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Sancionan en Colombia a Banco Falabella y Rappi por más de 200,000 dólares
Con respecto a Rappi, la SIC decidió sancionarla con base en la queja de un ciudadano que le solicitó a la empresa que dejara de usar su información y que no le enviara correos electrónicos o mensajes de datos para fines comerciales o de marketing. La compañía no atendió debidamente las solicitudes.
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) colombiana informó su decisión de sancionar al Banco Falabella y Rappi con multas de 496 millones de pesos (148,695 dólares) y 298 millones de pesos (89,337 dólares), respectivamente. Esto debido a diferentes incumplimientos relacionados con la ley de protección de datos.
En el caso del Banco Falabella, la decisión se tomó con ocasión de la queja de un ciudadano que presentó a la compañía ocho peticiones para que eliminara su número telefónico de su base de datos y dejara de enviarle mensajes con fines de prospección comercial, solicitud desatendida por esa compañía.
Con respecto a Rappi, la SIC decidió sancionarla con base en la queja de un ciudadano que le solicitó a la empresa que dejara de usar su información y que no le enviara correos electrónicos o mensajes de datos para fines comerciales o de marketing. La compañía no atendió debidamente las solicitudes.
Frente a cada caso, la SIC ordenó al Banco Falabella adoptar medidas “efectivas, apropiadas y verificables” en un plazo de dos meses para suprimir los datos personales de quienes lo soliciten, y responder las consultas y reclamos de manera oportuna.
Asimismo, pidió poner a disposición de los usuarios diferentes mecanismos de acceso para hacer solicitudes de supresión de datos, así como implementar mecanismos de monitoreo y auditorías para comprobar la aplicación de estas medidas.
En cuanto a Rappi, la entidad le otorgó tres meses para abstenerse de entablar comunicación con titulares que no hayan autorizado dicha acción de manera explícita, así como establecer la identidad de las personas cuyos datos sean recolectados por la empresa.
A su vez, ordenó suprimir de manera definitiva los datos de quienes lo soliciten, conservar pruebas de autorizaciones previas e implementar mecanismos de monitoreo constantes frente a la efectividad de dichas medidas.