Flexibilizarán contratos en obra pública argentina

Las próximas concesiones y las adjudicaciones de servicios que licite el Estado argentino serán, según apuesta el gobierno de Javier Milei, "más sólidas jurídicamente" y -al mismo tiempo- más "flexibles". Por otra parte, todos los contratos de obra pública de administración, ampliación, reparación y mantenimiento podrán ser renegociados.

A través de la publicación en el Boletín Oficial, la Casa Rosada dio a conocer la reglamentación de los artículos de la Ley Bases que refieren al sistema que utilizará el Estado para proponer, negociar, licitar, evaluar, concede, renegociar y rescindir contratos con privados.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, fue quien caracterizó a la normativa -que lleva su firma junto a la del primer mandatario, a la del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y a la del ministro de Economía, Luis Caputo- como capaz de otorgar flexibilidad y solidez al sistema.

Se destaca que, a partir de ahora, las concesiones podrán tener un plazo de tiempo fijo o, si es necesario, variable. Con el modelo "chileno" en el horizonte, el adjudicatario tendría el control hasta "que se recupera la inversión".

"Si la obra es exitosa el plazo se acorta porque el recupero se concretará más rápido. En cambio, si la obra es menos redituable el plazo se extiende. De esta manera el concesionario no asume un riesgo de 'demanda' y al reducirse puede ofrecer mejores condiciones", señaló el ministro que, por estas horas, es uno de los preferidos en la consideración presidencial.

Además se permiten mecanismos automáticos de actualización de los montos comprometidos, por ejemplo, en Unidades de Valor Adquisitivo (UVAs) para proteger "la ecuación económica del proyecto", evitando "redeterminaciones que siempre generaban una oportunidad para la corrupción", agregó el encargado de la modernización del Estado.

Al sistema de resolución de controversias se agrega la ejecución de "concesiones de Proyecto-Precio donde la ingeniería del proyecto queda en manos de los oferentes". Con este mecanismo, el Gobierno espera poder acelerar la ejecución de las obras" en "dos o tres" años respecto del sistema tradicional".

Respecto de las renegociaciones, la nueva reglamentación permite que la inicien los contratistas, pero deberán "renunciar al daño emergente, al lucro cesante, a los gastos improductivos y a los eventuales perjuicios económicos" derivados de la "suspensión o paralización de los trabajos o prestaciones" mientras se llegue a un resultado en el expediente.

Para pedir cambios en un contrato, los privados tienen que dar una "descripción precisa de la emergencia y su nexo causal directo con la afectación en la ejecución del contrato", como así también, un detalle del grado de avance hasta la fecha.

En ese sentido, quienes busquen una renegociación, no podrán recurrir los resultados de ese mecanismo ante la Justicia.