Invasión, sabotaje y crimen organizado son barreras fácticas que inhiben la construcción de redes de Internet en México

Mérida.- Invasión, sabotaje, vandalismo y el crimen organizado, son cuatro situaciones que dificultan a las empresas la construcción de redes cableadas de Internet hasta en un 40% del territorio nacional, pero más acentuado en las regiones del Bajío, la zona rural de Oaxaca-Guerrero, Jalisco y la región norte del Golfo, de Veracruz a Tamaulipas, coincidiendo así que en varias poblaciones de esas regiones la brecha digital siga siendo amplia y la inseguridad galope.

Estas cuatro situaciones, entre otros factores, se han convertido ya en barreras fácticas para el despliegue de redes fijas de telecomunicaciones, que se suman a otras barreras de tipo regulatorio o de política pública, como la doble ventanilla, la tramitología, los derechos de vía o la polémica intergubernamental respecto a qué autoridad, desde el nivel municipal, estatal o federal, está habilitada por la ley para imponer tributación a los operadores en los despliegues de infraestructura.

Empresas de toda la cadena de valor de las telecomunicaciones, entre fabricantes de componentes, constructores e instaladores de infraestructura, operadores de red y proveedores de aplicaciones, entre otros, denunciaron que además de un mercado deprimido por la pandemia y la ausencia de una agenda apegada a resolver la brecha digital, ahora la industria debe salir a ciertas horas del día a construir red, aunque si bien aclararon que no han sufrido o registrado todavía hechos irreparables.

Hay invasión, dijeron, cuando particulares o terceras empresas se interconectan a las redes de los operadores y revenden o roban Internet para sus hogares; es sabotaje cuando, incluso, trabajadores de las empresas subcontratadas para construir red, dañan los tendidos; y es vandalismo, por ejemplo, cuando personas ajenas a la industria destruyen los tendidos. Querétaro y Guanajuato lideran en estas situaciones.

Pero ocurre también que los planes de cobertura de las empresas pasan por zonas geográficas “calientes”. Es allí cuando los trabajadores son levantados por grupos delincuenciales para asegurarse que de verdad son personal del sector de telecomunicaciones y no gente de terceros grupos. Confirmado esto, son regresados. Por estas situaciones, las compañías han preferido retrasar o definitivamente no llevar red a esos lugares e incluso, se tiene el registro de que algunas empresas han devuelto las concesiones para hacer red pública de telecomunicaciones y pierden oportunidad de negocio por asegurar a su personal técnico.

Todos estos hechos se suman también al contexto económico-regulatorio que padece la industria de las telecomunicaciones en el país para construir red cableada, pues los incentivos regulatorios para construir y hacer compartición de redes se han vuelto magros, en tanto que el valor de los insumos se han disparado por factores como la escasez de suministros y los retornos de inversión por construir red también son cada vez más lentos.

Durante una exposición en la Convención Nacional Canieti 2022 realizada en esta ciudad, las empresas American Tower, Megacable y Totalplay platicaron lo difícil que es construir red fija, y trataron de enfatizar en que las telecomunicaciones móviles se soportan en las redes fijas; por ejemplo, contaron que el 98% del viaje de una comunicación celular que sale desde el teléfono de un usuario y llega a su destino, al otro teléfono, pasa por redes cableadas, principalmente de fibra óptica; de ahí que insistieron en que las redes móviles de 4G y 5G son hasta ahora las más cableadas de la historia.

Estas son las empresas que recordaron a los mexicanos la necesidad de construir todavía, al menos, 50,000 kilómetros de redes basadas en fibra óptica y que el país presenta un déficit, de cuando menos también, 18,000 radiobases para comunicaciones celulares de 4G y 5G. Como ejemplificación, en México cada millón de habitantes es atendido en promedio por 270 radiobases, cuando los habitantes de Corea del Sur y Singapur son atendidos por un promedio de 1,400 radiobases por cada millón de habitantes.

El más reciente de los escollos, contaron, es una serie de iniciativas promovidas por distintos grupos políticos en los congresos de la Ciudad de México y Jalisco, para, en el escenario ideal, obligar a las empresas de esta industria a entubar los tendidos de red que van sobre la postería, por una supuesta contaminación visual que causa estrés en las personas.

Esta petición, si bien tiene la intención de limpiar el campo visual, resulta financieramente complicada de cumplir para las empresas, pues la construcción subterránea se incrementa hasta diez veces en comparación con el tendido aéreo; de 80,000 pesos que cuesta construir red área por cada kilómetro de distancia, hasta 680,000 pesos a un millón de pesos por cada kilómetro bajo tierra. “Los políticos… quieren conectividad o quieren apariencia, porque la inversión la estamos haciendo nosotros”, comentaron.

Todos coincidieron de nuevo en la necesidad de una actualización de la política regulatoria que promueva y acelere la inversión y la compartición de redes, pero con un mercado “más parejo” para que todos puedan invertir y hacer negocio.

“Vemos un horizonte México que es muy positivo, pero muy retador. Es un México hambriento de aplicaciones, de servicios de baja latencia y potente capacidad y velocidad. Pero, definitivamente, para que las inversiones sigan llegando al país se necesitan tres pilares: una cancha de juego bien pareja y bien rayada y bien delimitada; luego, una integración de los operadores y los órganos autónomos más justa y equitativa, y un capital humano fuerte, porque si no se tiene a las personas adecuadas, no se puede competir”, dijo Lauro Cantú Frías, director general de American Tower, un jugador con alrededor de 8,000 radiobases en operación en México y también ya participando en la construcción de tendidos de fibra óptica.

Los industriales reconocieron que las telecomunicaciones demandan inversión intensiva y recordaron que en el último lustro su inversión se ha incrementado hasta en 30% en términos reales, a pesar del cambio de régimen de gobierno, el crecimiento económico lento y la Covid-19.

Con la pandemia, dijeron,  los servicios de telecomunicaciones se hicieron tan importantes como el agua y la luz. “Sin conectividad esto de la pandemia habría sido mucho peor”, lanzó Eduardo Ruiz Vega, director jurídico de Totalplay.

“El segmento es intensivo en la inversión (…) Hay que decirlo: nosotros invertimos, no estamos usando un bien del dominio público como es el espectro y claramente la 5G necesita fibra óptica, sin fibra y la inversión que hacemos todos, no hay paraíso (…) No hay ese partnership entre política y la inversión privada y ahora hay cinco iniciativas que pretenden volver obligatorio que la infraestructura se entierre porque hay un daño emocional, por contaminación visual, pero el tema real es que hay un apetito por querer cobrar más y más derechos”.

Juan Carlos Hernández Fernández, abogado corporativo jurídico de Megacable Holdings, coincidió en demandar a la autoridad que se enfoque más en la vigilancia de las infraestructuras, en vez de promover regulaciones que paren la inversión.

La invasión, el sabotaje, el vandalismo y el crimen organizado es lo que gobiernos debieran observar, porque ahora son las mismas empresas que envían cuadrillas a vigilar las redes, y evalúan también entrar o no un mercado:

“Estos son hechos cada vez más repetitivos y lo denunciamos los operadores (…) Por su parte, los grupos delictivos controlan ciertas plazas; ven un trabajador, lo vigilan, vienen y lo interrogan, lo levantan, pero, afortunadamente, en casos mayores, para Megacable, no ha ocurrido, los regresan para poner red para servicios. El Bajío presenta mucho esa problemática, a veces te piden un derecho de piso para atenderlo. Nosotros no hemos hecho negociación y no hemos abierto canales para que nos planteen algo así. Todas estas son barreras de entrada fácticas que no están contempladas en la ley, que ni si quiera el ente regulador lo puede controlar y porque el Estado no garantiza que un operador pueda entrar o cuando decide entrar es retirado por la fuerza fáctica que implica una amenaza de un grupo. En Tlaquepaque tuvimos un impasse en lo que coordinábamos las cosas con las autoridades de seguridad pública”, dijo Hernández.