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Cofece recomienda al Congreso rechazar cambios a la Ley de Hidrocarburos
La Comisión Federal de Competencia Económica dijo al Congreso que la aprobación de la reforma a la Ley de Hidrocarburos aumentarán los precios de los bienes y servicios de la industria nacional.
En una gasolinera de la franquicia Pemex oferta la gasolina Magna en $19.19 pesos, mientras que la Premium vale $19.99.
La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) recomendó al Congreso de la Unión no aprobar la iniciativa que reforma a la Ley de Hidrocarburos con la que se pretende revocar y negar permisos y devolverle mercado de combustibles a Petróleos Mexicanos (Pemex). De aprobarse, advirtió que aumentarán los precios de los bienes y servicios de la industria nacional.
De aprobarse en sus términos la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley de Hidrocarburos se afectaría negativamente el proceso de competencia y libre concurrencia de la cadena de valor de los hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, lo que podría resultar en una disminución de la oferta de bienes y servicios en la industria, con el consecuente aumento en los precios que pagan por ellos las familias y empresas mexicanas, según el regulador antimonopolios.
Cofece, que ganó en la Corte su controversia constitucional contra la Política de confiabilidad del sistema eléctrico de esta administración, advirtió que el marco constitucional vigente establece un régimen de competencia en la cadena de valor de los hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, dentro de las actividades de producción, importación, transporte, almacenamiento, distribución y expendio al público.
Para que Pemex, otras empresas productivas del Estado y los particulares puedan participar en dichas actividades requieren de permisos –que deben otorgarse de manera expedita y no indebidamente discriminatoria–, cuyo objetivo es el cumplimiento de requisitos razonables vinculados con la seguridad, capacidad operativa o infraestructura, entre otros. En ningún caso, el régimen de permisos debe restringir el acceso a los interesados que cumplan con los requisitos aplicables.
Por tanto, la iniciativa presidencial que ya se dictaminó sin modificaciones después de su análisis con especialistas en la Comisión de Energía de los diputados, desincentivaría la entrada y reduciría la oferta al distorsionar el régimen de permisos, porque faculta y da amplia discrecionalidad a la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para suspender temporalmente permisos en caso de que consideren de peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional, aunque estos conceptos no se definen ni se establecen criterios para su clara aplicación, según la Cofece.
Además, considera que generaría incertidumbre al modificar de afirmativa a negativa ficta en la resolución de las solicitudes de cesión de permisos, lo que reduce los incentivos de la autoridad para resolverlas de manera expedita, e impide inicialmente a los agentes económicos conocer las razones para negarlas y reduciría el número de competidores y la oferta al establecer la comprobación previa de cierta capacidad de almacenamiento requerida por la Sener para el otorgamiento de permisos.
“Si bien contar con capacidad de almacenamiento suficiente es necesario para que exista competencia en la cadena de producción de combustibles, requerir su comprobación previa al otorgamiento del permiso genera un círculo vicioso entre la falta de dicha capacidad por la inexistencia de permisos, y la falta de estos ante la escasez de infraestructura, desalentando inversiones en este rubro”, expuso la Cofece.
Además, la iniciativa permite la revocación de permisos vigentes que, a la entrada en vigor de la reforma planteada, incumplan con este requisito, lo que constituiría una violación a los derechos adquiridos y una restricción injustificada a la oferta, detalló finalmente el regulador.
