Altagracia Gómez ve reactivación de asociaciones público-privadas, pero renovadas

Revertir el rezago de México en materia de infraestructura pública requiere de capital privado, ya que el Estado “no puede solo”, pero los esquemas de inversión público-privada deben renovarse para que sean más transparentes y haya un mejor balance de riesgos y beneficios entre los participantes, afirmó la empresaria Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Consejo Asesor para el Desarrollo Regional y la Relocalización de Empresas del Gobierno de México.

“Debe haber una renovación del esquema de inversión público-privado en donde se compartan riesgos y beneficios. Que tengan una visión de largo plazo, administraciones independientes y máxima transparencia y publicidad”, dijo la tarde de este miércoles, durante un conversatorio en el marco del Mexico Drive Forward Summit, organizado por la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).

La empresaria, presidenta del Consejo de Administración de Promotora Empresarial de Occidente, recordó que, aunque México es la doceava economía del mundo, ocupa el sitio 57 en materia de competitividad logística de acuerdo con las mediciones del Foro Económico Mundial. “Tenemos mucho que mejorar, eso es clarísimo”, dijo.

Un día después de la celebración de la décimo cuarta edición del U.S.-Mexico CEO Dialogue en la Ciudad de México, en el que la presidenta Claudia Sheinbaum prometió al empresariado binacional motivar y proteger la inversión privada, Gómez Sierra recalcó ante empresarias y empresarios del sector automotor que para revertir el rezago en infraestructura logística se precisa el capital privado porque el presupuesto público es insuficiente.

“Tenemos que ver de dónde sacamos el dinero. Si en una proporción de uno a uno con el presupuesto público, o todo de particulares, o una combinación, pero tenemos que ver los esquemas”, afirmó.

Cabe recordar que durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador las asociaciones público-privadas fueron escasas.

A la vez, algunas de las ya existentes se renegociaron o de plano se revirtieron bajo el argumento de que se estructuraron en condiciones desventajosas para el Estado mexicano. Algunos ejemplos fueron los contratos para la construcción de gasoductos, construcción de cárceles, hospitales o trabajos de mantenimiento carretero.

Sobre el financiamiento de los proyectos, Altagracia Gómez Sierra apuntó a los recursos pensionarios que gestionan las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) como una posible fuente.

“Y la realidad es que (para fondear proyectos) por una parte tenemos que ver que las Afore tienen recursos equivalentes al 17% del PIB y para el 2030 se estima que tendrán 30 por ciento. Hay una oportunidad ahí para las Afore y decidirán si la toman. Es una oportunidad de traducir el ahorro en inversión”, dijo.

Y explicó que estos recursos pueden fluir, precisamente, en la medida en la que se estructuren esquemas de inversión que brinden certeza legal y seguridad para los inversionistas.

Recordó que un ejemplo de ello es el fideicomiso que constituyó el gobierno mexicano para la compra de 13 plantas de Iberdrola que, dijo fue recientemente premiado por cómo se estructuró la operación y a cuya capitalización contribuyeron las Afore.

“Les puedo decir que hay diversos esquemas que se han utilizado. Está el Fibra E de CFE, por ejemplo. Hay que ver cómo se puede aprender de esos esquemas, mejorarlos, renovarlos. Siempre de una forma que sea muy disciplinada con el déficit (fiscal), pero que también no sea risk taker, pero que sí nos permita avanzar varios pasos más en los próximos seis años”, comentó.