Presionan a eólicos para que bajen su oferta de energía

La Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE) aseguró que las nuevas reglas supuestamente emergentes, aunque sin temporalidad, para el despacho de energía fósil por encima de las renovables no tienen una lógica económica, no fomentan la competencia ni cumplen con la legislación vigente, sino que abren espacio para fuentes contaminantes, que vulneran el derecho al aire limpio en momentos en que se debería privilegiar el cuidado del sistema respiratorio de los mexicanos, además de que discriminan, porque ya iniciaron las advertencias para que generadores del istmo dejen de ofrecer energía a la red.

Julio Valle, director adjunto de la AMDEE, reveló a El Economista que desde hace dos días se ha solicitado a varias firmas eólicas del Istmo de Tehuantepec, por un lado, y a otras grandes fotovoltaicas que operan en varias entidades que no oferten energía al sistema o que reduzcan sus propuestas porque no serán aceptadas por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).

“Es una conducta ilegal y discriminatoria que ata de manos incluso al propio gestor del sistema, al Cenace, que en tiempos de potencial emergencia debería contar con todas las tecnologías disponibles en todo momento”, dijo.

La única falla atribuible a las fuentes eólica y fotovoltaica es lo que denominan intermitencia, que es variabilidad de la energía disponible en distintos momentos del recurso, y que en un sistema donde conviven muchas tecnologías permite que se complementen unas con otras todo el tiempo, lo que crea una matriz resiliente a cualquier impacto externo, aseguró.

“El que no puedan conectarse es una falla que más bien se atribuye a la falta de inversiones en la red de transmisión, lo que ocasiona que la energía no fluya de manera redundante en todo el país por falta de atención en este tema”, aseguró el experto.

Cabe recordar que las tarifas de media tensión en adelante cuentan con un cargo de transmisión y otro de distribución desde hace muchos años, por lo que se puede considerar que los recursos no han sido utilizados para estos fines, sino para otros gastos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el gobierno federal.

Uso de combustóleo

El representante empresarial explicó así que el Acuerdo para Garantizar la Eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y Seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, con motivo del reconocimiento de la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV-2 (Covid-19), publicado el 29 de abril por el Cenace y que privilegia la generación de plantas must run de arranque más acelerado porque queman combustibles, tales como las termoeléctricas convencionales a combustóleo de la CFE, y que además suspenden el otorgamiento de licencias para pruebas preoperativas de plantas fotovoltaicas y eólicas, sólo puede ser atribuible a la lógica del gobierno de que la CFE desplace a cualquier competidor, sin importar los costos que esto conlleve para sus clientes, a quienes se les debe transferir el mayor costo por el uso de tecnologías más caras, pero también está la necesidad de Petróleos Mexicanos (Pemex) de deshacerse del combustóleo residual de la refinación que utiliza algunos tanques de almacenamiento donde se podría introducir crudo o combustibles automotrices, estrategia necesaria en tiempos de bajos precios como el actual.

Por tanto, lo que estipula el acuerdo es materia de amparos que también podrán cimentarse en que el Cenace tomó atribuciones que no le corresponden y son facultad de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), por lo que en las próximas dos semanas comenzarán a llegar por todo el país, y no sólo por parte de las empresas eólicas y fotovoltaicas que estaban a punto de iniciar operaciones o se verán obligadas a reducir su despacho, sino de todas las generadoras privadas del país, porque, en un sistema donde se discrimina su oferta privilegiando la de la CFE, se vulneran sus derechos estipulados en las firmas de los contratos de interconexión que ya tienen con el Estado.

“Lo que estamos buscando es que cancelen la medida como está. Creemos que el Cenace tiene todas las facultades para operar en condiciones de emergencia, de hecho lo hace. No se puede utilizar el pretexto de la contingencia para dañar de forma tan grave a los participantes del sector de renovables”, dijo Julio Valle.

Finalmente, las empresas acudirán a la CRE para obtener una justificación técnica del regulador en la materia, que son los expertos en el tema, y puesto que el Cenace, que legalmente debería limitarse a gestionar la red, usurpó sus facultades, y también a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), porque la medida que adoptó el gobierno es un evidente perjuicio al marco legal vigente de los mercados en el país.

4T vs energías renovables:

• Tras haberse obtenido los precios más bajos a nivel global de generación renovable en la tercera subasta de adquisición de energía, potencia y Certificados de Energía Limpia para el largo plazo por parte de la CFE, al arranque de la presente administración se suspendió la cuarta subasta de este tipo ya en marcha.

• Con lo anterior, además de inhibirse la participación de generadores, se canceló el negocio de cinco posibles compradores inscritos que en conjunto comprarían alrededor de 20% de los requerimientos de la CFE para ese concurso en contratos bilaterales.

• La planeación para la transición energética anterior estaba cimentada en el robustecimiento de la capacidad de transmisión del país, por lo que tanto generadores en puntos remotos como consorcios con capacidad de instalar líneas de transmisión de corriente directa suspendieron sus expectativas tras la cancelación de la licitación de la conexión entre Oaxaca y el centro y la de Baja California con el resto del país.

• Gracias a cambios en reglamentos de menor jerarquía, como acuerdos generales, se buscó modificar las reglas de otorgamiento de Certificados de Energía Limpia y de las sociedades de autoabasto de energía, mercados vigentes al momento del anuncio de los cambios. Un juez de distrito otorgó la suspensión de estos nuevos lineamientos hasta la sentencia del juicio de amparo interpuesto por un afectado.

kgarcia@eleconomista.com.mx