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Casi 14 millones de trabajadores en México tienen ingresos en el rango límite de la línea de pobreza

La pandemia del Covid-19 no sólo profundizó la desaceleración de la actividad económica en México, también revirtió los avances importantes que se habían logrado en materia de pobreza laboral durante los cuatro años recientes.

Foto EE: Eric Lugo

Foto EE: Eric Lugo

Para adquirir la cesta de bienes y servicios básicos individual en las regiones urbanas de México se necesitan al menos 3,718 pesos mensuales, de acuerdo con la estimación de la línea de pobreza del Coneval. Según el Inegi casi 14 millones de trabajadores tienen ingresos de máximo un salario mínimo, equivalente a 4,251 pesos o menos cada mes. 

Esta situación implica que, exactamente, 13 millones 963,370 trabajadores perciben por su trabajo apenas lo justo o incluso menos de lo necesario para adquirir la canasta básica en las urbes, en términos proporcionales 3 de cada 10 (26%) trabajadores están en esta situación, de acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi.

El contenido de la cesta mínima establecida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) incluye alimentos preparados, productos agropecuarios, bebidas, servicios del hogar, vivienda, transporte, salud, educación y productos de higiene personal. 

Resulta fundamental resaltar que la estimación del costo de la canasta básica, 3,718 pesos al mes, es sólo para una persona. Esto implica que en los hogares urbanos en donde viven, por ejemplo, dos personas serían necesarios 7,436 pesos cada mes para adquirir estos bienes y servicios mínimos. Y así para cada integrante adicional. En México, de acuerdo con la Enigh 2018 (Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares) hay 3.7 integrantes en promedio por cada hogar. 

Esta situación es uno de los focos rojos en el contexto de la crisis económica generada por la pandemia debido a que en la mayoría de los hogares mexicanos no trabajan todos los integrantes, especialmente en los que hay menores de edad. 

La pandemia de Covid-19 no sólo profundizó la desaceleración de la actividad económica en México, también revirtió los avances importantes que se habían logrado en materia de pobreza laboral durante los cuatro años recientes. 

El índice de tendencia laboral de la pobreza, calculado también por el Coneval, analiza el poder adquisitivo de los salarios y sueldos de los trabajadores en el país. A partir del 2017 había mostrado un repunte que implicaba un alza en la capacidad de los ingresos laborales para adquirir la canasta básica, misma tendencia que se encuentra en riesgo por la crisis laboral. 

Al cierre del 2020 el nivel de trabajadores cuyo salario o sueldo era insuficiente para cubrir apenas la cesta mínima alimentaria fue del 41% del total de trabajadores, de acuerdo con las cifras del Coneval. Y aunque con cifras más actualizadas de la ENOE a febrero podemos observar una recuperación del empleo y de las remuneraciones de los trabajadores todavía son altos los niveles de trabajadores con ingresos insuficientes para vivir, al menos en las regiones urbanas del país. 

Además de la pobreza laboral, la crisis por Covid-19 ha profundizado la ya grave situación de pobreza general en México. De acuerdo con el informe oportuno sobre el impacto de la Covid-19, en México se sumarían a la pobreza entre 9 y 11 millones de mexicanos a las filas de la pobreza. 

Esto derivado no sólo de que los ingresos laborales son más precarios y no empatan con el aumento generalizado de los precios; en México adicionalmente hay una gran parte de la población cuya principal fuente de ingresos no es el trabajo sino apoyos del gobierno o de terceros privados. 

En el país, de hecho, 5 de cada 10 pesos que entran a los hogares más pobres (decil I) ni siquiera dependen de ellos, la mayor parte viene de programas sociales, remesas o instituciones de la sociedad civil. En este sentido, la problemática de la pobreza se extiende, no sólo a quienes trabajan y no ganan lo suficiente, sino a quienes tienen ingresos inseguros e inciertos.

No sólo el Coneval, que es la institución autónoma nacional encargada de influir bajo el análisis en las decisiones de política de desarrollo social, también organismos internacionales como la Cepal y la ONU, han enfatizado en la necesidad de implementar mecanismos de contracción ante la crisis, de no hacerlo podría eliminarse hasta una década de avances en materia de desigualdad y pobreza en un país de ingreso medio alto, donde estos indicadores son similares sólo a naciones centroamericanas de bajo ingreso como Guatemala, Honduras y El Salvador. 

¿Por qué importa corregir la pobreza?

México es uno de los países donde a pesar de la prosperidad económica y altos niveles de producción, la pobreza persiste porque la riqueza se concentra de manera desproporcionada en unas pocas personas y deja fuera de las oportunidades a la mayoría de los mexicanos, especialmente los que pertenecen a grupos vulnerables como las mujeres, los indígenas o la comunidad LGBT

La información procesada con data del Coneval y el Inegi es alarmante: 3 de cada 10 trabajadores viven en el limbo con ingresos que rozan el límite de lo básico para cubrir necesidades como la alimentación, la limpieza corporal o asistir a la escuela. Eso sin considerar a la población económicamente activa que se encuentra desempleada o en paro temporal, los menores de edad, los adultos mayores y las personas que por alguna condición física o mental están imposibilitadas para trabajar. 

La Cepal calculó que derivado de la crisis global por la Covid-19, México tendría a casi la mitad de su población en situación de pobreza, la cuarta proporción más grande de toda América Latina, si no se implementan de manera eficiente y eficaz mecanismos para contrarrestar el impacto. 

La inaccesibilidad de millones de hogares mexicanos a los bienes y servicios básicos para la vida, además, ha sido clave fundamental en el avance y distribución de la emergencia sanitaria. De acuerdo con estudios demográficos sobre los fallecimientos relacionados con la Covid-19 elaborado por el CRIM de la UNAM, la mayor parte de las víctimas del virus obedecen a un perfil de precariedad social. 

Aunque en un primer momento, la Covid-19 parecía una enfermedad de las clases altas, en pocos meses se ensañó con los más pobres con escolaridad apenas primaria, sin acceso a seguridad social ni salud, con ocupaciones precarizadas como el trabajo del hogar, conductores y obreros en maquilas. 

A la espera de un mejor dinamismo en el programa nacional de inmunización, una baja en los niveles de contagios y hospitalizaciones y un desempeño positivo de la actividad económica, México se mantiene con riesgos importantes en materia de pobreza y desigualdad social si no se actúa desde la política pública.

ana.garcia@eleconomista.mx

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Economista por la Universidad Nacional Autónoma de México. Periodista especializada en género, derechos humanos, justicia social y desarrollo económico.

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