Estatización de YPF saldrá a Argentina más cara de lo previsto

La jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos, escuchará los argumentos de Burford Capital y de Argentina en el caso de las sociedades Petersen y Eton Park para determinar entre fines de agosto y principios de septiembre el costo que el Estado nacional deberá pagar al fondo por la estatización del 51% de las acciones de la petrolera YPF en 2012.

Preska decidía cuanto deberá abonar, el rango va de los 4,999 a los 16,100 millones de dólares, según la fecha que se tome para calcular el valor. Preska ya había definido el 31 de marzo pasado que YPF, una Sociedad Anónima de gestión privada que cotiza en la Bolsa de Nueva York y en la de Buenos Aires, quede libre de cargo y culpa.

Desde mediados de marzo, cuando el mercado empezó a intuir que la petrolera no tendría que pagar nada por este caso y apenas 287.5 millones de dólares por el de Maxus, la acción de la petrolera líder en Vaca Muerta trepó casi un 70% en cuatro meses.

La jueza sentenció que el Estado nacional debió haber hecho una Oferta Pública de Adquisición (OPA), en base al estatuto de YPF, porque estaba por adquirir más del 15% de las acciones entonces en manos de Repsol. En cambio, el gobierno de Cristina Kirchner se apropió del 51% de la petrolera, que quedó bajo la dirección de Axel Kicillof. Años más tarde, se le pagaron a Repsol unos 5000 millones de dólares.

Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors, está presenciando el juicio en Nueva York y apuntó en su cuenta de la red social Twitter que el caso se trata de "la mayor sentencia económica contra un país soberano en la historia de las cortes norteamericanas". "De los 16,100 millones de dólares que Argentina podría pagar por la expropiación de YPF, 7600 millones de dólares dependen de la tasa de interés aplicable que Preska decidirá: entre 0% y 8%", agregó.

Expropiación de YPF

La diferencia restante, unos 3500 millones de dólares, dependerá de la fecha que determine la jueza en que la Nación tomó el control de la firma. Burford Capital pretende que sea el 16 de abril de 2012, el día en que se anunció la estatización, mientras que la Argentina argumenta que fue el 7 de mayo de ese año, cuando se promulgó la Ley 26.741 que declaró de "Utilidad Pública y sujeto a expropiación" el 51% del patrimonio de YPF.

En el medio de esas tres semanas, el valor bursátil de la compañía se desplomó ante el temor de los inversores por la acción que había tomado el Estado nacional y la posibilidad de una ola de estatizaciones en el país. Burford Capital compró en 2015 por 15 millones de dólares los derechos a litigar por la quiebra de las sociedades Petersen, de la familia Eskenazi.

En cualquier caso, la sentencia de Preska puede atravesar instancias de apelación y la Nación no tiene el dinero para pagarla, por lo que los conocedores del tema estiman que ya durante la gestión de un nuevo gobierno en 2024 la Argentina podría tomar deuda pública para hacer frente a ese compromiso. Argentina todavía espera la definición de otros juicios internacionales.