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Reportan violaciones a DH por obras del Interoceánico
Un total de 23 organizaciones de la sociedad civil, que conformaron una Misión Civil de Observación, en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, documentaron violaciones a los derechos humanos y agresiones contra personas y comunidades defensoras, relacionadas con el megaproyecto federal denominado como Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
El Corredor Interoceánico, según autoridades, busca conectar el Golfo de México y el Pacífico y con ello aumentar el desarrollo. Foto: Cuartoscuro
Un total de 23 organizaciones de la sociedad civil, que conformaron una Misión Civil de Observación, en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, documentaron violaciones a los derechos humanos y agresiones contra personas y comunidades defensoras, relacionadas con el megaproyecto federal denominado como Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
La investigación, que tuvo una duración de tres días en la zona, visitó diversos puntos.
Las ONG indicaron que entre los hallazgos se encuentran que en el Campamento Tierra y Libertad, en Mogoñé, Oaxaca, hubo agresiones y criminalización contra personas defensoras que se resisten al megaproyecto, a cargo del Ejército.
En Polo de Desarrollo, en Santa María Mixtequilla, Oaxaca, se registraron intimidaciones, realizadas por elementos de la Guardia Nacional, contra la Asamblea Comunitaria y diversos casos de represión en contra de personas que mostraron resistencia al proyecto.
En Santa Cruz Tagolaba, Tehuantepec, Oaxaca, las ONG documentaron eventos de agresiones físicas, despojo, ocupación ilegal de tierras y desplazamientos forzados en contra de comuneros y comuneras; esto a causa de la especulación provocada por el proyecto al encontrarse en un punto estratégico.
Las 23 organizaciones firmantes, entre las que se encuentra Artículo 19, Espacio OSC, Red TDT, entre otras, señalaron que, entre las autoridades responsables de las citadas violaciones, destacan la Guardia Nacional, la Marina, el Ejército, la policía estatal, la Secretaría de Comunicaciones federal; autoridades municipales, la Procuraduría Agraria, así como diversas empresas, grupos armados y caciques locales.
