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Calderón firma Reglamento de Ley de Asociaciones Público Privadas
El mandatario federal dijo que el Reglamento buscará regular las Asociaciones Público Privadas entre el estado y sectores privados o sociales para que éstos presten servicios al sector público o al usuario final.
El presidente Felipe Calderón firmó el viernes el Reglamento de la Ley de Asociaciones Público Privadas (APPs), el cual establece que en algunos proyectos habrá testigos sociales obligatorios designados por la Secretaría de la Función Pública. El reglamento, que será publicado próximamente en el Diario Oficial de la Federación, establece que las figuras sociales serán testigos en los proyectos cuyo monto de inversión inicial sea igual o superior al equivalente a 400 millones de unidades de inversión.
La información relativa a los casos de Asociaciones Público, Privadas estará disponible en la página electrónica de CompraNet, dio a conocer la Presidencia de la República mediante un comunicado.
El reglamento establece que la participación de las dependencias y entidades en proyectos de APPs podrá ser con recursos federales presupuestarios, del Fondo Nacional de Infraestructura, otros recursos públicos federales no presupuestarios o aportaciones distintas a numerario (licencias, permisos, concesiones, bienes inmuebles).
Las reglas también se aplicarán para los trabajos que lleven a cabo las entidades federativas, municipios y entes públicos cuando se utilicen recursos públicos de la Federación y del sector privado.
Los proyectos que se realicen con esquemas de asociación público privada deberán incluir de manera expresa la mención de que se trata precisamente de un proyecto bajo este esquema, con el fin de diferenciarlos de otros procedimientos de contratación pública , refirió el comunicado.
No obstante, la entidad o dependencia deberá presentar el proyecto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su revisión y evaluación presupuestaria.
La Presidencia de la República destacó que el reglamento da mayor seguridad y certeza jurídica tanto al Estado como a los particulares, ya que se conocerán de antemano las condiciones para los procesos de concurso y adjudicación.
tania.rosas@eleconomista.mx
