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Plan de obras, oportunidad para replantear las APP
El paquete de inversiones en infraestructura anunciado esta semana abre la posibilidad para que el gobierno establezca reglas claras sobre la rentabilidad que deben tener los privados en los proyectos, afirma socio de GEA Infraestructura.
Los 32 nuevos proyectos de infraestructura que serán impulsados por el sector privado representan para el gobierno federal una “buena oportunidad” para establecer reglas claras acerca de la rentabilidad que se debe tener en beneficio de ambas partes y para eliminar la visión de que las asociaciones público-privadas son negativas para el país, afirmó el socio de GEA Infraestructura, Adolfo Zagal.
“En administraciones anteriores se desarrollaba infraestructura a costa de una renta desproporcionada para los privados. No hay que dejar de pensar que quien invierta debe obtener una renta, pero equilibrada en relación con la inversión que está haciendo. Quizá en el pasado no se diseñaban los esquemas financieros de manera clara y las rentas estaban por arriba de lo que se debía invertir y recuperar”, afirmó el experto en el tema.
De acuerdo con el listado presentado en Palacio Nacional el lunes, de los nuevos proyectos en los que existe el compromiso de que al menos la mitad de los 259,195 millones de pesos será de aportación privada, diez están contemplados para ser concesiones, cuyo monto suma el 36% del total.
Sin embargo, no se conocen todavía detalles sobre la ley bajo la que se otorgarán, lo que es necesario para que los eventuales inversionistas puedan comenzar sus análisis.
Por ejemplo, en el sector carretero se contemplan seis concesiones que pueden ser licitadas bajo la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal o la Ley de Asociaciones Público Privada, entre ellos: el viaducto elevado Zaragoza, en la Ciudad de México, que requiere de 8,000 millones de pesos, la conexión oriente del Estado de México para llegar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que se estableció en 4,773 millones de pesos, y el puente vehicular Nichupté, en Quintana Roo, que requiere de 4,676 millones de pesos.
“Aún con la falta de información, es una buena señal que se acuerde una relación con el sector privado. Se tiene la certeza de que existe experiencia en los eventuales concesionarios y el gobierno puede destinar recursos a proyectos sociales. La rentabilidad debe ser adecuada, por ejemplo, en el caso de autopistas puede estar en niveles del 10-12%, aunque hay muchos elementos a considerar, pero en el pasado hubo casos que superaban el 20% y terminan siendo muy costosas, que es lo que se ha criticado en esta administración”, explicó Zagal. Desde su perspectiva, una opción a considerar es la de las propuestas no solicitadas que se plantean en la ley de APP porque eso implica un adecuado riesgo compartido.
Otro aeropuerto a Sedena
Acerca del reciente anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador de que la construcción de un aeropuerto en Tulum, Quintana Roo, estará también a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que se esperaba fuera anunciado esta semana, socio de GEA Infraestructura dijo que se trata de un mensaje contradictorio.
“Creo que el hecho de que el Ejército acapare el desarrollo de infraestructura no es lo más sano, los mensajes que se dan al mercado no son los mejores. Como gobierno un día hablas de inversión en donde la asociación con la iniciativa privada es importante y al otro que una obra relevante estará bajo el control del Ejército. Aunque no significa que no lo puedan hacer, ya está el ejemplo de la terminal de Santa Lucía, es un mensaje de desconfianza porque no cabe duda que la administración pública es menos eficiente para desarrollar proyectos”, refirió.
