Oxfam ofrece un decálogo para combatir la desigualdad en México

El informe sobre desigualdad en México de Oxfam ofrece un decálogo con puntos de acción para “poner fin a las realidades injustas” que vive el país. La idea, dijo Rocío Stevens, directora de Movilización Pública de la organización, es que los precandidatos a la Presidencia de la República y todo aquel que aspire a un cargo público en las elecciones de julio tengan un mapa de ruta para reducir la profunda brecha entre ricos y pobres.

En México, las 10 personas más ricas suman una riqueza de 108,000 millones de dólares, equivalentes a 10% del PIB nacional. Datos del informe de Oxfam, titulado México justo: Propuestas de políticas públicas para combatir la desigualdad, indican que en el año 2000 1% de los más ricos concentraba 24% de la riqueza; para el 2017, esta élite reúne el 28% de la riqueza nacional. En el mismo periodo, los niveles de pobreza se mantuvieron prácticamente iguales.

México justo presenta un diagnóstico a la vez que una serie de propuestas para la lucha contra la desigualdad. El decálogo es el siguiente:

1. Consolidar un sistema de seguridad social universal efectivo.
2. Incrementar los recursos de las cinco entidades federativas más pobres del país. para mejorar la infraestructura escolar, construir nuevos hospitales y mejorar el acceso y calidad de la educación.
3. A nivel nacional, enfocar los recursos a incentivar la matriculación escolar en el nivel medio superior, el cual cuenta con la mayor deserción entre estratos de bajos ingresos.
4. Una nueva política industrial para que la clase trabajadora mexicana pueda insertarse en el mercado internacional con empleos dignos y de calidad.
5. Elevar el salario mínimo hasta la línea de bienestar seguido de aumentos graduales de acuerdo a la inflación del país.
6. Creación de mecanismos innovadores para la exigencia de transparencia y rendición de cuentas, empezando por la correcta implementación del Sistema Nacional Anticorrupción que permitan el buen uso de los recursos públicos.
7. Reestablecimiento de un impuesto a la herencia.
8. Mejor recaudación del impuesto predial sobre la propiedad.
9. Mayores impuestos a rendimientos de instrumentos de renta fija y variable en mercados de capital.
10. Evaluar y diseñar un piloto para implementación de Ingreso Básico Universal.

La política social en México enfocada al combate a la pobreza ha fomentado el clientelismo, pues los programas sociales se usan con fines político-electorales, a decir de Stevens, en vez de fortalecer el ejercicio de los derechos de las personas que están en situación de pobreza. Una persona sumida en la pobreza en una sociedad con altos índices de desigualdad verá limitado su acceso a los derechos básicos y elementales, tales como el de la salud, la educación, la alimentación, el agua, la seguridad, el trabajo, entre muchos otros. En contraste, tienen pleno ejercicio de estos derechos quienes más tienen, lo que habla de que en el país, el modelo económico ha beneficiado sólo a las élites económicas, en detrimento de la mayoría.

Oxfam identifica cinco ejes en los que se debe incidir para combatir la desigualdad económica: corrupción y transparencia, la política social, el gasto en bienes públicos, la política laboral y el sistema tributario. 

Evasión fiscal de las élite políticas y económicas gracias a la creación de un sistema fiscal a modo, que provee deducciones y exenciones impositivas, amén de un sistema donde ambos grupos mantienen estrechos lazos para cuidar sus intereses, son el caldo de cultivo perfecto para la corrupción. Para combatirla, el informe de Oxfam recomienda que la participación ciudadana debe fortalecerse para generar contrapesos a los poderes fácticos, a la vez de la creación de mecanismos  que exijan y garanticen la transparencia de los gobiernos.

La política social asistencialista llevada por el gobierno mexicano hasta ahora ha demostrado ser ineficaz en el combate a la pobreza y la desigualdad. En su lugar, Oxfam propone fortalecer los sistemas de protección social, cambiar el enfoque de los programas sociales de paliativos de la pobreza a uno donde se desarrollen los derechos universales. Junto a éstos puntos, se propone también la implementación de un programa piloto de Ingreso Básico Universal, una transferencia monetaria no condicionada a todo ciudadano que le permitiría el ejercicio pleno de sus derechos, toda vez que ya no estaría sujeto a ningún tipo de cooptación política por su situación económica.

En lo que toca a gasto público, éste debe incrementar su inversión en infraestructura educativa y de salud, que impulse, al tener garantizadas la educación y la salud, la generación de capital humano en el país. Esto tendría un efecto en la movilidad social, que se elevaría al tener la población las condiciones míinimas necesarias aseguradas. Oxfam recomienda al mismo tiempo el diseño de una política de desarrollo económico dirigida al sureste del país, región que presenta los índices más elevados de pobreza y desigualdad, para que sus habitantes puedan romper con el círculo vicioso que les impide mejorar sus condiciones de vida.

Los derechos laborales —lo ha dejado al descubierto la modernización del TLCAN— han sufrido una fuerte erosión en México. El actual gobierno presume de ser el “sexenio del empleo”, pero la mayor parte de ellos con salarios en extremo precarios que no ayudan a salir de la pobreza. La política laboral se ha diseñado a favor de los capitales y en contra de los trabajadores. En el país se han presentado picos de productividad en los últimos años, pero, contrario al sentido común, esto no ha redundado en una mejora salarial. El informe Oxfam recomienda que se eleven los salarios mínimos para que los trabajadores alcancen la línea de bienestar, de forma gradual, para no incidir negativamente en la inflación. El sindicalismo debe ser promovido, lejos de los clientelismos y los liderazgos charros que le han aquejado en México, para que los trabajadores tengan una representación fuerte en la discusión y decisión de las políticas laborales, en las que sus intereses se defiendan. 

En el último eje de combate a la desigualdad, Oxfam ubica en el diseño del actual sistema tributario mexicano, a uno de los precursores del flagelo social. Lo que hace falta, a juicio de la organización, es una política fiscal progresiva, esto es, una mayor carga impositiva a quienes tienen mayores ingresos, en favor de los que menos tienen, con la objetivo de redistribuir el ingreso y proveer al Estado de recursos con los que se garanticen el acceso a los derechos sociales básicos. La forma de lograrlo, recomienda Oxfam, es gravando las herencias millonarias, mejorando el instrumento del impuesto predial, de forma que la recaudación aumente y sea más eficiente, y por último terminar con la desigualdad fiscal que favorece a los instrumentos de renta fija y variable en mercados de capital, que pagan sólo 10% de Impuesto Sobre la Renta (ISR).

luis.martinez@eleconomista.mx