CEESP insta al gobierno a tomar medidas congruentes que generen certidumbre

Con la ausencia de políticas públicas encaminadas a reactivar la economía, la falta de reglas claras y sin Estado de derecho que exacerba la violencia e impunidad, “es muy factible que al concluir este sexenio” se agudicen la mayoría de los problemas que aquejaban al país en 2018, sostuvo el sector privado.

“Las expectativas de crecimiento se han deteriorado significativamente. Para al presente año los pronósticos apuntan en promedio a una caída de aproximadamente 9% (los más pesimistas de hasta 12%). Es probable que el crecimiento potencial de la economía se reduzca a consecuencia de la profundidad de esta crisis, lo que impedirá una recuperación pronta y significativa. Cada vez se ve más factible que para el 2024 no se alcance a recuperar el nivel del PIB del 2018”, alertó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

El organismo privado aglutinado en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) calificó como un distractor la extradición de Emilio Lozoya y su relación con varias instancias de corrupción del pasado. “Eso es importante, y mucho desde luego, pero no debe convertirse en una cortina de humo para esconder la gravedad de la situación del país”, acotó.

El organismo consideró necesario mantener la atención en la gravedad del estado de la economía y la salud, y exigir correcciones. Por tanto, sentenció que sin un proyecto o conjunto de políticas y medidas congruentes que generen certidumbre y confianza para la inversión y el consumo, “será difícil retomar una tasa de crecimiento al menos similar a la observada antes del comienzo de esta administración”.

Los analistas económicos del sector privado afirmaron que las medidas oficiales para enfrentar la epidemia “han sido improvisadas y mal diseñadas”, y cuyo resultado “dramático” es la pérdida de vidas y a su vez, ha empeorado gravemente la ya deteriorada situación económica de numerosas personas y sus familias.

A pesar de la gravedad de la situación, refirió el CEESP, el gobierno federal ha rechazado las propuestas de muchos actores sociales, incluido el sector privado organizado, para apoyar a las empresas -mediante facilidades, no condonaciones- a fin de que pudieran proteger el empleo y evitar que la crisis de liquidez se convirtiera en insolvencia que llevara a la desaparición duradera de muchas fuentes de empleo.

No obstante, tan sólo en los primeros dos meses del segundo trimestre (abril y mayo) 12 millones de personas dejaron de trabajar, mientras que la necesidad real de empleos remunerados y de tiempo completo se elevó a 34 millones, después de los casi 13 que se reportaban en marzo.

Dentro del empleo formal, los trabajadores más afectados fueron los de menores ingresos. De acuerdo con las cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el 91% de la reducción del millón de empleados registrados tenían ingresos de hasta dos salarios mínimos, abundó.

El organismo privado reprobó el argumento el gobierno de que los recursos no se utilizarán para rescatar empresas y que para apoyar al pueblo es suficiente anticipar recursos para algunos programas sociales y avanzar en los proyectos de inversión insignia del régimen, en donde los programas sociales no fueron diseñados para hacer frente a esta coyuntura y que la rentabilidad social de las inversiones es dudosa.

Mientras que los signos vitales de la economía ya eran débiles antes de la pandemia, ahora están en franco deterioro. La caída anual de la inversión privada en el primer trimestre del 2020 alcanzó 9.8%, la más pronunciada desde la crisis de 2009 y acumuló seis trimestres consecutivos con reducciones anuales.

kg