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Sentencia de la Corte pondrá a prueba el modelo energético: expertos
La CFE pondrá a prueba la viabilidad de las inversiones realizadas en sus plantas de combustibles fósiles, señalan.
La reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que centralmente beneficiaba a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el mercado de generación eléctrica quedó ya sin posibilidades de implementarse, tras la sentencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte a favor de seis particulares. Ahora, la empresa estatal y el gobierno federal enfrentarán la viabilidad de las inversiones realizadas en sus plantas a base de combustibles fósiles.
Así lo consideraron especialistas en materia jurídica y mercados energéticos, para quienes mientras México se libra de una discusión internacional en materia eléctrica, dentro de los páneles del Tratado de Libre Comercio, aun quedan recursos administrativos, locales y de facto para que continúe la animadversión a la competencia con la que se ha manejado la actual administración.
Gonzalo Monroy, consultor del despacho GMEC explicó a El Economista que una vez que ya quedó definido de manera permanente que la Ley se sostiene en los mismos términos que tenía antes de la aprobación a los cambios derl 2021, el Cenace como gestor, aunque sea parte de la CFE, y la propia estatal para su uso en la distribución tienen la obligación de adquirir la energía más barata que desde su ejecución proviene de las plantas que se construyeron tras la competencia en subastas, mismas que han tenido retrasos en su construcción por falta de permisos, pero que conforme se pongan en marcha, dejarán fuera a las plantas que prefirió construir o comprar la CFE y que son ciclos combinados más caros.
“Ahora sí se van a enfrentar a la realidad, sólo por poner un ejemplo, están los seis ciclos combinados que fueron lo único que logró salir en este sexenio. También Puerto Peñasco, la solar de Sonora de la que no conocemos su costo beneficio, y es lo que tiene la CFE, no es competitivo, y por ley tiene que competir contra plantas que en su momento rompieron récords por sus bajos costos a largo plazo, renovables, sin la volatilidad de los combustibles”, puntualizó el experto.
De cualquier forma, el mero hecho de que la Corte haya sentenciado ahora a favor de las empresas y deslindándose del Ejecutivo es una buena noticia, ya que además fue un amparo con efectos generales que concierne a todos los participantes del mercado para que ninguno esté sobre otro, en competencia legítima, al menos de derecho, aseguró.
Las consultas en materia eléctrica
Miriam Grunstein, abogada del sector energético, explicó a su vez que por lo menos en materia eléctrica se resuelve uno de los puntos más álgidos de las consultas que se llevarán a cabo rumbo a un panel de controversia Estado con Estado entre México y sus socios de Norteamérica, ya que la falta de competencia impediría la implementación fáctica del nuevo Tratado de Libre Comercio (T-MEC).
Sin embargo, queda pendiente lo relativo a los hidrocarburos puesto que el gobierno mantiene sus intenciones de reducir importaciones de gasolinas, o niveles de contaminantes, que seguirán en controversia los próximos meses.
“Todo indica que la resolución de la segunda sala viene a resolver varios puntos que se están discutiendo rumbo a los páneles del T-MEC. Ahora queda decidir en qué modelo quiere continuar el gobierno mexicano, si en uno jurídicamente fallido como el que ya intentaron por todas las vías o hasta queda la posibilidad de que mañana un presidente irritado decide presentar una reforma constitucional por efecto reflejo, para continuar postergando la competencia”, dijo Miriam Grunstein.
Y es que no sólo la Constitución, sobre la que ya no hubo aprobaciones para modificar la competencia, o la Ley secundaria rigen los actos de un sector, detalló, porque ésta depende también de una certidumbre jurídica que en los hechos ejecuta el regulador sectorial y todavía puede haber pánico administrativo, los requisitos para obtener permisos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) siguen siendo sumamente severos, si esto no cambia por la vía administrativa están paralizando el modelo de competencia, aunque sea el modelo legal, puntualizó la analista.