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Pactan seguir con mesas de trabajo en seguridad y regulación
Acerca de la manifestación, el presidente ejecutivo de la ANTP, Leonardo Gómez, refirió que, como sector de autotransporte de carga, no se puede estar en contra de proteger el factor humano y que es loable buscar mayor seguridad en las carreteras en beneficio de toda la sociedad.
Jueves complicado en las carreteras. Luego de unas seis horas de bloqueos parciales por parte de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC) para demandar respuesta a diversas inquietudes de sus agremiados, principalmente por la creciente “ola de inseguridad” que ha causado la muerte de operadores, se informó que el diálogo con representantes de la Secretaría de Gobernación permitió liberar las vialidades con la promesa de atender la situación sin afectar a terceros.
Como primer acuerdo se va a continuar con el reforzamiento de seguridad en las carreteras federales, toda vez que ya se cuenta con 2,000 carros radio patrulla nuevos y 620 elementos egresados de la Guardia Nacional, que se incorporaron de inmediato al cuidado de las vías de comunicación federal, y en julio sumarán 800.
Los 13,848 robos registrados en el 2023, el 5% más con respecto al año previo, en el transporte de carga fueron el detonante para las manifestaciones registradas en carreteras de Jalisco, Estado de México, Querétaro, Veracruz, Puebla, Nayarit, Morelos o Hidalgo.
Las autoridades no lograron evitar la manifestación de la alianza de los llamados hombres-camión (que dicen contar con 98,000 afiliados y unos 490,00 vehículos) como sí lo hicieron la semana pasada con integrantes de la Federación Mexicoamericana de Transportistas (FEMATRAC), la Unión de Transportistas de Carga (UTRACASIN) y la Organización Integradora de Derechos Convencionales (INDECO), que amagaban con un paro nacional.
Por la mañana, la situación se tensó. En su conferencia, el Presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que la violencia que sufren los transportistas en las carreteras es un tema que se ha politizado y acusó que “hay líderes de estas organizaciones que son militantes de partidos conservadores y como vienen las elecciones aprovechan el viaje”.
En respuesta, el presidente nacional de la AMOTAC, Rafael Ortiz Pacheco, aseguró a El Economista que llegarían al zócalo de la Ciudad de México con la idea de “tocarle la puerta” al mandatario y decirle que su protesta no es porque sean un partido político ni es jugada política.
“Nosotros no podemos levantar un paro e irnos a nuestra casa y seguir poniendo la mejilla… La inseguridad nos trae de lado en este momento”, agregó.
Inseguridad, la preocupación
Acerca de la manifestación de este jueves, el presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP), Leonardo Gómez, refirió que, como sector de autotransporte de carga, no se puede estar en contra de proteger el factor humano y que “es loable buscar mayor seguridad en las carreteras en beneficio de toda la sociedad”.
“Todas las empresas de autotransporte y de todos los tamaños son importantes para el país y hay que atender la situación de inseguridad. Coincidimos en la necesidad de mayor vigilancia, aunque también hay que separar las agendas de las organizaciones porque hay diferentes visiones. Si se busca reforzar, por ejemplo, las inspecciones a los fulles que se haga de acuerdo con la norma existente, que es a la que nos apegamos”, comentó.
Su comentario es debido a que entre las peticiones de la AMOTAC previa al bloqueo está planteada la prohibición de vehículos doblemente articulados y su regulación, hacer una verdadera reclasificación de carreteras, eliminar los pagos a municipios por entrar a cargar o descargar mercancía, aplicar el reglamento de grúas y el emplacamiento por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) a camiones y autobuses de pasajeros de modelo atrasado, entre otras cosas.
“En la ANTP trabajamos con la autoridad para fortalecer la movilidad, la seguridad vial, el cuidado del ambiente y el desarrollo de infraestructura, así como evitar la sobre regulación en estados y municipios”, agregó Gómez.
Respecto a la cuestión de las placas federales, una persona relacionada con el asunto refirió que es “todo un tema aparte” porque van más de 15 años que la autoridad no emprende un programa de reemplacamiento sobre una base de datos confiable que permita comenzar a sacar de circulación las unidades que no cumplan con los requisitos ni con las verificaciones de condiciones físico-mecánicas, por ello, el gobierno no se comprometió.
