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Políticas discriminatorias de AMLO frenan más de 1,500 proyectos de inversión: Coparmex
La Confederación Patronal acusa al gobierno de violar el T-MEC al otorgar permisos ambientales más rápido a obras públicas como el Tren Maya, mientras ralentiza proyectos privados, afectando sectores clave como el turismo, la minería y la construcción.
Tramo 5 del Tren Maya. Foto EE: Cuartoscuro
Bajo sus políticas de privilegiar a las obras insignias y discriminar las privadas, el gobierno federal tiene frenados 1,545 proyectos de inversión del sector inmobiliario, turismo, carretero, mineros, otros, ante la falta de resoluciones en trámites ambientales, refutó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Mientras a las obras de construcción impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, tales como el Tren Maya, les liberan los permisos hasta tres veces más rápido, los proyectos de la iniciativa privada se enfrentan a la burocracia y rezago, lo que pone en riesgo miles de empleos e inversiones.
El organismo privado acusó que es violatorio del T-MEC, ya que se discrimina a la IP para beneficiar a las empresas públicas.
La Coparmex ejemplificó que las obras insignia del Gobierno Federal como son el Tren Maya Tramo 5 Norte, la Ampliación de la línea 1 del Tren Suburbano Lechería-Jaltocán-AIFA, en Tultitlán, Estado de México y la Central Turbogas González Ortega en Mexicali, Baja California, tuvieron respuesta sobre sus permisos ambientales en 36, 55 y 49 días respectivamente.
En contraste, planes privados en Chihuahua, Sinaloa y Baja California Sur, acumulan, hasta mil 364 días sin resolutivo, es decir, el triple de tiempo.
El sector patronal del país advirtió que el retraso en el otorgamiento de licencias ambientales de aprovechamiento de agua y de cambios de uso de suelo que corresponden en su mayoría a desarrollos del sector turístico, inmobiliario, carretero, minero y de extracción en bancos de materiales, produce un impacto negativo en la generación de empleos e implica desaprovechar el atractivo de México para el nearshoring.
Por ello, pidió a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) que agilice la resolución de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y otros permisos, actualmente detenidos, pues recordó que la Ley General para la Protección y el Equilibrio Ecológico y la Protección Ambiental (LGEEPA) prevé un periodo de 60 días hábiles para que la autoridad emita su resolución.
Sin embargo, se quejó de que en promedio los resolutivos a privados tardan 199 días, un tiempo mucho mayor al que establece la norma y al que demoran los del sector público, que son liberados en un lapso de entre 36 y 55 días, lo que denota un trato desigual entre los solicitantes que es discriminatorio y que podría ser causa de violación al T-MEC por favorecer a los proyectos públicos sobre los de los particulares.
La Coparmex reconoció la importancia de contar con mecanismos de atención y prevención de potenciales daños ambientales; pero consideró fundamental que los proyectos que cumplen con los requerimientos que marca la ley, puedan desarrollarse de manera oportuna para minimizar las afectaciones en sectores clave como son el turístico, el minero y el inmobiliario
“Sabemos de la importancia de contar con una MIA, que acompañada de otros instrumentos, permite prevenir daños a los recursos naturales a través de la identificación de mecanismos de atenuación, mitigación y compensación del posible impacto; por lo cual, instamos a la autoridad a responder de manera más ágil a este trámite en beneficio del medio ambiente y del desarrollo de programas en armonía con su entorno”, señaló el organismo privado.
