Lectura 5:00 min
Senado aprueba último paquete de leyes energéticas
El cuarto y último paquete de leyes secundarias de la reforma energética fue aprobado en lo general en la Cámara de Senadores con 90 votos a favor y 27 en contra.
México.- El pleno de la Cámara de Senadores aprobó en lo general con 90 votos a favor y 27 en contra, el último paquete de leyes secundarias en materias hacendaria y presupuestal relacionadas con la reforma energética.
Los senadores avalaron este cuarto paquete que contiene reformas, adiciones y derogaciones a diversas disposiciones de las leyes Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y General de Deuda Pública.
El debate en lo particular seguirá para presentar unas 30 reservas que se agruparán en tres rubros que son Autonomía sindical y derecho de los Trabajadores; Utilización de los Ingresos Petroleros y Política de subsidios de tarifas eléctricas.
En caso de algún cambio, el texto regresaría a la Cámara de Diputados para su visto bueno. Pero si concluye sin modificaciones el Congreso habrá completado el proceso legislativo de la reforma energética, el proyecto bandera de la presidencia de Enrique Peña Nieto (2012-2018).
Este último dictamen energético reforma la ley federal de responsabilidad hacendaria y de deuda pública y ha levantado polémica porque plantea la posibilidad de que el gobierno asuma parte de la abultada deuda de las grandes empresas estatales energéticas, Pemex y Comisión Federal de Electricidad (CFE), bajo ciertos requisitos.
"El pueblo de México ya ha pagado demasiado. No le cargue más deudas que son causa de ustedes, de pésimas administraciones", reclamó durante el debate la senadora Dolores Padierna, del PRD (Partido de la Revolución Democrática).
La reforma energética, a la que se oponen la izquierda mexicana y conocidas personalidades como el cineasta Alfonso Cuarón ('Gravedad'), acabará con más de 75 años de monopolio del gigante estatal Pemex en la exploración y producción de petróleo y gas.
La reforma permitirá la competencia de empresas privadas, tanto nacionales como extranjeras, en el decaído sector de los hidrocarburos, clave para las finanzas públicas mexicanas.
La reforma constitucional en materia energética fue aprobada por el Senado el pasado diciembre con el apoyo del PRI (Partido Revolucionario Institucional) y del PAN (Partido Acción Nacional), con la férrea oposición del PRD, que impulsa una consulta popular para derogar la legislación.
Atracción de inversiones
Desde el inicio de su discusión en el Congreso el 17 de julio, el paquete original del reglamento ha sufrido varias modificaciones pero ha mantenido las líneas maestras del proyecto de Peña Nieto.
El gobierno aspira a reimpulsar la producción petrolera -que cayó de los 3.4 millones de barriles diarios extraídos en 2004 a los actuales 2.47- así como a modernizar a Petróleos Mexicanos (Pemex) y rebajar la carga fiscal que soporta.
En la actualidad, Pemex aporta más de un tercio de los ingresos públicos de México, la segunda economía de América latina, y viene registrando fuertes pérdidas desde el año pasado. Tan solo en el segundo trimestre de 2014, la compañía perdió 4,000 millones de dólares.
"México no puede permanecer igual. México tiene que cambiar para combatir la pobreza y la desigualdad: por eso queremos aumentar la renta petrolera de lo que es nuestro con varios participantes que, en competencia, eviten las tragedias de corrupción que nosotros mismos hemos pagado", afirmó David Penchyna, del PRI.
A pesar de la competencia que afrontará, Pemex tendrá prioridad en la asignación de proyectos estratégicas y pasará a tener una mayor autonomía de gestión.
La reforma liberalizará en 2017 la propiedad de gasolineras en México -hasta ahora todas son de la marca Pemex- y el precio de la gasolina a partir de 2018.
También permitirá la participación de la iniciativa privada en la industria eléctrica, hasta ahora monopolizada por la CFE.
El gobierno de Peña Nieto asegura que la reforma atraerá millonarias inversiones y promoverá la llegada de nuevas tecnologías para acceder al crudo de las aguas profundas del Golfo de México.
Entre otros beneficios, el ejecutivo prevé una reducción de las tarifas de gas y electricidad en un plazo de dos años, la generación de unos 500,000 empleos y el aumento de la producción petrolera a tres millones de barriles diarios en 2018.
Los opositores a la reforma temen que la competencia que introduce en el sector derive en una privatización de buena parte de la renta petrolera de México, un país con alrededor de la mitad de sus 118 millones de habitantes en la pobreza.
"Nuestro querido México se convierte cada vez más en el mesón en donde los comensales extranjeros puedan gozar sin límites y casi gratuitamente de nuestros recursos energéticos", subrayó Fernando Mayans, del PRD.
El petróleo es considerado como un símbolo de la soberanía del país desde la expropiación de esa industria decretada en 1938 por el entonces presidente Lázaro Cárdenas.
Con información de Reuters
mfh/mac
