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La CFE tunde a contratos legados; esquema va de salida, revira IP

En el segundo día de debates, la dirección de la estatal cargó contra la autogeneración eléctrica, figura a la que calificó de ilegal y fraudulenta; la Concamin defendió el esquema y recordó que su participación bajará de forma natural porque los permisos ya no se renovarán .

Los titulares de los más grandes organismos empresariales y de gestión energética en el país coincidieron en que los 277 contratos legados de autoabastecimiento y productores independientes de energía (PIE) van de salida, por lo que cuestionaron si vale la pena una reforma constitucional para modificarlos ya que constituyen sólo 15% de la energía a nivel nacional.

En el segundo día de debates del Parlamento Abierto rumbo a la reforma constitucional eléctrica, el miércoles en la Cámara de diputados tanto quienes argumentaron a favor como en contra de la iniciativa presidencial reconocieron que estos esquemas heredados de la legislación de 1992 pueden ajustarse, aunque en 2013 se les dio una vigencia que se limita a la de sus contratos, con lo que después entrarían a vender al mercado, igual que las nuevas centrales que se irían construyendo, como las de las subastas, que también con ajustes se podrían reanudarse para que se genere energía más barata y limpia en el futuro.

José Abugaber Andonie, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), aseguró que “puede haber mejorías en el esquema actual sin un cambio constitucional, porque todos sabemos que el abrir el sector eléctrico benefició ampliamente a la industria”.

Al argumentar contra la iniciativa presidencial de revocar los contratos existentes para renegociarlos con la CFE, recordó que hoy  únicamente el 15% de la generación nacional corresponde a los contratos legados, con tendencias a bajar porque los permisos se van venciendo.

Además, la energía más barata que tiene la empresa estatal es la que generan sus PIE y con esto CFE tiene control de 70% de la electricidad y los PIE representan el 18% de la capacidad de la empresa, mientras que 80% de su energía la venden a CFE y el resto con todos los permisos al mercado, además de que al igual que los contratos de autoabasto no hay nuevos PIE desde el 2013.

A favor de las modificaciones constitucionales, Adrián Olvera Alvarado, director de la subsidiaria CFE Generación V, explicó que las sociedades de autoabastecimiento legadas del régimen de 1992, cometen fraude a la ley, y basta con consultar la página de la CRE, en que hay sociedades de capital de un dólar donde el generador tiene el 99% y el resto sus cientos de socios. Actualmente son 243 centrales bajo este esquema, pero tienen 77,767 clientes.

“Constituyen una afectación económica para CFE es de 10,000 millones de pesos por año porque gozan de un despacho privilegiado, se benefician del porteo tipo estampilla por generar sin emisiones de gases de efecto invernadero aunque sólo 72 de estas centrales son renovables y no pueden sostener una operación continua, no participan con servicios conexos provocando inestabilidades en la red”, dijo.

Así mismo, arremetió también contra los productores independientes de energía, ya que en 1992 se obligó a la CFE a comprar energía a PIE para 25 años esquema en el que existen 34 centrales con 16,051 megawatts instalados; 28 son de ciclo combinado y sólo seis centrales son eólicas y generan 613 mgawatts, mientras que los ciclos combinados son a gas y ocho centrales también funcionan a diésel y “también contaminan”.

Además, la CFE les paga los cargos fijos incluso si sus centrales no son despachadas, existen cláusulas en que pasan los riesgos a la CFE, como los casos fortuitos, además de que los sobre costos se trasladan a la CFE, con cargos fijos por capacidad, crecientes y en dólares. Los PIE son cuatro consorcios los que constituyen prácticamente el oligopolio de estos contratos legados y son: Iberdrola, Mitsui, Naturgy y Saavi.

“No hay ninguna competencia sino un arreglo entre empresas privadas extranjeras para apoderarse del mercado y desaparecer a la empresa pública que es la CFE y que es de todos los mexicanos”, aseveró respecto a estos dos esquemas el director general de la CFE, Manuel Bartlett.

Ventana para las subastas de largo plazo

Eleazar Castro Pérez, consultor independiente en materia energética y supervisor de la ejecución de las subastas de energía del sexenio pasado, explicó que en las subastas de largo plazo para la adquisición de energía, potencia y certificados de energía limpia (CEL) se ponderaron cientos de variables para maximizar el ahorro de los compradores, por eso el sistema fue tan competitivo y tuvo tal éxito, con los precios de la energía más barata en el mundo, a disposición en ese momento para la CFE.

Además, una institución técnica, que fue el Instituto Politécnico Nacional (IPN), validó los resultados de la subasta, privilegiando la transparencia y frenando las posibilidades de corrupción, algo muy necesario en un país como México.

Explicó que tenemos entonces energía segura para los siguientes 15 años, garantizada para los compradores, y un negocio firme, aunque sea a precios bajos, para los vendedores. Y aseguró que en la cuarta subasta, la que se canceló, el 40% iba a ser comprado por privados, ya no con el riesgo de la CFE.

“Las subastas no son perfectas, pueden mejorar con evaluaciones sociales y ambientales adecuadas y previas, con ofertas de compra por regionales y no sólo nacionales, con estudios de interconexión antes de su ejecución y añadiendo a la subasta servicios conexos como almacenamiento de energía si queremos integrar muchas más renovables que es un reto muy grande”, dijo el especialista.

karol.garcia@eleconomista.mx

rrg

Karol García es reportera de Empresas y Negocios.

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