Preocupa implementación de reforma laboral a órgano de supervisión del T-MEC

La Junta Independiente de Expertos Laborales de México entregó este 15 de diciembre al gobierno entrante de Joe Biden el primer reporte sobre los avances de la reforma laboral, que entró en vigor en mayo de 2019 y los desafíos que significan aspectos como el cumplimiento de los derechos laborales, pues “hay preocupaciones serias”.

La Junta Independiente de Expertos Laborales de México tiene 10 integrantes; cuatro nombrados por los sindicatos, cuatro por legisladores demócratas en el Congreso de los Estados Unidos y dos nombrados por los republicanos (aún pueden nombrar a dos más).

Ben Davis, director de asuntos internacionales del sindicato United Steelworkers y presidente de la Junta Independiente, comentó a El Economista que el primer informe se entregó al Representante Comercial, al Secretario de Trabajo, y a los líderes de las Comisiones del Senado y la Cámara de Representantes responsables del tema de comercio; para que tengan un panorama sobre la reforma laboral de México.

Cabe señalar que en la Sección 731 de la Ley de Implementación del Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC) el Congreso de Estados Unidos estableció una Junta de Expertos Laborales de México (IMLEB), con el propósito de monitorear y evaluar la implementación de la reforma laboral y el cumplimiento de sus obligaciones.

La Junta proporciona este informe sobre los esfuerzos de México para implementar la reforma laboral, y la forma y grado en que las leyes se aplican y destacó que si bien la primera fase de implementación de las nuevas instituciones laborales, es decir el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, se retrasó hasta el 18 de noviembre de 2020 (debido a la pandemia de Covid-19), “la Junta ha identificado una serie de preocupaciones serias con proceso de aplicación de la ley laboral que creemos debe abordarse con prontitud”.

Parte de las dificultades que tienen identificadas son los “contratos de protección”, que se firman con sindicatos controlados por las empresas sin que los trabajadores conozcan su contenido, enfrentándose a bajos salarios.

Lo anterior, pone de manifiesto que “los trabajadores aún están lejos de poder elegir, de manera democrática, a su líder sindical, pues aún se mantiene intacto el sistema de protección de los contratos colectivos, aun cuando se tienen que legitimar antes del primer de mayo de 2023, y los trabajadores no puedan denunciar estos hechos”.

El reporte de 39 páginas también aborda el tema la subcontratación que desató un importante debate, pues “tiene un impacto directo en la capacidad de hacer cumplir la legislación laboral”; entre otras razones porque en sectores como el de autopartes se reportó en el 2014 que 24% de los trabajadores fueron subcontratados, mientras que en la industria aeroespacial en Tijuana ese porcentaje llega a 50%; “estas prácticas hacen que sea cada vez más difícil para los trabajadores determinar quién tiene responsabilidad por sus salarios, beneficios y condiciones de trabajo y en caso de violación de sus derechos”.

Otra dificultad observada es que, al iniciar operaciones con un mes de retraso el Centro Federal de Conciliación de Registro Laboral, “los nuevos contratos sólo se depositarán a medida que se negocien, lo que puede tardar dos años”, a pesar de ser un requisito para antes del primero de mayo de 2023.

Asimismo, revela que hay cerca de 559,969 contratos que deben legitimarse; de los cuales la STPS ha estimado que hasta el 85% pueden no ser legítimos y que solo el 10 o el 15% de los contratos existentes se aprobarán bajo las nuevas reglas. Mientras que los contratos de protección simplemente desaparecerán después de la fecha límite de mayo de 2023, pues no se llevarán a votación. “En cualquier caso, al ritmo actual no se alcanzaría la legitimación de hasta el 10% de los acuerdos existentes”.

Entre otros aspectos, los expertos sugieren que la nueva administración de Estados Unidos promueva una reorganización del calendario de implementación de la reforma laboral en los estados de la República Mexicana en donde aún deben ponerse en marcha los nuevos tribunales laborales y los centros de conciliación locales, de modo que el cronograma se alinee mejor con el Anexo 23-A (del T-MEC)

La Junta de Expertos Laborales de México, quienes están autorizados para determinar si México incumple los acuerdos en el marco del T-MEC –lo que podría desatar paneles laborales–, informó que en esta ocasión no emitirá una resolución de incumplimiento porque “las nuevas instituciones laborales -el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral- empezaron a operar hace menos de un mes, no obstante, listó varias recomendaciones.

Entre ellas: poner fin a la violencia contra los trabajadores, promover la transparencia de los contratos colectivos de trabajo y adelantar el cumplimiento de la reforma laboral en estados donde hay sectores económicos prioritarios para el T-MEC, como Tamaulipas y Nuevo León –para que los cambios queden listos en octubre del 2021.

Se exhortó a reformar el proceso de legitimación de contratos laborales para haya un cronograma por sectores, se garantice la supervisión gubernamental de las votaciones y se constituya un procedimiento seguro para que los trabajadores reporten irregularidades.

Finalmente, se menciona que Estados Unidos debe trabajar con México para construir un programa robusto de cooperación para fortalecer y expandir grupos de inspectores profesionales con la capacidad de identificar, reportar y sancionar violaciones a la libertad de asociación y negociación colectiva.

Tarea por hacer:

La Junta Independiente de Expertos Laborales de México hizo una serie de recomendaciones para la correcta implementación de la reforma laboral en nuestro país:

• Poner fin a la violencia contra los trabajadores
• Promover la transparencia de los contratos colectivos de trabajo
• Enfocar la implementación de la reforma en sectores prioritarios para el T-MEC
• Reformar el proceso de legitimación de contratos colectivos de trabajo
• Fortalecer la inspección laboral
• Incrementar y enfocar los fondos para fortalecer la capacidad de los trabajadores
• Mejorar la rendición de cuentas de los empleadores

pilar.martinez@eleconomista.mx