Sedatu pone fin a conflicto agrario de 28 años en Hidalgo

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) informó luego de 28 años de diferencias por la tierra se puso fin al conflicto social entre dos ejidos del Valle del Mezquital, El Botho, en el municipio de Cardonal, y Rosario Capula, en el municipio de Ixmiquilpan, en el estado de Hidalgo.

El titular de la dependencia, Jorge Carlos Ramírez Marín, atestiguó el convenio de finiquito del conflicto social, junto con representantes de las organizaciones Central Campesina Cardenista (CCC) y la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA).

En el encuentro también participaron el magistrado presidente del Tribunal Superior Agrario, Marco Vinicio Martínez, y el gobernador de Hidalgo, José Francisco Olvera Ruiz.

Durante dicha firma, de acuerdo con un comunicado, Ramírez Marín exhortó a las organizaciones a producir la tierra en paz social y subrayó que la negociación llegó a buenos términos toda vez que las organizaciones antepusieron el interés colectivo al personal .

En ese sentido, expuso que es mejor eliminar conflictos, pues así tanto el gobierno federal como los estatales se encuentran en condiciones de apoyar con programas productivos al campo mexicano.

El objetivo es alcanzar soluciones de buena fe y que no siempre se recurra a la vía económica, porque los conflictos prefabricados sólo consumen el presupuesto que debiera destinarse a los verdaderos problemas, sostuvo.

El titular de la Sedatu reconoció que falta mucho por hacer, ya que la dependencia tiene inscritos 487 casos en el programa de Conflictos Sociales en el Medio Rural (Cosomer), mecanismo que sirve para encontrar soluciones.

El magistrado presidente del Tribunal Superior Agrario expuso a su vez que han logrado unas 10,000 conciliaciones en los tribunales y que la vía de solución no implica ganadores ni perdedores.

Con el acuerdo alcanzado, la CCC podrá producir a partir de ahora en las tierras de ambos ejidos, El Botho y Rosario Capula, toda vez que los integrantes de la UNTA cedieron sus derechos mediante la recepción de un finiquito de 19 millones de pesos, que fue pagado por el gobierno federal.

nlb