Norma Mexicana de Comercio Electrónico pondrá en desventaja a mipymes

Los “estrictos” requisitos de seguridad informática que demanda a los comercios la nueva Norma Mexicana de Comercio Electrónico podrían impedir  a las micro, medianas y pequeñas empresas y a los emprendedores que se inicien en el comercio en línea. La norma NMX-COE-001-SCFI-2018 supone la adquisición de una infraestructura de seguridad “onerosa y compleja”, lo que puede ser un obstáculo a la entrada de nuevos participantes, sobre todo de pequeños negocios, de acuerdo con la Asociación de Internet.MX.

Este 26 de septiembre, se presentó la Norma Mexicana de Comercio Electrónico, una serie de recomendaciones para los negocios que quieran integrar el comercio en línea a su estrategia o para los que busquen entrar de lleno al mercado digital. Se trata de un ejercicio de autorregulación y buenas prácticas promovido por el gobierno mexicano en colaboración con las organizaciones que agremian a los participantes del comercio electrónico en México, como la Asociación de Internet.mx (AI.mx) o la Asociación Mexicana de Ventas Online (AMVO).

“Puede ser complicado, sobre todo para los pequeños negocios cumplir con todos los requerimientos, con lo que podrían no obtener la norma”, dijo Enrique Culebro Karam, director de la Asociación de Internet.MX en entrevista con El Economista. El directivo de la asociación añadió que aunque no se ha hecho un estudio de impacto del costo de la infraestructura que exige la norma, de inicio creen que la seguridad debe ser suficiente pero no  compleja o difícil de seguir sobre todo por los negocios más pequeños.

La asociación sostuvo también que las disposiciones contenidas en la norma respecto de la protección de datos personales, la confidencialidad de las transacciones y la seguridad de los mecanismos de pago dan certeza a los consumidores, rebasan en ocasiones lo que ordena la regulación, en este caso la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, lo que puede presentar desafíos para la industria, sobre todo para los pequeños negocios.

“Sentimos que específicamente los temas de confidencialidad y de protección de datos personales lo que indica la norma es más complejo que lo que indica la ley de protección de datos personales y eso fue lo que pusimos sobre la mesa. Creemos que puede ser difícil para las pequeñas empresas que puedan cumplir con lo que dice la ley y además estos aspectos de mayor control y mayor seguridad”, dijo Culebro.

También impacta en los grandes

Entre los mayores participantes del comercio electrónico no sólo en México sino en la región se encuentran los intermediarios, o proveedores intermediarios, aquellos que proveen de una plataforma tecnológica en la que comerciantes y consumidores realizan intercambios comerciales. Mercado Libre, Sin Delantal y hasta Uber son ejemplos de estos intermediarios digitales.

La Asociación de Internet.mx también levantó la mano por una medida que quedó pendiente la cual afecta a estos intermediarios. “En otros países se entiende muy bien que estos marketplaces son solamente un enlace entre un vendedor y un comprador, por lo que se asume que ellos no tienen todo el control de los intercambios que están sucediendo en su plataforma” dijo.

“No se pudo diferenciar esa responsabilidad. Pareciera que pasa lo mismo que en los negocios tradicionales: no te sirve algo y vas a la tienda para regresarlo e incluso en estos negocios, después de cierto tiempo la garantía sólo es válida directamente con el proveedor”, dijo Enrique Culebro.

Aunque no es obligatorio hacer caso a las disposiciones de la nueva norma, ya que no se trata de una norma oficial mexicana (NOM) sino de una norma mexicana (NMX), el artículo 76 Bis 1 que se incluyó a la Ley Federal de Protección al Consumidor en las reformas promulgadas el pasado 12 de enero, establece que “el proveedor que ofrezca, comercialice o venda bienes, productos o servicios utilizando medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, se guiará por las disposiciones de la Norma Mexicana expedida por la Secretaría de Economía”.              

Eric Pérez Grovas, presidente de la AMVO, está convencido que el que la norma sea voluntaria es uno de sus principios fundamentales, pues se trata de una serie de recomendaciones y no de una regulación.  “El que sea una norma voluntaria ayuda a que las empresas decidan si quieren o no adoptarla. Eso para nosotros fue un principio importante al momento de sentarnos a la mesa. Al ser voluntaria, lo que busca es guiar. El espíritu es promover algunas buenas prácticas que pueden ayudar a que el consumidor tenga una mayor confianza a la hora de comprar”, dijo Pérez Grovas en entrevista con El Economista.

En esto coincidió Culebro, aunque matizó que el que la norma sea voluntaria o no obligatoria es la mejor opción por el momento, ya que así pueden hacerse observaciones y mediciones sobre cómo perciben los consumidores la formalización de este conjunto de buenas prácticas, además de que las empresas pueden verificar si este mecanismo funciona o no.

“La idea es que en el futuro se vaya optimizando esta norma y será un asunto de la próxima administración el que estas reglas estén en un proceso de actualización constante a partir de qué tan fácil o difícil fue implementarla”, dijo Culebro.

Aunque no ha dejado de crecer a doble dígito, en 2016, el comercio electrónico en México vivió su primera desaceleración desde que la Asociación de Internet hace un registro de su valor. Mientras que había estado creciendo a un ritmo superior a 30% desde 2010, hasta llegar a 58% entre 2014 y 2015, en 2016 la cifra bajó a 28.3 por ciento.

En una entrevista con El Economista respecto del nuevo acuerdo comercial entre México y Estados Unidos en agosto pasado, Culebro dijo que la asociación que dirige “sospecha” que habrá un crecimiento del comercio electrónico muy importante durante este 2018.

rodrigo.riquelme@eleconomista.mx