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Demanda de la SCT, acto de censura: Rivada
Una demanda por difamación por parte de un gobierno genera la percepción de censura e inhibe la inversión privada en proyectos públicos, aseguró Consorcio Rivada.
Una demanda por difamación por parte de un gobierno genera la percepción de censura e inhibe la inversión privada en proyectos públicos, aseguró Consorcio Rivada.
Este domingo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dio a conocer que presentó una demanda por daño moral en contra del Consorcio Rivada Network y su presidente Declan Ganley, ante el Poder Judicial de la Federación.
Al respecto Rivada informó que aún no ha sido notificada de la demanda. No obstante, la empresa reiteró su entera disposición a enfrentar el proceso, ya que constituye un hecho histórico, sin precedentes a nivel global.
Con ello coincidió la SCT pues reconoció que se trata de la primera demanda que por daño moral presenta una dependencia federal.
Rivada afirmó que el que un gobierno demande a un individuo o una empresa por difamación, constituye un acto de censura en si mismo e inhibe la participación del sector privado en cualquier contrato de Asociación Público Privada por los riesgos que ello implica .
También cuestionó que la dependencia había dicho que interpondría la demanda ante las cortes de Estados Unidos, finalmente la presentó ante el Poder Judicial de la Federación en México.
Insistió en que los argumentos que ha presentado se basan en acciones concretas y testimonios bajo juramento, ordenados por un Juez. Por lo tanto, la empresa reiteró que mantendrá distintas acciones legales con el propósito de salvaguardar los derechos de la misma.
Rivada Networks da la bienvenida a las acciones emprendidas por la SCT, ya que estamos convencidos de que éstos, auxiliarán en el esclarecimiento de los hechos y le darán la razón al grupo .
Mientras llevan su curso las demandas interpuestas tanto por Rivada como por la SCT, recientemente Altán Redes y el Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (Promtel) firmaron el contrato de Asociación Público-Privada que da inicio formal al proyecto de infraestructura de telecomunicaciones más importante de esta administración, la Red Compartida, que dará acceso a 92.2% de los mexicanos a servicios de telecomunicaciones.
Según estimaciones de la SCT en sus primeros años, el despliegue de la Red Compartida podría requerir a Altán, una inversión por arriba de los 8,000 millones de dólares.
cjescalona@eleconomista.com.mx
mfh