¿Qué oportunidades y obstáculos presenta la licitación IFT-10 de espectro para servicios móviles?

México está por licitar 41 bloques de espectro en bandas de cobertura y capacidad, que funcionarían bien a los operadores para reforzar sus redes existentes de 4G y para pensar también con mayor definición en el despliegue de infraestructuras futuras. Se trata de diversos paquetes nacionales y regionales de 5, 10 y 20 MHz de frecuencias ubicadas en las bandas de 800 MHz, otras en 1.7/2.1 GHz (AWS), también en 1.9 GHz (PCS) y en 2.5 GHz, que, en algunos casos, fueron señales poco atractivas en procesos pasados o recuperadas de concesionarios que nunca pudieron explotarlas en servicios móviles inalámbricos. 

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ha iniciado la consulta pública del concurso licitatorio “IFT-10” para conocer la opinión de la industria respecto a los mecanismos y tiempos del nuevo proceso para subastar todos esos paquetes de espectro, que algunos en el sector califican de pedacería espectral o como el deshuesadero de frecuencias, aunque los bloques nacionales que se ofertarán en las bandas de AWS y PCS pueden mejorar todavía la velocidad de navegación para los usuarios de Telcel, Movistar y AT&T, como actuales tenedores de ese tipo de señales; de ahí que se perfila que estos bloques estarían entre los más factibles de colocarse en el mercado por el regulador sectorial.

A detalle, el IFT concursará 38 bloques en la banda de 800 MHz, divididos entre un gran bloque regional ubicado básicamente en los estados del norte de México y otros 37 bloques repartidos entre estados y municipios del resto del país, aquí a través de las llamadas Áreas Básicas de Servicio (ABS) que se crearon en tiempos de la extinta Cofetel. Después se encuentran los bloques nacionales, de 10 MHz cada uno, en las bandas de PCS y AWS; y posteriormente, diversos segmentos de 60 MHz que pertenecen a la banda de los 2.5 Gigahercios que cubren áreas geográficas más definidas en alrededor de 23 estados de la República, según el apéndice H del proyecto de subasta. 

Los criterios que estableció el regulador en la IFT-10 

La Licitación IFT-10 encontrará demasiados retos a lo largo de su camino desde noviembre de 2020 en que se prevé el arranque formal de este proceso y hasta junio de 2021, cuando los interesados presenten sus ofertas oficiales de compra, esto si el calendario del concurso se mantiene. Las obligaciones de cobertura, los costos por despliegue, los pagos anuales de derechos por uso de bandas y los niveles ingresos por usuario en el año de la pandemia, pueden complicar las intenciones de los operadores para este concurso.

A la industria le agrada poco que para otorgar estos paquetes de bandas radioeléctricas, los operadores ganadores de las frecuencias tengan que desplegar redes con tecnología 4G o superiores en dos años en regiones con escaso mercado o población, pero históricamente desatendidas por la misma industria y el gobierno.

Chiapas, Campeche, Michoacán, Guerrero, Veracruz, Tabasco, San Luis Potosí, Guerrero, Puebla y Oaxaca están entre esos estados con localidades forzosas a cubrir. Cuando la Licitación IFT-7 de espectro en 2.5 GHz del año 2018, la autoridad solicitó brindar cobertura con tecnología 3G o superior en varias de esas áreas geográficas. 

Los ganadores también deberán llevar red desde la banda de 2.5 a 52 localidades de entre 1,000 y 5,000 habitantes de seis estados que nunca han tenido un servicio móvil.

Aparte se cuentan las obligaciones de cobertura para diversos tramos carreteros de Chihuahua, Baja California Sur, Campeche y Tabasco, y mejoramiento además de la cobertura de red para seis zonas metropolitanas que son Aguascalientes, Ciudad Juárez, Guadalajara, La Laguna, Monterrey y Tijuana.

En un primer concurso de este proceso, el límite de acumulación de espectro será del 30% y del 35% en una segunda ronda, como manera de prevenir concentraciones indebidas.

El IFT ofrece beneficios para los interesados: 30% de incentivos para nuevo competidor en el sector y 20% para aquellos que cuenten con una tenencia espectral menor al 15% de todo el espectro disponible para servicios inalámbricos en México, lo que se traduciría como una invitación para operadores extranjeros o para los operadores Altán Redes (13.40) y Movistar (8.30%) por su nivel actual de acumulación de frecuencias, pero siendo ésta la empresa que más ha ido retornando señales al Estado por su cara explotación en el país. 

De nuevo, el panorama económico por la Covid-19 y el siguiente concurso de espectro, ahora para frecuencias de servicios 5G, podrán a los operadores a pensar entre ir por trozos de banda que nadie quiso o pudo explotar años atrás, a mejor ahorrar y esperar a las subastas de 70 MHz de señales en la banda de los 600 MHz y otros tramos de 50 MHz en la banda de 3.5 GHz, que se prevé arranquen esos procesos hasta el segundo semestre del 2021.

“La subasta multibanda de los retazos de espectro disponible para 4G es interesante, principalmente para los jugadores establecidos que poseen espectro en las mismas bandas en cuestión, principalmente América Móvil y AT&T que pueden expandir sus tenencias actuales con mejores condiciones; en particular, si efectivamente se concreta (una licitación) contabilizando las inversiones a cambio del pago de derechos”, comentó Sebastián Cabello, consultor en telecomunicaciones y ex director de GSMA para América Latina.

“Más allá de los esfuerzos del IFT y los incentivos puestos, veo difícil que Altán u otras empresas quieren montar una nueva red con estas bandas. Si no están sobrados de dinero y optimistas respecto del crecimiento del mercado, sería más natural que se reserven para las futuras subastas de 5G”, dijo.

El espectro barato no compete sólo al IFT 

El regulador mexicano mantiene desde el año 2018 una atizada posición de colocar en el mercado bandas con una intención no recaudatoria, pero la Ley Federal de Derechos que define los criterios sobre pagos anuales de derechos por explotación de bandas radioeléctricas, es también asunto de otros órganos del gobierno federal. 

La Secretaría de Hacienda presentó al Congreso de la Unión en la tarde del martes, su propuesta de Paquete Económico 2021, en la que el Legislativo discutirá los ingresos y egresos del gobierno para el próximo año y allí observará, las definiciones sobre el particular de las bandas. 

Pero las esperanzas sobre modificar los criterios por pagos de derechos son pocas, ante la obviedad de que esta administración federal repudia a los órganos autónomos, porque la política pública del gobierno en cuanto transformación digital tampoco queda clara y cuando el mismo IFT buscará que se le respete su propuesta de presupuesto para el ejercicio de 2021, de 1,510 millones de pesos que fue aprobado por el pleno el 25 de agosto.

De no haber cambios en la Ley Federal de Derechos, la intención del regulador de querer cobrar menos dinero por usar las bandas se quedará otro año en el discurso.

La próxima licitación de bandas tendrá como antecedente más cercano en la materia, a la licitación de 2017-2018 en los 2.5 GHz (IFT-7) y los traspasos de 2020 entre operadores, aquellos de las frecuencias de 3.5GHz de Telmex y Axtel hacia Telcel que ocurrió durante el primer semestre. No está muy claro todavía cómo el traspaso de bandas de Axtel a Telcel repercutió en los criterios para el proyecto de la IFT-10. En su oportunidad, la IFT-7 reportó ofertas por 2,100 millones de pesos; 350 millones de pesos por cada bloque nacional de 20 MHz. 

En el marco latinoamericano, Chile y Brasil avanzan en sus propios procesos para licitar bandas para próximos servicios de quinta generación (5G), cuando México intenta colocar bloques no usados tiempo atrás. El IFT ha manifestado que si es de interés de los operadores ofrecer productos 5G en el país, ellos ya cuentan con bandas para explotarse con esa tecnología, como los tramos de 50 MHz en 3.5 GHz que Telcel y AT&T tienen cada uno. 

Hasta los últimos movimientos que hubo en México con cambios, traspasos y renuncias de bandas radioeléctricas, Telcel tiene el 43% de todo el espectro IMT disponible al mes de agosto de 2020; AT&T, un 35%; Movistar, otro 8.30%; y Altán, su 13.40 por ciento.

“Movistar y Altán evaluarán la posibilidad de competir por el espectro. Sin embargo, Movistar tiene una situación económica en la región bastante complicada, pues ya había anunciado su salida y las acciones del grupo han llegado a su valor histórico más bajo. Altán tiene un plan de inversiones y despliegue bastante comprometido para atender zonas sin acceso y posee en bloque nacional la banda de 700 MHz, una mejor alternativa a las bandas a licitar", planteó Gerardo Mantilla, analista en Artifex Consulting.

"AT&T ha anunciado la venta de DirecTV Latinoamérica, por lo que seguramente estará revisando su plan de inversiones en la región. Millicom International (Tigo) rechazó la compra de Telefónica en Costa Rica, debido a la presión financiera generada por la pandemia. Quizás prefiera concentrarse en los mercados donde ya tienen presencia, como en Colombia donde asumió importantes compromisos en la licitación de espectro del 2019".

El estado de la economía puede desanimar a los tiradores 

La economía mexicana tampoco promete buenos datos en lo que resta del 2020, como para que la industria apueste fuerte a la IFT-10. Ya en los primeros meses del 2020, la pandemia de coronavirus tiró la inversión de la industria a cifras de doble dígito. 

Y en la quiniela por cuánto cae el PIB de México en el año por causa de la pandemia persiste, pero se barajan más cifras entre 7.5 y 12.9%, según distintas firmas financieras. El número mejor valorado es aquel del 9.9% en que se contraerá la economía nacional. Mientras, el Inegi informó en la mañana del martes que la actividad industrial cayó 30.6% en 31 de los 32 estados del país durante mayo pasado. Por la tarde, el gobierno dijo al poder Legislativo, durante la entrega del Paquete Económico 2021, que la economía mexicana, en un rebote, crecería 4.6% en ese año.

Rodrigo Ramírez Pino, presidente de la Cámara Chilena de Infraestructura Digital, sostiene que la coyuntura actual, principalmente económica y social, en la región latinoamericana obliga a gobiernos e industria a pensar en una política pública con predominio de las “8 C”: conectividad, cobertura, calidad, competencia, convergencia, ciudadanía, capacidad y ciberseguridad.

Por todo ello, México, sus autoridades, debiera ir con un modelo de licitación de estas bandas orientado a mejorar la calidad de vida de las personas, y en lo que toca a la industria, a planear con precisión los despliegues, porque “no están los tiempos para letras chiquitas”.

Ramírez Pino recuerda que para la banda 700 MHz se necesita una radiobase cada 12 kilómetros; 16 radiobases en la banda 2.5 GHz por cada tres kilómetros y sobre 3.5 GHz, se requiere instalar una red de small cells distribuidas cada 100 metros.

Las redes móviles son determinantes para las políticas públicas que buscan conectar a los desconectados, que son quienes ahora mismo experimentan la desigualdad y por eso necesitan un doble esfuerzo de los Estados, aquí, a través de mecanismos de colocación de espectro que pueda ser prontamente aprovechado por la industria. 

“Para abordar los desafíos constantes y estructurales por una mayor demanda con conectividad y acceso a internet, lo mínimo básico es disponer de más espectro y estimular la inversión en mayor infraestructura digital, fija y móvil, porque hoy en América Latina se ha instalado que Internet sea un servicio público esencial, porque durante la pandemia ha sostenido la vida social y económica”, escribió Ramírez Pino.

“México debe poner sobre la mesa un nuevo modelo de subasta que le asegure a la población que la política pública tiene en el centro de su orientación mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y para ello debe operar nuevos formatos que sean viables y atractivos para la empresa. Lo que debe considerar no es el espectro por el espectro, sino que quién presenta el mejor proyecto técnico, tales como cobertura, recursos financieros, experiencia en la industria, tecnología y planes de implementación”.