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Gobierno deberá levantar 80% de lo que le costarán las plantas de Iberdrola

De los 111,500 millones de pesos requeridos para la compra, 40% provendrán de una aportación de capital de riesgo y 60% de la banca y mercados; pero del primer concepto Hacienda otorgaría, vía Fonadin, solo un 51%, que equivale a casi 23,000 millones de pesos.

Para efectuar la compra de 13 plantas eléctricas a la española Iberdrola, el gobierno mexicano cuenta apenas con 20% de los recursos necesarios, por lo que precisa levantar el resto a la brevedad entre inversionistas institucionales, bancos e inversionistas en general, de acuerdo con lo explicado este miércoles por Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda y Crédito Público.

El funcionario acudió a la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, tribuna desde la cual confirmó que la operación anunciada a inicios de este mes asciende a 5,943 millones de dólares, monto equivalente a unos 111,500 millones de pesos.

Apoyado en una presentación electrónica, el secretario explicó que, de esa cantidad, 45,000 millones de pesos (40%) se obtendrán a través de una aportación de capital de riesgo del gobierno, mientras que 66,500 millones de pesos (el restante 60%) se buscarán a través de financiamiento de la banca y el mercado.

“La aportación de capital de riesgo será de 40% y el financiamiento de 60%; financiamiento posible porque las plantas ya generan sus propios ingresos”, expuso en su presentación ante el presidente Andrés Manuel López Obrador. La operación se pagará a 10 años, según detalló. 

"La operación (del capital) la financia el Fonadin, es una aportación al capital de 45,000 millones de pesos. Esta es una aportación que hace Hacienda al Fonadin para darle esa capacidad de financiar la compra", agregó.

Sin embargo, en la lámina de su presentación en donde se explica la composición del financiamiento, se especifica que, de los 45,000 millones de pesos de capital de riesgo, el gobierno aportará únicamente 51% (unos 22,950 millones de pesos) a través del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), mientras que el 49% restante (22,050 millones de pesos) provendrá de “inversionistas institucionales”, sin que Ramírez de la O profundizara sobre las identidades de estos.

De modo que los 22,950 millones de pesos de aportación del gobierno representan, de momento, solo 20.6% del dinero requerido para cerrar la compra, lo que deja el resto para conseguirse a través de los citados inversionistas institucionales, financiamientos bancarios y del mercado de deuda.

“Lo que nos interesa es que Fonadin tiene el 51 por ciento del capital de riesgo”, dijo Ramírez de la O, al referir que ello le permitirá al gobierno detentar el control de las plantas, que a su vez operará la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Específicamente sobre el 60% de recursos que se buscarán en la banca y el mercado (unos 3,679 millones de dólares) mencionó como posibles financistas a Banobras, Nacional Financiera y el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), pero también citó el interés de “todos los grandes bancos” como BBVA, Banco Santander y Bank of America.

En la operación participará como enlace la empresa Mexico Infraestructure Partners, al que se presenta como el administrador de fondos de infraestructura y energía más grande de Latinoamérica, que administra inversiones por cerca de 4,000 millones de dólares y cuenta con amplia experiencia trabajando con el Fonadin. Esta empresa será encargada de la operación del vehículo de inversión, así como de la realización de contratos y pagos, en nombre de los inversionistas. 

De la O dijo además que en la operación con Iberdrola se pactó que el gobierno reciba los flujos de efectivo generados por las plantas objeto de la transacción desde el 1 de enero de este año, pero en tanto no se cierre la operación Iberdrola recibirá un interés de 3.6% por esos recursos, lo cual describió como un incentivo para que la operación se cierre a la brevedad.

En cuanto a los detalles operativos de la infraestructura que se compra, expuso que se adquieren 8.5 gigawatts en 13 plantas de generación de las cuales 12 son ciclos combinados y una central eólica. Esta generación se suma a los 44.2 gigawatts con los que ya cuenta la CFE, que será la operadora de las centrales. Con ello, se tendrá una disponibilidad de 52.7 gigawatts por parte del Estado, cuando según la Secretaría de Energía en su Pronóstico entre 2022 y 2036 estima que se llevará a 48.1 gigawatts en la demanda pico del sistema. 

“Nadie puede frenar el suministro de energía y los servicios públicos”, aseveró Hacienda”, CFE operará 55.5% de la capacidad de generación eléctrica del país. 

La compra de estas centrales añade una vida útil de 28 años a las plantas del Estado, puesto que el promedio actual de la vida de los activos se reducía a ocho años, pero se compra infraestructura con valor por hasta 18 y 10 años. 

En lo que se refiere al costo de la transacción, de 5,943 millones de dólares, el precio unitario de 696,000 dólares por megawatt “representa un descuento en transacciones comparables”. En negociaciones comparables en Latinoamérica, el precio promedio por megawatt ascendió a 700,000 dólares por megawatt, lo que implica un ahorro de alrededor de 6%, similar al de transacciones precedentes, aunque con otro método de referencia, que fue la valuación de analistas, el costo fue 9% más alto. 

Iberdrola, que durante más de 20 años ha sido la privada con mayor generación de electricidad en México, informó el pasado 4 de abril el convenio para vender 8,539 megawatts de capacidad, que son el 77% de los activos que tiene en el país. 

karol.garcia@eleconomista.mx

Karol García es reportera de Empresas y Negocios.

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