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Canadá y la Unión Europea piden a México reconsiderar política que discrimina a energía renovable
Las representaciones diplomáticas del país norteamericano y del bloque comunitario solicitaron una audiencia, al menos virtual, con la secretaria de Energía para expresarle su preocupación por el impacto en los proyectos eólicos y solares de las empresas de esos países.
La Unión Europea envió una misiva a la secretaria de Energía, Roció Nahle, expresando su desacuerdo y preocupación por el futuro del sector de energías renovables en México, solicitando una reunión, por lo menos virtual, para discutir las medidas que se han adoptado, particularmente por la afectación negativa que el último acuerdo emergente del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) tendrá para 44 proyectos en 18 entidades del país.
Los embajadores de Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, República Eslovaca, Rumania y Suecia, acreditados en México, detallaron que tienen una “profunda preocupación con respecto a las recientes decisiones adoptadas en el sector de las energías renovables en México.
En contexto, varias empresas con origen en estos países habían elevado sus inquietudes a sus gobiernos por decisiones como la suspensión indefinida de las subastas de energía limpia y el cambio de la regulación de los certificados de energía limpia, por lo que la delegación de la Unión Europea solicitó una reunión con la Secretaría de Energía que nunca se concretó.
La inconformidad aumentó sus preocupaciones tras la publicación del Acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional publicado a finales de abril por el Cenace, puesto que esta decisión “amenaza desincentivar la inversión privada, incluida la extranjera, según trasladan varias empresas europeas”.
Dicho acuerdo ordenó que para evitar trastornos en el flujo de energía del sistema nacional derivados de la intermitencia de las renovables, durante la contingencia se suspenden pruebas preoperativas para centrales eólicas y fotovoltaicas nuevas, así como se limitarán las ofertas de las centrales de estas tecnologías existentes, ya que el criterio de despacho será el “must run”, que privilegia a las centrales que pueden encender más rápido y que técnicamente son las termoeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Especialistas aseguran que la decisión se tomó para utilizar el combustóleo remanente de Petróleos Mexicanos (Pemex) en época de aumentar la refinación porque los acuerdos globales implican exportar menos y los precios del crudo se encuentran deprimidos.
En tanto, los embajadores recordaron que la propia Secretaría de Energía se dirigió a la Comisaria de Energía de la Unión Europea, Sadri Simson, desde enero pasado, buscando un diálogo sobre asuntos entre ambas partes.
Por tanto, solicitaron a Nahle agendar la reunión para valorar las últimas medidas adoptadas en el sector de las renovables, conocer su extensión en el tiempo y medir su impacto sobre la inversión nacional y extranjera, así como las repercusiones en el fortalecimiento del sector energético en general.
La misiva fue suscrita por Jean Pierre BOU, encargado de negocios de la delegación de la Unión Europea, y enviada también al canciller, Marcelo Ebrard, a la titular de Economía, Graciela Márquez y al jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo.
Inversiones canadienses por 450 millones de dólares, en riesgo
La embajada de Canadá expresó, de forma simultánea con los embajadores de la Unión Europea su inconformidad ante el nuevo acuerdo para el despacho de energías renovables en México, argumentando que pone en riesgo la operación y continuidad de proyectos de energía renovables de empresas canadienses en México, y que pone en riesgo 1,000 empleos e inversiones por 450 millones de dólares provenientes de ese país.
“Dicho acuerdo se une al resto de medidas, cambios en las leyes y políticas que atentan contra la inversión en energías renovables en el país”, expresó Graeme C. Clark, embajador designado de Canadá.
Añadió que “en los últimos meses, empresas canadienses con inversión y proyectos en el país han enfrentado diversos desafíos”, tales como la cancelación de subastas y modificación a los lineamientos para otorgar certificados de energía limpia.
Entre las empresas afectadas, se señaló a ATCO, Canadian Solar, Cubico Susteinable Investments y Northland Power, mismas que a decir de su representación diplomática han confiado en México como un país para sus inversiones.
Sin embargo, las medidas tomadas ponen en riesgo a corto plazo inversiones por 450 millones de dólares y la creación de más de 1,000 empleos.
Por lo mismo, se solicitó una reunión telefónica a la brevedad con la Secretaría de Energía, con l objetivo de dar seguimiento a esos temas.
Posible arbitraje dentro del TLCAN
Fuentes al tanto comentaron que, en caso de no tener una respuesta satisfactoria a sus inquietudes por parte del gobierno mexicano, las empresas canadienses afectadas por las medidas promovidas por la Sener podrían iniciar un proceso legal en contra de estas, acogiéndose al Capítulo 11 del todavía vigente Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Dicho capítulo, que trata sobre las reglas de trato para los inversionistas de los países miembros, establece que un inversionista que alegue que un gobierno anfitrión ha violado sus obligaciones de inversión, podrá someter la reclamación a arbitraje.
En este caso, el inversionista deberá notificar por escrito a la parte contendiente su intención de someter una reclamación a arbitraje con un mínimo de 90 días antes de que se presente formalmente la demanda.
El inversionista podrá optar por las reglas procesales de uno de los siguientes mecanismos de arbitraje (artículo 1120):
- El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial;
- El Mecanismo Complementario del CIADI; o
- La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI).
Se constituirá un tribunal integrado por tres árbitros. Cada una de las partes contendientes nombrará a uno de los árbitros, y el tercero, quien será el presidente del tribunal arbitral, será designado por común acuerdo de las partes. El tribunal seguirá las reglas procesales aplicables al mecanismo de arbitraje elegido, salvo en la medida de lo modificado en el TLCAN.
El TLCAN está viviendo sus últimos días, pues el próximo 1 de julio será remplazado por el Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC), pero al margen de eso, los procedimientos iniciados bajo el amparo del TLCAN serán resueltos bajo sus reglas independientemente de la puesta en vigor del nuevo acuerdo.
rrg