucha contra la corrupción.

José Medina Mora, presidente de la Coparmex calificó como “alarmante” la decisión presidencial, cuando 80.6% de los contratos otorgados en este año 2021 han sido entregados por adjudicación directa según datos de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). “Esta medida genera profundas dudas sobre el compromiso del actual gobierno con la transparencia y el combate a la corrupción”, aseveró el líder patronal.

lilia.gonzalez@eleconomista.mx

kg