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México atenderá preocupaciones sobre decreto de maíz: Economía

La Cofepris será quien tenga la última palabra sobre la entrada del grano transgénico, dice Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría de Economía.

Si el maíz genéticamente modificado estadounidense pasa los filtros sanitarios de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) no tendrá problema para entrar a México, adelantó Raquel Buenrostro, secretaria de Economía.

Con ello, dijo, se atenderá la inquietud del gobierno y empresas estadounidenses, quienes demandan del gobierno mexicano el uso de un enfoque basado en ciencia en lo relacionado con el decreto de diciembre del 2020 en el que se plantea la prohibición de las importaciones de maíz transgénico para consumo humano a partir del 2024.

Sin precisar una fecha, Raquel Buenrostro anticipó que en pocos días se publicará un nuevo decreto que, afirma, atiende esta y otras preocupaciones estadounidenses y debería servir para descartar la posibilidad de que se active un proceso de solución de controversias contra México al amparo del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) por imponer barreras injustificadas al grano estadounidense.

“En la nueva propuesta de redacción se puso un artículo así, ‘claritito’, que decía que el maíz transgénico iba a tener las evaluaciones de Cofepris con base científica, que es nuestra autoridad regulatoria sanitaria y que podrá trabajar en conjunto con las autoridades sanitarias regulatorias de los otros países. Entonces ahí ya no tendría ningún problema porque ahí ya está la ciencia. Y si ellos demuestran que no hay un daño a la salud, pues entonces se aprobará. Y está expreso y explícito. No hay tema. Si Cofepris dice que no genera ningún daño, entra el producto”, dijo Buenrostro a El Economista.

Además, recordó que México también propuso aplazar un año la entrada en vigor del nuevo protocolo de revisión de las importaciones, del 2024 al 2025, pues el secretario de Agricultura de Estados Unidos, Tom Vilsack, le comunicó personalmente al presidente Andrés López Obrador que los agricultores estadounidenses requerían de al menos dos años para planear sus ciclos de siembra y cosecha.

A mediados de enero una delegación de funcionarios estadounidenses visitaron México para dar seguimiento a los planteamientos que hiciera en noviembre el secretario Vilsack al presidente López Obrador, sin embargo, al término de la visita el gobierno estadounidense informó que los cambios propuestos por México le habían parecido insuficientes.

“Estos cambios no son suficientes y el enfoque propuesto por México no está basado en la ciencia y todavía amenaza con interrumpir miles de millones de dólares en el comercio agrícola bilateral, causar graves daños económicos a los agricultores estadounidenses y a los productores ganaderos mexicanos”, dijo en un comunicado el 23 de enero pasado.

Raquel Buenrostro admitió que el decreto de diciembre del 2020 tenía oportunidades de mejora, pues la redacción contenía ambigüedades. “Sí hay una parte (de la preocupación estadounidense) que es explicable porque, la verdad, el decreto no se entendía. Si uno se leía lo que decía, no coincidía con lo que se quería decir”.

Pero enfatizó que la nueva propuesta surge de una revisión profunda que incluyó mesas de trabajo con todas las dependencias de gobierno que tenían que ver con el tema (Semarnat, Sader, Cofepris, Conacyt y Senasica), además de pláticas con las empresas mexicanas y estadounidenses, y que “todo mundo estaba tranquilo con lo que se estaba haciendo (las modificaciones al decreto)”.

“Les explicamos (al sector privado) qué era lo que queríamos decir, porque no queremos violar tratados internacionales. Entonces todo lo que se entiende como una violación se elimina del decreto porque no es el interés del país violar los tratados”, dijo.

Cofepris, al frente

Y relató que, de hecho, el decreto modificado estuvo a punto de publicarse el año pasado, lo que no sucedió finalmente debido a la pauta que marcó la visita de Tom Vilsack a México, en la que se planteó la observación sobre el papel que tendría la Cofepris.

En la visita, expuso, el presidente López Obrador dejó en claro que el enfoque científico exigido por Washington sería asumido por la agencia sanitaria mexicana.

“El presidente en esa ocasión le comentó al secretario Vilsack lo que ya nos había pasado con los vaepeadores. Y creo que ya lo dijo en una mañanera, por eso lo comento, en el caso de los vapeadores se entregó un dossier científico por parte del gobierno estadounidense en donde se decía que los vapeadores solo tenían cuatro sustancias y que eran inocuas para la salud. Y cuando Cofepris hizo el examen, encontró que eran 27 sustancias, la mayoría cancerígenas. Por eso se prohibió y se regresó el dossier”, relató Buenrostro.

Y agregó que el secretario Vilsack insistió mucho en que era suficiente que Estados Unidos autorizara los productos, pero “nosotros le decimos que no, que lo tiene que revisar nuestra autoridad sanitaria. Y ese es el tema. El tema, lo que hay atrás cuando él habla de bases científicas, lo que no termina de decir es ‘con base en nuestras bases científicas’. Lo dijo expresamente el secretario Vilsack, no es necesario que Cofepris lo haga. Nosotros decimos, pues cómo no va a ser necesario, nosotros somos un país distinto y nosotros también tenemos que cuidar la salud de nuestra gente”.

México consume alrededor de 20 millones de toneladas de maíz amarillo al año, siendo la principal fuente de demanda el sector pecuario, con casi 80% de participación. Las importaciones mexicanas ascienden a unas 16.5 millones de toneladas, que provienen principalmente del vecino del norte, Estados Unidos.

empresas@eleconomista.mx

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