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Senado legaliza trabajo de jóvenes menores de edad en el campo
El cambio legal abre vía para el desempeño en actividades lícitas, afirmó el senador Ricardo Monreal.
El pleno de la Cámara de Senadores aprobó reformas a la Ley Federal del Trabajo para legalizar el empleo de los jóvenes de entre 15 y 18 años en actividades agropecuarias de bajo riesgo e incluir un nuevo capítulo en materia de derechos laborales de las personas con discapacidad.
Por unanimidad, los senadores adicionaron el artículo 176 que establece: “Para los efectos del trabajo de los menores, además de lo que dispongan las leyes, reglamentos y normas aplicables, se considerarán como labores peligrosas o insalubres’’ aquellas “que impliquen exposición a labores agrícolas, forestales, de aserrado, silvícolas, de caza y pesca’’, que incluyan “el uso de químicos, manejo de maquinaria, vehículos pesados, y los que determine la autoridad competente;’’
Desde la tribuna, el senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (JCP) de la Cámara alta y coordinador del grupo parlamentario del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), calificó el cambio legal como de “gran importancia’’ porque beneficiará a los adolescentes y permitirá atender una serie de factores sociales que inciden en el futuro de dicho sector social.
“Una reforma que, por sus consecuencias y efectos, permitirá alejarlos de la tentación de sumarse a las actividades ilícitas en las que son fácilmente capturados por las organizaciones criminales y les permitirá integrarse a una actividad laboral digna, con gran influencia familiar’’. El decreto fue remitido al Ejecutivo federal para su eventual promulgación y vigencia.
Los cambios al artículo 132 de la referida ley para remover las barreras que impiden la participación laboral de las personas con discapacidad e incluir un nuevo capítulo en la materia, tendrán aún que ser revisados por los diputados.
La minuta remitida a la Cámara baja establece la obligación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que, en coordinación con las autoridades de trabajo en las entidades federativas, desarrolle programas dirigidos a promover políticas públicas, el acceso a bolsas de trabajo y fomentar la inclusión laboral de las personas con discapacidad.
