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OCDE y CCE chocan por no suspensión en reforma
José Antonio Ardavín, de la OCDE en México, celebró permitir el amparo indirecto sin opción a suspensión, mientras que Gerardo Gutiérrez, del CCE, consideró ese aspecto como preocupante.
La OCDE y el CCE chocaron este viernes en el último foro público en materia de telecomunicaciones que se llevó a cabo en el Senado de la República por sus puntos de vista diferentes sobre la no suspensión del acto reclamado en juicios de amparo que prevalece en la reforma del sector.
José Antonio Ardavín, director del Centro de la OCDE en México, celebró la decisión de permitir el amparo indirecto sin opción a la suspensión pero el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani, consideró este aspecto como preocupante.
Ardavín expuso que entre el 2005 y el 2010 se presentaron 138 amparos en México en el sector de telecomunicaciones, 83% de los cuales fueron denegados pero que al retrasar la acción del regulador en algunos casos hasta por 10 años, se beneficiaba al operador dominante.
En la totalidad de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la decisión del regulador se mantiene firme hasta que un tribunal resuelva la controversia y si no lo hace, esa controversia se resuelve de forma expedita , dijo ante los senadores.
Comentó que la creación de tribunales especializados en materia de telecomunicaciones y radiodifusión ayudará a reducir dramáticamente la litigiosidad imperante y el abuso que se daba del derecho de revisión .
En el mismo foro, Gutiérrez Candiani tomó la palabra y dijo que con los ajustes planteados a la reforma se puede dejar a las empresas sin acceso a la justicia, independiente y efectiva.
Se plantean medidas con efectos importantes para todos los sectores productivos, incluyendo una serie de puntos que la IP considera negativos para el entorno económico, la inversión y el empleo, entre ellos el concerniente a la justicia, añadió.
No se permite más medio de defensa ante procedimientos y fallos de la autoridad reguladora más que el amparo indirecto sin derecho a suspensión, el riesgo es para todas las empresas y no únicamente, como la nueva Ley de Amparo, para las que operan bajo permiso-concesión respecto a bienes del dominio del Estado , declaró.
Por otro lado, Ardavín pidió a los senadores no politizar a la Comisión Federal de Competencia y al Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Éstas (instituciones) juegan un papel eminentemente técnico y sus funciones deben de ser desempeñadas por profesionales de probada capacitación y experiencia en el sector. Su funcionamiento no debe estar sujeto a los vaivenes del escenario político y debe garantizarse que la experiencia acumulada en la Cofetel y la CFC permanezca , dijo.
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