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EU endurece reglas ambientales en el T-MEC revisado
Crecerá el número de tratados internacionales de protección ambiental que deben respetarse en la relación comercial trilateral.
Foto EE: Archivo
Estados Unidos logró endurecer las disposiciones ambientales en las adendas del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), con la obligación, entre otras medidas, de cumplir más acuerdos multilaterales.
Para abordar algunas preocupaciones del Congreso estadounidense sobre la aplicabilidad de las disposiciones en este ámbito, las enmiendas al nuevo acuerdo comercial revisaron el capítulo sobre medio ambiente a fin de ampliar la cobertura, la aplicación y las funciones de supervisión del acuerdo.
Algunas de las enmiendas al T-MEC son análogas a las del capítulo laboral. Por ejemplo, en el texto revisado se establece la presunción de que una disputa ambiental o laboral afecta el comercio y la inversión a menos que una parte demandada pueda probar lo contrario.
Con las adendas, las revisiones requieren que cada parte adopte, mantenga e implemente leyes, reglamentos y otras medidas para cumplir con siete acuerdos ambientales multilaterales (AAM) de los cuales es parte.
Estos AAM son: Convención sobre el Comercio Internacional se Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES, por su sigla en inglés); Protocolo de Montreal sobre sustancias que agotan la capa de ozono; Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques (MARPOL); Convención de Ramsar sobre humedales; Convención sobre los Recursos Vivos Marinos Antárticos; Convención Ballenera Internacional, y Convención Interamericana del Atún Tropical.
El T-MEC, como se firmó originalmente, sólo hizo referencia explícita a CITES, MARPOL y el Protocolo de Montreal.
Además, los cambios últimos al T-MEC crean en la legislación de implementación un Comité Ambiental Intersecretarial para el Monitoreo y la Aplicación, análogo al del capítulo laboral, y establecen agregados enfocados en el medio ambiente en la Ciudad de México para monitorear el cumplimiento del acuerdo.
La legislación de implementación autoriza, asimismo, subvenciones bajo el Programa de Infraestructura de Agua de la Frontera México-Estados Unidos, el Fondo Fiduciario para el Control del Comercio y una recapitalización del Banco de Desarrollo de América del Norte (Nadbank).
En general, las obligaciones del T-MEC en materia de medio ambiente incluyen prohibiciones de algunos de los subsidios más dañinos a la pesca, tales como aquellos de buques y operadores involucrados en la pesca furtiva e ilegal.
También protege a especies marinas, como ballenas y tortugas marinas, incluyendo la prohibición a aletas de tiburón y un compromiso de trabajo conjunto para proteger los hábitats marinos. Obliga a mejorar la efectividad de las inspecciones aduaneras de embarques que contengan fauna salvaje y flora en los puertos de entrada y asegurar el combate a la pesca prohibida.
Por último, se recapitalizará el Nadbank para otorgar créditos concesionales, lo cual se esperó desde el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y no se logró en la primera versión del T-MEC. Ahora, de ratificarse, contará con importantes fondos adicionales para financiamientos directo y proyectos. Primeramente, la Representación de Comercio de los Estados Unidos (USTR, por su sigla en inglés) y algunos miembros del Congreso negociaron los cambios propuestos al T-MEC.
Luego, la USTR negoció las enmiendas con los otros países de la región. México fue el primer país en ratificar el acuerdo en junio de 2019 y aprobar las enmiendas por un voto de 107-1 en el Senado mexicano el 12 de diciembre. Se espera que el Parlamento de Canadá lo ratifique a principios del 2020.
El Congreso está considerando el T-MEC bajo las reglas de la Autoridad de Promoción Comercial (TPA, por su sigla en inglés), que es la autoridad por tiempo limitado que el Congreso utiliza para considerar la implementación de la legislación para los acuerdos comerciales bajo procedimientos acelerados, siempre que cumplan con ciertos requisitos legales. Bajo la TPA, el Congreso tiene un máximo de 90 días legislativos para votar sobre el acuerdo.
