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Mexicanos pagan altos sobreprecios por bienes básicos
De no existir el poder de mercado que tienen empresas en sectores como tortilla, huevo, carne, leche y vegetales, el poder adquisitivo del salario crecería 15%, de acuerdo con un estudio de próxima difusión.
En México, las familias pagan un sobreprecio de hasta 98.2% por bienes de consumo básico como tortilla, pan, huevo, carne, leche, frutas, verduras, lácteos, carnes procesadas y medicinas, debido al notable poder de mercado de las empresas de esos sectores, afirmó la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
El cálculo es parte de las conclusiones de un estudio que la Cofece encomendó al economista Andrés Aradillas López y que se dará a conocer en breve, reveló Alejandra Palacios, presidenta del órgano antimonopolios.
De no existir el poder de mercado de estas compañías, “las familias observarían un efecto automático en la capacidad adquisitiva de sus salarios de 15%”, dijo la funcionaria en un evento conmemorativo de los 25 años de la creación del primer órgano antimonopolios en México.
Comentó que la pérdida en bienestar en regresiva “afecta con mayor intensidad a los sectores más pobres del país, le evidencia empírica, que aparece en el estudio que daremos a conocer, demuestra que 10% de los hogares con menores ingresos pierde cinco veces más que aquellos de los hogares con 10% más alto de ingresos, comparando el primer decil con el último decil”.
Estos resultados, advirtió, “nos deben comprometer como autoridades, seamos entrantes o salientes, desde cada orden de gobierno y desde las responsabilidades administrativas y legislativas, a revertir los altos costos de la falta de competencia, tanto a partir de regulaciones y acciones de política pública que fomenten la participación de más empresas, como de la efectiva aplicación de la ley por parte nuestra y del IFT”.
Contrastes
A partir de la conformación de la Cofece en el 2013 —que remplazó a la antigua Comisión Federal de Competencia, creada en 1993— los beneficios generados a los consumidores por las intervenciones del órgano regulador en diferentes mercados ascienden a 11,000 millones de pesos, monto equivalente a cuatro veces el presupuesto de la Cofece durante el mismo periodo de tiempo, comentó Palacios Prieto.
“En la Cofece estamos decididos a aprovechar al máximo las capacidades ofrecidas a partir de la reforma constitucional del 2013, para hacer valer la ley y garantizar en el marco de nuestras facultades cancha pareja entre competidores”.
Por su parte, Gabriel Contreras, presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), también constituido en el 2013, destacó que durante este tiempo se ha impulsado una cultura de competencia, que ha pasado desde acciones como perseguir y sancionar prácticas anticompetitivas, hasta la incorporación de sus principios en el quehacer público, en el diseño de políticas públicas, en la función regulatoria del Estado, en procesos de licitación e incluso en diversos actos administrativos.
Dio como referencia que el IFT ha perseguido y sancionado prácticas anticompetitivas,impuesto medidas correctivas, evaluado y autorizado concentraciones relevantes en estos sectores, y en algunos casos imponiendo condiciones para evitar efectos adversos al proceso de competencia.
“Se rompieron paradigmas”
Nueva política de competencia enfrentó resistencias políticas: EPN
El presidente Enrique Peña Nieto expuso que durante su administración tuvo que enfrentar “resistencias” incluso políticas, para impulsar los cambios necesarios en materia de competencia económica para diversos sectores de México.
“La experiencia dejada en este proceso es reconocer que cuando se propone uno impulsar un cambio así, de romper paradigmas y con viejos esquemas, la verdad uno enfrenta enormes resistencias y resistencias que son muy dominantes en lo que hacen y hasta en el ámbito político”, indicó.
En consecuencia, abundó, siempre esa resistencia que tuvimos que enfrentar genera desgaste para quien está decidido a impulsar estos cambios.
“Pero los beneficios ahí están. Hoy la gente, repito, tiene acceso a mejores productos, a mejores precios, a una variedad de servicios que se prestan en distintos campos de la economía y eso, sin duda, redunda en calidad de vida”, manifestó.
Por eso, expresó, aquí a los órganos reguladores, que no les espante y mejor ni les preocupe si sus definiciones son aplaudidas y reconocidas, hagan lo que tienen que hacer para defender al consumidor y para garantizar que sus decisiones redunden en condiciones de bienestar para la población. (Leopoldo Hernández)
